Yolanda Díaz presenta un requerimiento judicial a la Junta de Castilla y León para que reponga inmediatamente el Servicio Regional de Relaciones Laborales

La semana pasada, representantes de los sindicatos se desplazaron a la sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra (Suiza) para reclamar su intervención en este conflicto
Yolanda Díaz
Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

Yolanda Díaz ha presentado un requerimiento judicial -con fecha a 10 de marzo- para pedir a la Junta de Castilla y León que «reponga inmediatamente el Servicio Regional de Relaciones Laborales (SERLA)», cuya viabilidad está en cuestión por la falta de financiación pública de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, dirigida por Vox.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado este paso después de que hace unas semanas pidiera al Ejecutivo autonómico que mantuviera el apoyo a este servicio de mediación laboral prejudicial, sin financiación desde enero, lo que ha generado las críticas de los sindicatos UGT y CC.OO. hacia la Junta.

«Garantizar el diálogo social es ensanchar la democracia y lo defenderemos con todos los medios a nuestro alcance», ha advertido Díaz. Cabe resaltar que la semana pasada, representantes de los sindicatos se desplazaron a la sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra (Suiza) para reclamar su intervención en este conflicto, que los agentes económicos y sociales ven como una «muy grave e indeseable situación de incertidumbre jurídica».

Los interlocutores del organismo internacional compartieron con los sindicatos su «enorme preocupación por las consecuencias irreparables que tendría para la ciudadanía de Castilla y León la no continuación de la concertación social y cualquier cuestionamiento a los agentes del Diálogo Social».

Desde la presentación del proyecto de ley de Presupuestos de Castilla y León para 2023, los sindicatos han criticado la ausencia de financiación de un servicio de mediación laboral que consideran dentro de la normativa autonómica y que ha tenido el respaldo del Ejecutivo autonómico desde hace más de dos décadas.

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