Esta mañana el ministro de ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, presentó en el Congreso la reforma de las pensiones como un “cambio de paradigma”, que en lugar de recorte de los gastos supone un incremento de los ingresos. Resumió en tres puntos lo que esta ley representa: garantizar la suficiencia de las pensiones; reforzar su equidad y solidaridad; y robustecer su sostenibilidad.

Para conseguir esa sostenibilidad se separarán los gastos impropios que se cargan en la Seguridad Social y se incluyen medidas de refuerzo de los ingresos, como el incremento de la base máxima de cotización para los salarios más altos. Se consolida un mecanismo de equidad intergeneracional por la vía de obtener más ingresos, principalmente por parte de las empresas con el incremento de la cotización en un 0,6%, del cuál el empresario aportará, el 0,5% y el trabajador el 1% restante, lo que no ha sido de agrado de la patronal.

El Real Decreto-ley de “medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones”, fue convalidado con 179 votos del bloque de investidura: PSOE, Unidas Podemos, Más País, Compromís, PNV, ERC, EH Bildu y PDeCAT, entre otras. Al voto en contra del PP y Cs se sumaron los diputados de la CUP y BNG, sumando 106 votos, mientras Vox, con una intervención en contra, se abstuvo.

La modernización del sistema, según explicó el ministro, trae nuevos derechos sociales para la mayoría social de este país. De hecho, quienes más se beneficiarán son las personas jubiladas más desfavorecidas, fundamentalmente mujeres, que son las que han tenido una vida laboral en peores condiciones, con sueldos más bajos, en sectores más precarios, con interrupciones en su trayectoria profesional por motivos de cuidados, porque han tenido que trabajar en la economía sumergida o porque han trabajado toda su vida en labores de cuidados no remuneradas. La subida de las pensiones no contributivas y de las contributivas más inferiores ayudarán a combatir la feminización de la pobreza en las jubiladas. También habrá otras medidas para reducir la brecha de género en las interrupciones laborales por cuidados.

Otros de los pilares de la ley es una revalorización de las pensiones según el IPC que garantice el poder adquisitivo ahora y en el futuro. Entre otras mejoras, la reforma permitirá elegir entre el período de cómputo actual de 25 años o ampliarlo a 29 eliminando los dos años de peor cotización.  Los trabajadores por cuenta propia también se verán beneficiados, igual que los jóvenes en prácticas de formación, ya que ese tiempo se incluirá en el tiempo de cotización de su vida laboral.

El Secretario General del PCE, Enrique Santiago, aplaude la nueva reforma porque se “fortalece las pensiones públicas, acabando con el modelo de recortes habituales en la UE. Mejor financiación y pensiones más altas, al servicio de la clase trabajadora”.

Esta reforma de las pensiones, complementa a las tres anteriores materializadas en el Plan de Recuperación: la que revaloriza las pensiones con el IPC, la que modifica el Régimen de Trabajadores Autónomos (RETA) para que coticen por sus ingresos reales y la que impulsa los planes de pensiones de empleo.

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