El 10 de enero 2023, Élisabeth Borne, primera ministra francesa, presentó a la prensa y a los sindicatos el proyecto de ley sobre la reforma de las jubilaciones en Francia.
El ejecutivo francés no negoció ni concertó con los sindicatos franceses, sólo les informó de su proyecto, sin que los organizaciones sindicales tuvieran la posibilidad de explicar sus enmiendas ni reivindicaciones. El gobierno dijo que no había nada que negociar, que el proyecto no era modificable, y que la situación de la deuda de Francia, el 113,7% del PIB, no permitía ninguna alteración del mismo. Esa actitud del gobierno provocó la ira de todos los sindicatos y de toda la clase trabajadora. El artículo 7 del texto eleva la edad de jubilación de los 62 a los 64 años.
Además, los 64 años -como 62- sólo marca la posibilidad legal de solicitar la pensión. Con la reforma, para conseguir una pensión plena, quienes se incorporen en el mercado laboral a los 20 años, tendrán que cotizar 43 años; 43 años y 3 meses, los que comiencen a trabajar entre los 18 y 20 años; y 44 años quienes empiecen su vida laboral entre los 16 y 18 años.
Sabiendo que el 65% de los trabajadores y trabajadoras obtienen su primer empleo alrededor de los 23 años, y el 20% entre los 24 y 26 años, muchos de estos trabajadores y trabajadoras se verán obligados a alargar su vida laboral hasta los 69 ó 70 años para lograr una pensión completa.
Por todas estas razones, la clase trabajadora se levantó para rechazar ese proyecto de ley. Desde el 19 de enero, primer día de protesta, millones de trabajadores, estudiantes, hombres y mujeres recorren las calles de todas las ciudades francesas exigiendo al gobierno, y obviamente al presidente de la República que retire el proyecto de ley, sobre todo cuando todos los sondeos de opinión indican que el 93% de la población activa está en contra.
No solamente el gobierno no quiso retirar el texto, sino que aceleró su tramitación para que fuese adoptado de manera rápida, imponiendo en la Asamblea Nacional francesa un debate parlamentario de 20 días conforme al artículo 47-1 de la Constitución. La oposición no pudo presentar sus enmiendas. Un proyecto de ley de esa importancia requiere tiempo para que todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento puedan debatir con serenidad. El gobierno minimizó completamente la voz de los representantes del pueblo. Después el texto fue enviado al Senado, compuesto mayoritariamente por senadores de derechas y del partido de Macron, donde fue votado y aprobado.
Es en la Asamblea Nacional en donde el proyecto de ley se tiene que adoptar de manera definitiva. La primera ministra, siguiendo las instrucciones del presidente de la República, utilizó el articulo 49-3 de la Constitución francesa que permite adoptar un decreto ley sin voto del Parlamento. Dentro de 3 semanas, el Consejo Constitucional tiene que validar o invalidar este decreto ley.
Esa decisión sobre un texto tan importante que condiciona el futuro de los pensionistas franceses es percibida como un desaire que ofende a la soberanía del pueblo francés.
El jueves 23 de marzo, casi 4 millones de trabajadores se manifestaron en toda Francia. Fue la novena jornada de protestas y manifestaciones en todo el país. Esta vez Macron respondió con inusitada la violencia policial que sorprendió hasta a los medios de comunicación cercanos ideológicamente al gobierno. Algunos sindicatos piensan que se trata de una nueva estrategia para desacreditar la lucha de la clase trabajadora. Hasta entonces las protestas se habían caracterizado por su pacifismo como subrayaron los analistas de los movimientos sociales.
La lucha continúa, intentarán un referéndum
Tras el Decreto Ley del Gobierno para imponer su reforma y el fracaso de las dos mociones de censura propuestas en la Asamblea Nacional, la última carta que queda jugar a quienes se oponen a la ley es poner en marcha un Referéndum de Iniciativa Compartida (RIP, por sus siglas en francés) para obligar al Gobierno a consultar a los franceses sobre la reforma de las pensiones. La coalición de izquierdas Nupes lo solicitó ante el Consejo Constitucional.
Para solicitar el referéndum hay que presentar “proyecto de ley de referéndum” con el apoyo de una quinta parte de los parlamentarios, que ya lo tienen al contar con el respaldo de 252 parlamentarios y senadores. El proyecto de ley presentado consta de un solo artículo, que pretende fijar la edad máxima de jubilación en 62 años. Si el Consejo Constitucional da luz verde, tendrán 9 meses para conseguir la firma del 10% de la población, es decir, 4,87 millones de firmas. Si se obtienen las firmas, la Asamblea Nacional y el Senado tienen seis meses para examinar el nuevo proyecto de ley. Allí decidirán si se debate o se permite la celebración de un referéndum.
Mientras tanto, y aunque haya referéndum, la reforma de las pensiones, salvo sorpresas, habrá entrado en vigor. De completarse el proceso, se trataría de una primera vez: el mecanismo nunca ha tenido éxito hasta ahora, pero siempre puede haber una primera vez.
(*) PCE Exterior Francia
