En noviembre de 2025, Washington publicó una nueva Estrategia de Seguridad Nacional. En el hemisferio occidental fijó cuatro objetivos: restaurar la preeminencia estadounidense, impedir el control extrarregional de activos estratégicos, asegurar cadenas críticas y orientar la región hacia empresas y recursos bajo control propio. El documento no detallaba todavía la ejecución. Pero el guion estaba escrito.
Venezuela concentraba petróleo, un destino industrial en las refinerías del Golfo y vínculos exteriores no subordinados a Washington. No solo por albergar la mayor reserva probada de crudo del planeta, sino porque su petróleo pesado encaja en una arquitectura de refino que Washington conoce desde hace décadas. Las refinerías del Golfo fueron diseñadas para procesarlo. La relación comercial existía. No fue Caracas quien la rompió. Fue Washington quien la bloqueó mediante sanciones a PDVSA, restricciones financieras y licencias administradas desde OFAC.
Si Estados Unidos quería volver a comprar petróleo venezolano, no necesitaba secuestrar a nadie. Bastaba con levantar sanciones, ampliar licencias y reabrir pagos. Tenía ya los instrumentos administrativos: sanciones, licencias y control financiero. Ya los usaba para cerrar o abrir actividad económica. El comercio podía normalizarse por vía administrativa, sin fuerza y sin secuestro. En enero de 2026 no se limitó a levantar sanciones. Secuestró a Nicolás Maduro y a Cilia Flores y los colocó bajo jurisdicción federal estadounidense. El dato ya no es el secuestro, conocido por todos. Lo decisivo es lo que produce después. Maduro y Flores dejan de ser solo secuestrados. Se convierten en rehenes de Estado.
Un secuestro puede parecer un episodio. Un rehén organiza el tiempo posterior. A partir de ahí, cualquier negociación sobre petróleo, licencias, pagos, inversión o apertura económica se desarrolla con dos rehenes sobre la mesa y la amenaza de la cadena perpetua al fondo. No se buscaba solo acceso al petróleo. Se buscaba el marco político en que ese acceso, la inversión y la soberanía misma iban a negociarse.
No hay traición donde hay rehenes. Llamar venta o tibieza a la cautela del gobierno venezolano exige fingir que la negociación es libre. No lo es. Se negocia con la jefatura del Estado secuestrada por la misma potencia que acababa de dejar por escrito que quería volver a mandar en el hemisferio y apartar a Rusia y China del acceso al petróleo, los puertos y los recursos estratégicos.
En 2025 Washington fijó el guion. En el primer trimestre de 2026 empezó a ejecutarlo. Venezuela no fue una excepción caribeña ni un episodio judicial aislado. Fue una de las escenas centrales de la retaguardia hemisférica. El secuestro no buscaba solo reordenar petróleo, sanciones y negociación. Buscaba sembrar la duda sobre la lealtad del liderazgo político para quebrar la unidad. No solo el petróleo. La unidad.
