Los trabajadores y las trabajadoras de la administración de justicia están protagonizando diversos actos reivindicativos que debido a la complejidad del sistema judicial es necesario analizarlo para poder comprender las diferentes movilizaciones que se están produciendo.
Letrados de la Administración de Justicia
Su huelga se ha extendido entre enero y marzo de este año y ha acabado con un acuerdo de incremento salarial de entre 430 y 450 euros brutos al mes. El Ministerio de Justicia cerró el acuerdo sin contar con sindicatos ni reunir a la mesa de negociación colectiva. Los efectos de la huelga han sido importantes ya que se han suspendido 360.000 juicios, hay 424.000 demandas pendientes de reparto y cerca de 1.300 millones de euros parados en las cuentas de consignaciones de los juzgados.
Funcionarios y funcionarias de los Cuerpos Generales de Justicia
Con reivindicaciones también salariales, el funcionariado de los cuerpos generales de Justicia iniciaron el pasado 17 de abril una huelga indefinida de tres horas diarias de paros, que, en su primer día, secundados por el 85% de los 45.000 funcionarios, según los sindicatos convocantes (entre los que están CCOO y UGT) y que han paralizado unas 700.000 actuaciones judiciales, viéndose afectadas decenas de miles de juicios. Demandan mejoras salariales tras las logradas por los Letrados de la Administración de Justicia y las justifican porque están realizando funciones más allá de las contempladas en la Ley Orgánica del Poder Judicial desde hace 20 años.
Jueces y Fiscales
Las asociaciones de jueces y fiscales más importantes han comunicado este lunes su intención de convocar una huelga indefinida de las Carreras Judicial y Fiscal a partir del día 16 de mayo. A través de un comunicado conjunto –rubricado por la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales–, han expuesto su preocupación por la falta de dotación suficiente de la administración de Justicia que afecta tanto a la calidad y rapidez de la respuesta judicial como a la salud de la judicatura y los miembros de la fiscalía.
De momento, la asociación Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales no se han sumado a la convocatoria, pese a que comparten el diagnóstico y las reclamaciones, porque quieren esperar a conocer el planteamiento del Ministerio de Hacienda en la reunión de la Mesa prevista para el 3 de mayo. Aunque no mencionan las palabras ‘incremento salarial’, ese es el objetivo de la convocatoria de huelga ya que jueces y fiscales no tienen subida salarial desde 2003, al margen de las últimas subidas por el IPC aplicadas a los empleados públicos. En 2010, en el contexto de la crisis económica, dicen tuvieron una reducción de capacidad adquisitiva de casi el 10% y un 5% en los complementos. Estas cifras de rebaja podrían constituir las reivindicaciones salariales de jueces y fiscales.
Necesidad de medidas ante el abandono de la Administración de Justicia
Parece imprescindible abordar con decisión medidas para acabar con el sistemático y persistente abandono de la Administración de Justicia que degrada la calidad de la respuesta institucional que, desde el sistema judicial, obtienen los ciudadanos que acuden a los Tribunales en busca de la tutela efectiva de sus derechos. Para eso de forma general es imprescindible dotarla de medios materiales y humanos y retribuirlos salarialmente de forma justa y adecuada.
Los Presupuestos Generales del Estado han mejorado en el ámbito de la dotación para Justicia en esta legislatura, los recursos siguen siendo insuficientes y eso tiene como consecuencia que las cargas de trabajo que tienen los tribunales y fiscalías son demasiado elevadas y afectan tanto a la calidad y rapidez de la respuesta judicial como a la salud de la judicatura y los miembros de la fiscalía. En 2022 se incrementó el presupuesto un 11,6% más que en 2021 y en 2023 se ha incrementado en 160 millones de euros, un 7,83 % más respecto a 2022.
El Ministerio de Justicia de Pilar Llop ha demostrado claramente inoperancia a la hora de abordar estas movilizaciones y las raíces y objetivos diferentes que las mismas tienen, pues el funcionariado de los Cuerpos Generales de Justicia y sus sindicatos tienen toda la razón del mundo en sus reivindicaciones porque el Ministerio de Justicia no ha convocado la mesa de negociación colectiva en un año y medio ni ha cumplido el compromiso legal de negociar con ellos las leyes de reforma de la justicia especialmente la deficiencia organizativa que tiene mucho que ver con la asignación de personal a los puestos de trabajo.
En la primera huelga que hicieron jueces y fiscales en 2009 se abrió el debate sobre el derecho a la huelga de los jueces, hoy consolidado. Si bien la carrera judicial tiene prohibida la sindicación, nada en la ley impide su derecho a la huelga. Pero es evidente que la huelga que han anunciado forma parte de la estrategia que lleva a cabo el PP para desgastar al Gobierno. No es más que una etapa más que comenzó con la negativa ilegal e inconstitucional a renovar el Consejo General del Poder Judicial que lleva casi cinco años con el mandato de sus vocales caducado y que ahora continúa con movilizaciones que tienen una base real (la justicia debe tener más medios) y que es aprovechada por la derecha para desgastar al gobierno de coalición. Por eso interesa la huelga justo en plena campaña electoral de las municipales y autonómicas y paralizar la justicia en este país.
