Las fuerzas de seguridad del Estado liberaron en 2022 a 1.180 víctimas de redes de trata y de explotación sexual o laboral, entre ellas 26 menores de edad. Son algunos de los principales datos del Balance Estadístico 2018-2022 sobre Trata y Explotación de Seres Humanos en España del Ministerio del Interior publicado este lunes.
De las víctimas liberadas, 229 habían sido captadas por redes criminales de trata de seres humanos y otras 951 más son víctimas sometidas también a procesos de explotación sexual en entornos de prostitución o laboral con condiciones de restricción o violación de sus derechos, aunque en su caso no se ha podido demostrar que hubiesen llegado a esa situación por la intervención de una red organizada.
En total fueron 129 las víctimas liberadas de las redes de trata de seres humanos para su explotación sexual, cuatro de ellas menores de edad. El perfil mayoritario es el de mujeres de entre 23 y 27 años procedentes de Colombia, Paraguay y Venezuela. En el caso de las víctimas rescatadas de situaciones de explotación sexual, sin la concurrencia de redes de trata, el número se eleva a 435 (diez menores), mayoritariamente mujeres de 23 a 27 años originarias de Colombia, España y Rumanía.
Explotación laboral
Respecto a las actuaciones emprendidas contra las redes de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, las víctimas liberadas fueron 89, cuatro de ellas menores. En este caso, el perfil mayoritario de víctima es el hombre, de 28 a 32 años y natural de Marruecos, Ucrania o Rumanía.
Las víctimas rescatadas de situaciones de explotación laboral, pero sin la concurrencia de redes de trata de seres humanos, fueron 516, una de ellas menor de edad, y con un perfil similar: hombre de entre 23 a 27 años, procedente de Marruecos, Colombia o Senegal.
La acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado permitió desarticular 24 organizaciones criminales en el ámbito de la trata y explotación laboral, que culminaron con la detención de 260 personas. Como en el caso anterior, los dos cuerpos policiales realizaron 5.793 inspecciones administrativas en centros de trabajo, que permitieron la identificación de 15.711 trabajadores.
