Los eurodiputados de Izquierda Unida Sira Rego y Manu Pineda han puesto en marcha una amplia serie de iniciativas en Bruselas durante el mes de marzo con el objetivo de defender los derechos de los trabajadores migrantes en Huelva y Almería; a los pescadores de la Bahía de Cádiz; la gestión del agua en Andalucía; y de alertar sobre el peligro medioambiental que suponen macroproyectos como la ampliación Norte del Puerto de Valencia o la conexión de las estaciones de esquí de Astún y Formigal a través de la Canal Roya en el Pirineo aragonés.
Desde el inicio de legislatura, Rego y Pineda han estado poniendo en marcha diferentes iniciativas parlamentarias tratando de conectar los conflictos que se están dando en el territorio español con las autoridades europeas y en el pasado mes de marzo algunas de esas iniciativas han empezado a cristalizar dando resultados muy positivos.
Un buen ejemplo de ello es el caso de los asentamientos de trabajadores y trabajadoras migrantes en Huelva y Almería. A través de una denuncia en la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, el coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, pudo exponer el abandono de los casi 10.000 temporeros que viven en condiciones infrahumanas en unos 180 asentamientos de chabolas por la dejación de funciones de la Junta de Andalucía y, además, de los ayuntamientos, que se niegan a empadronarlos pese a que muchas de esas familias llevan décadas trabajando y viviendo en España.
Gracias al apoyo de la delegación de Izquierda Unida en la Eurocámara, la comisión de Peticiones se ha comprometido a enviar una misión de verificación a los campamentos de trabajadores migrantes.
Otro ejemplo es el trabajo que se ha venido haciendo con la Mesa Social del Agua de Andalucía, una plataforma ciudadana contraria a la gestión hídrica que quiere imponer el presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, quien, con el apoyo de VOX, propone la legalización de los regadíos ilegales, poniendo en serio riesgo la viabilidad de parajes protegidos como Doñana. Varios representantes de la Mesa del Agua estuvieron en Bruselas reunidos con los responsables de las políticas de aguas de la Comisión Europea, quienes les transmitieron que tanto ellos como el Tribunal de Justicia de la UE están muy atentos a la situación y dispuestos a denunciar cualquier reforma de ese tipo.
Gracias al trabajo de IU, también acabará en la comisión de Peticiones de la Eurocámara el macroproyecto del Gobierno de Aragón para construir una telecabina que conecte las estaciones de esquí de Astún y Formigal. Esa infraestructura, que pretenden financiar con los fondos europeos de recuperación de la pandemia (Next Generation), amenaza de muerte un paraje natural de alto valor como es el valle de la Canal Roya, en el Pirineo aragonés. Miembros de la plataforma en defensa de las montañas de Aragón estuvieron en Bruselas, donde pudieron trabajar con la delegación de IU y con el responsable de Modelo Productivo y Ecologismo de IU Aragón, Jesús García Usón, en diferentes iniciativas políticas que irán viendo la luz en los próximo meses.
En marzo estuvieron también en el Parlamento Europeo cuatro representantes de la Comissió Ciutat-Port, una plataforma ciudadana que se opone a la ampliación del Puerto de Valencia. El proyecto, que cuenta con el visto bueno del Ministerio de Transición Ecológica supondrá la creación de una nueva terminal de contenedores en el puerto valenciano que duplicará el tráfico de mercancías en el mar. El plan, que vulnera numerosas directivas europeas y tiene un estudio obsoleto de impacto ambiental de hace 20 años, afecta a una superficie de 137 hectáreas y tendrá casi dos kilómetros nuevos de línea de atraque. Todo ello con un impacto brutal del medio por el que pueden desaparecer las playas del sur del puerto, dañar irreversiblemente la existencia futura de la Albufera de Valencia, contaminar el área metropolitana y sin apenas un impacto positivo sobre la economía del País Valencià.
Por último, representantes de la cofradía de pescadores de San Lúcar de Barrameda y la portavoz de IU en este municipio de la provincia de Cádiz, Carmen Álvarez, mantuvieron una reunión con el departamento de Pesca de la Comisión Europea, para tratar de encontrar una solución a las restricciones que la reciente directiva de Aguas Profundas está poniendo a la flota pesquera de la bahía de Cádiz.
