De los 8.131 municipios que hay en España, 7.989 tienen menos de 20.000 habitantes. De 47 millones de habitantes que tiene el país, unos 14 millones viven en municipios de menos de 20.000, y de ese total, algo menos de 7 millones son mujeres.
La violencia de género en las zonas rurales alcanza una dimensión dramática y mucho más difícil de identificar y combatir .
En el último siglo, lo local y lo rural han tenido un papel secundario frente a lo urbano, subordinación y estereotipos que siguen arraigados en la forma de pensar y en la manera de vivir las distintas realidades.
La desigualdad territorial no es un fenómeno nuevo, ha venido sucediendo de forma continuada acelerándose ahora de los pueblos a las ciudades medias y de éstas a las grandes ciudades conectadas con los flujos de capital. También la falta de percepción de calidad de vida es un factor fundamental en el éxodo rural, principalmente de las mujeres.
Una visión androcéntrica de la historia, unos valores y una cultura patriarcal, que se agrava por el tamaño de las poblaciones y el aislamiento, hace que persistan de manera muy arraigada la desigualdad de género, los roles sexistas tradicionales, la discriminación y la violencia machista en el mundo rural.
En la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing, en 2007, surge la idea de celebrar el Día Mundial de la Mujer Rural, para destacar lo escasamente reconocida que ha sido la contribución de las mujeres rurales tanto a la seguridad alimentaria como al desarrollo del mundo rural. No debemos olvidar que a lo largo de la historia, como ha reconocido la FAO, las mujeres han jugado el papel crucial para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional colectiva y la gestión de la tierra, han sido protagonistas de las luchas por el acceso a la misma y su protección, en una sociedad capitalista y patriarcal que las ha invisibilizado e impedido que sean dueñas de su trabajo, de su casa, de sus vidas. También han sido depositarias de saberes relacionados con el conocimiento de la naturaleza, origen de la botánica y farmacopea actual, que desde una visión androcéntrica estableció estos conocimientos como peligrosos, llevando a la declaración de las mujeres como brujas, siendo perseguidas y quemadas en la hoguera.
La pertenencia a un entorno rural sigue condicionando la vida de las mujeres y su desarrollo; espacios familiares y núcleos reducidos con cambios más lentos y, donde dentro del sistema patriarcal las mujeres han estado sometidas de forma más resistente tanto en lo económico como en lo social y lo cultural.
La trampa de los valores culturales y los roles de género
La trampa de unos valores que se declaran como culturales, y que el capitalismo y el patriarcado han amparado al ser necesarios para su propia existencia, conllevan la violencia social que ejercen los roles de género.
La violencia de género es intrínseca al neoliberalismo y al patriarcado, pero su realidad es más persistente y asfixiante en el mundo rural, una violencia que ha conseguido que las propias mujeres se sientan muchas veces culpables ante sus anhelos de lucha para conquistar derechos e igualdad. Y ha sido el feminismo quien ha denunciado y llamado la atención sobre la ausencia de mujeres rurales en los espacios públicos y en la vida social.
El envejecimiento y la masculinización del mundo rural, son indicadores de las desigualdades de género que han favorecido la emigración de las mujeres hacia zonas urbanas.
El feminismo ha denunciado la ausencia de mujeres rurales en los espacios públicos y en la vida social
El mundo rural ha desarrollado siempre diversas funciones más allá de la de proveer de alimentos al mundo urbano, proporcionando todo tipo de servicios ecosistémicos desde la energía, el agua, mantenimiento del paisaje o de la biodiversidad hasta el ocio.
Muchas mujeres en el mundo rural ya no desempeñan papeles complementarios a los hombres, aunque es cierto que parte de las nuevas actividades a las que se incorporan suponen la rentabilización de “saberes” que han estado en la memoria de las mujeres. Siguen siendo las mantenedoras de servicios y elementos claves de la estructura social, ahora en el mercado laboral de forma precarizada. Existe, además, un veto cultural para el acceso a profesiones consideradas tradicionalmente masculinas y que tienen como norma general, mejores condiciones laborales y salariales.
Años de normalizar el maltrato como algo cotidiano, no sólo el maltratador convive en el domicilio, todo el entorno de las mujeres forma parte o bien de la red familiar del maltratador o de su propia red, donde a veces se la sigue cuestionando con el “algo harías” .
La última macroencuesta de violencia sobre la mujer, señala que mientras la media nacional para denunciar es de 8 años y 8 meses, en zonas rurales sube a más de 20 años. En mujeres de 46 a 65 años de edad, el tiempo es de 19 años, mientras que para mayores de 65 -el 54 % de la población en los pueblos más pequeños – la media está en 26 años. El 73% de las mujeres asesinadas por violencia de género vivían en poblaciones de menos de 10.000 habitantes.
El miedo a la reacción del agresor, el creer que podría resolverlo sola, o no reconocerse como víctima, son factores que impiden que las mujeres denuncien en el mundo rural de una manera más acusada.
La violencia económica y la dependencia del maltratador
La violencia económica se refleja de manera palmaria en las mujeres agricultoras y ganaderas, no tener la titularidad de la tierra ni de la explotación, aunque trabajen igual; marcharse del hogar supone también abandonar su medio de sustento, no haber cotizado las cierra el derecho a una pensión.
En España hay 945.024 explotaciones agrarias de las cuales menos de un tercio, 285.467, están registradas a nombre de mujeres; y tan sólo se han acogido a la titularidad compartida 721.
El progresivo desmantelamiento por la lógica mercantil capitalista de los servicios públicos sanitarios, educativos, transporte público, telecomunicaciones, cuidados en sentido amplio, afectan de manera importante a la vida de las mujeres, acentuando las desigualdades y la violencia de género. El papel de lo público y la planificación es un eje básico de transformación de este modelo depredador y expropiatorio de la tierra y la vida, a un modelo donde la soberanía alimentaria, la conservación de la biodiversidad, la mitigación del cambio climático, el modelo social y público de cuidados suponga la base de un modelo anticapitalista y antipatriarcal, un mundo rural vivible para las mujeres, lejos de postales bucólicas, pero con futuro.
HERRAMIENTAS
El propio Pacto de Estado contra las Violencias Machistas ha ido recogiendo en sus revisiones medidas en materia de violencia referidas al mundo rural, algunas son:
- Campañas de sensibilización, donde se tenga en cuenta la mayor incidencia de las violencias en las mujeres que viven en el ámbito rural y sus circunstancias específicas. Entre otras cosas, tienen un marcado desconocimiento de los derechos que les asisten.
- Campañas específicas y diseñadas para que las mujeres rurales se sientan identificadas.
- Incrementar la atención a las víctimas con un mayor número de centros de acogida y/o información, en coordinación con las comunidades autónomas.
- Impulsar las asociaciones de mujeres en el ámbito rural para ayudar a las víctimas.
Son medidas necesarias que si se implementan y se dotan de fondos, facilitan herramientas a las mujeres víctimas de violencia de género.
Pero hoy son insuficientes y muchas de ellas imposibles de implementar. La falta de cobertura telefónica y de internet, inexistente aún en algunos núcleos pequeños y aislados, y muy deficitaria en otras poblaciones; no disponer de consultorio médico para detectar las agresiones; el desmantelamiento del transporte público para poder desplazarte a un centro médico o al cuartel de la Guardia Civil donde denunciar, cuartel donde igual ese día les puede atender un familiar del agresor.
(*) Pilar González Fidalgo y Yolanda Rodríguez González son Responsable Mundo Rural IUCYL y Responsable feminismo IUCYL respectivamente.