Otra Sanidad es posible

En nuestro país se tiene la impresión de que la sanidad pública y gratuita es un derecho natural que ha existido siempre y que nunca dejará de existir, pero esto dista mucho de ser realidad, ya que su origen es bastante reciente y fue el resultado de las luchas políticas que comenzaron en la II República con el intento de crear un Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE), propuesta de la UGT retomada por la ministra Feredica Monseny. Fue un intento frustrado por el golpe de Estado militar fascista que acabó con ese periodo democrático de la historia de España.

No es hasta el año 1942, en plena dictadura franquista , que se organiza el Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE), siguiendo el modelo de Bismarck de finales del siglo XIX en Alemania, modelo que dista mucho de nuestro actual Sistema Nacional de Salud (SNS), ya que únicamente incluía a los/as trabajadores/as y sus familias, que estaban obligados a afiliarse al mismo y pagar sus cuotas con las que se financiaba, siendo su objetivo únicamente asistencial, olvidando las actividades preventivas y de salud pública. Coexistía con otras dos estructuras sanitarias públicas: la Beneficencia, dependiente de las Diputaciones Provinciales, que era responsable de la asistencia sanitaria de los “pobres de solemnidad” que no cotizaban al SOE y no tenían los recursos suficientes para acceder a la sanidad privada; además de los Hospitales Clínicos, dependientes de las Facultades de Medicina, y por tanto del Ministerio de Educación. Estas tres redes sanitarias coexistían con la medicina privada, cuya estructura hospitalaria era en gran parte propiedad de la Iglesia Católica.

La inversión pública se desvía cada vez más a la colaboración público-privada mientras disminuye el gasto sanitario en los centros públicos

Con el fin de la dictadura franquista y tras la aprobación de la Constitución de 1978, se produjo por primera vez el reconocimiento de la salud como un derecho, aunque no llegara a tener la categoría de fundamental. Posteriormente, el primer gobierno socialista, con Ernest Lluch como ministro de Sanidad, aprobó en el año 1986 la Ley General de Sanidad (LGS) que creó el Sistema Nacional de Salud (SNS) que seguía el modelo del británico NHS, creado en 1948, y considerado una pieza clave del Estado del bienestar. En la aprobación de la LGS y la creación del SNS fue fundamental el papel que jugaron los sindicatos de clase (CCOO y UGT), la movilización ciudadana, tan activa en los años de la Transición, así como el movimiento asociativo en defensa de la sanidad pública.

El SNS ha contado desde su creación con el apoyo de la población y con gran prestigio internacional, ocupando un puesto de cabecera en el ranking internacional de eficacia y eficiencia. Tenía un carácter universal (cubrir a toda la población), equitativo (mismas prestaciones independientemente de clase social o territorio), redistributivo (gratuito en el momento de su uso, financiado por los Presupuestos Generales de Estado), eficiente (bajo costo y elevada efectividad), accesible (pues está basado en la atención primaria) y de calidad (por la formación de sus profesionales y el equipamiento de sus centros).

A pesar de sus cualidades el SNS ya desde sus comienzos arrastraba una serie de problemas: financiación insuficiente, incompleto desarrollo de la atención primaria, excesivo hospitalocentrismo, excesiva medicalización y consumo de fármacos, propio de nuestro modelo económico-social capitalista, basado en el consumo.

Y llegó el neoliberalismo

Con la llegada a nuestro país de las ideas neoliberales, iniciadas en los años 70 en EEUU y Gran Bretaña y trasladadas posteriormente a la Unión Europea, nuestro SNS ha ido sufriendo un deterioro en sus aspectos básicos:

– Se ha acentuado el problema de la insuficiente financiación, poniéndose en riesgo la sostenibilidad del sistema, agravado porque, mientras que ha disminuido el gasto sanitario en los centros públicos, la inversión pública en la llamada colaboración público-privada (modelo Alzira, conciertos, externalizaciones, etc) ha sufrido un aumento progresivo.

– Privatización de los recursos sanitarios, posibilitada por la ley 15/97 de nuevas formas de gestión del SNS, aprobada en el Parlamento Español con sólo el voto en contra de IU. Esa privatización se ha traducido en un trasvase de fondos públicos al sector privado que ha ido deteriorando progresivamente el SNS.

– Marginación y abandono de la atención primaria, debido a una insuficiente dotación presupuestaria que ha producido un deficit tanto a nivel de personal como de recursos materiales de la que debería ser el pilar fundamental del SNS.

– Crecimiento imparable del gasto farmacéutico, principalmente en medicamentos oncológicos así como para el tratamiento de enfermedades crónico degenerativas, fármacos en la mayoría de los casos de dudosa eficacia y que pueden poner en grave riesgo la supervivencia financiera del SNS, debido al modelo con el que se realiza la investigación biomédica, con financiación pública aunque son las grandes multinacionales farmacéuticas las que finalmente patentan los resultados de estas investigaciones, obteniendo así unos beneficios desmesurados.

– Medicalización de la salud y de la vida cotidiana, debido al modelo sanitario consumista capitalista que promueve el uso irracional de los servicios sanitarios y de los medicamentos (ansiolíticos, antidepresivos, etc) para tratar problemas causados por la precariedad laboral, la pobreza, la marginación social, etc.

Luego, la crisis del 2008 y los recortes

Todos estos problemas se acentuaron con la crisis económica del 2008 que provocó:

– Mayores recortes presupuestarios: entre el año 2009 y el 2018 hubo una reducción del gasto público sanitario de entre 15000 y 2100 millones de euros, lo que provocó reducción del personal sanitario (unas 25.000 personas en todo el Estado), cierre de servicios sanitarios, de camas hospitalarias, etc.

– Exclusión del derecho a la asistencia sanitaria de importantes colectivos: inmigrantes en situación administrativa irregular, jóvenes que no habían cotizado, etc., así como copagos a pensionistas, en prótesis y transporte sanitario, etc.

Todos estos recortes han ocasionado una importante desigualdad en el acceso a las prestaciones sanitarias y a los medicamentos que han afectado especialmente a la clase trabajadora. Así mismo se aprecian importantes diferencias en los presupuestos sanitarios por habitante entre las distintas comunidades autónomas, atentando contra la equidad interterritorial.

Todas estas dificultades han llevado al límite a nuestro SNS, empeorando la situación con la crisis sanitaria del COVID 19 que lo ha empujado al borde del colapso, con graves deficiencias de financiación, falta de personal, la atención primaria casi desmantelada y la salud mental y la salud pública bajo mínimos

Desmantelar los servicios públicos

Esta situación es consecuencia de una estrategia neoliberal desarrollada por los sucesivos gobiernos bajo las directrices de la UE y que tienen el claro objetivo de desmantelar los servicios públicos: educación, sanidad, servicios sociales, etc. y sustituirlos por un sistema privado, en concreto en Sanidad, siguiendo el modelo de EE.UU. basado en los seguros sanitarios privados, con las consecuencias que tendría este modelo:

– Aumento importante del gasto en salud en beneficio de las grandes multinacionales de seguros sanitarios y las grandes farmacéuticas.

– Imposibilidad de acceso al sistema sanitario de millones de personas que no pueden asumir los elevadísimos precios de las pólizas de estos seguros ni los gastos de medicinas básicas -como tratamientos de diabetes-, por su precio desorbitado, por lo que sólo ciertas élites tendrían acceso a los cuidados sanitarios.

– Como consecuencia de todo esto se produciría un deterioro de la salud de la clase trabajadora, pues el objetivo de la sanidad privada es conseguir beneficios no mejorar la salud de la población, esto llevaría a un aumento innecesario de pruebas diagnósticas y de intervenciones quirúrgicas, sobremedicación, etc, y al abandono de la atención primaria y de la medicina preventiva, y de la salud publica, ya que no dan beneficios económicos.

Los hechos lo demuestran: según datos de la OCDE el gasto sanitario en EEUU es tres veces mayor que el de España, aunque la esperanza de vida es de 4 años menos.

Desgraciadamente estas políticas neoliberales están consiguiendo sus objetivos, así vemos que los seguros privados de salud han crecido en nuestro país de forma espectacular, siendo la Comunidad de Madrid la que encabeza este crecimiento, comunidad en la que el deterioro de la sanidad pública ha sido mayor

Ante este grado de deterioro de los servicios públicos, la ciudadanía y los/las profesionales europeos están respondiendo con movilizaciones y huelgas (huelga de sanitarios en Reino Unido, de docentes en Portugal, por las pensiones en Francia, etc) y en nuestro país las movilizaciones en defensa de la sanidad pública está alcanzando récords históricos : manifestaciones masivas en Madrid, Galicia, Euskadi, Castilla León, etc., huelga de médicos/as de atención primaria y hospitalaria y de servicios de urgencias en la Comunidad de Madrid, etc.