El Gobierno de Cuba ha presentado su nuevo Informe sobre el Bloqueo, en el que cifra en 8.083,3 millones de dólares los perjuicios ocasionados por la política económica, comercial y financiera de Estados Unidos entre marzo de 2025 y febrero de 2026. La cantidad supone, según el documento cubano, un incremento del 7% respecto al periodo anterior y constituye un nuevo máximo en los daños anuales calculados por las autoridades de la isla.
El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, fue el encargado de presentar las conclusiones del informe ante la prensa nacional y extranjera. Durante su intervención, situó el impacto de las sanciones y restricciones estadounidenses en las condiciones materiales de vida de la población, especialmente en un contexto marcado por una grave crisis energética.
Según las cifras difundidas, los daños acumulados por el bloqueo ascienden ya a 178.700,5 millones de dólares a precios corrientes. Si se calcula teniendo en cuenta la evolución del precio del oro frente al dólar, la cifra acumulada se eleva hasta los 3,896 billones de dólares. El informe estima además que, sin el bloqueo, el PIB cubano a precios corrientes habría sido un 10,8% superior en 2025.
Uno de los principales focos de la denuncia cubana es el cerco sobre el suministro energético. El informe señala que, al cierre de mayo de 2026, el país disponía de 2,67 millones de toneladas menos de combustible de las previstas. El diagnóstico del sistema eléctrico identificaba asimismo alrededor de 1.400 megavatios de potencia disponible que no podían generar electricidad por falta de combustible. La generación mediante motores diésel habría funcionado al 18,5% de lo previsto, mientras que la correspondiente a motores de fuel se situó en el 14,5%.
Las consecuencias se trasladan directamente a los hogares y a servicios básicos como el abastecimiento de agua. Las autoridades cubanas sostienen que los cortes eléctricos dificultan el funcionamiento de los sistemas de bombeo y que los grupos electrógenos destinados a mantenerlos operativos también dependen de combustible cuya importación se ve afectada por las restricciones estadounidenses.
La sanidad ocupa otro de los apartados centrales del informe. El Gobierno cubano vincula la escasez energética y las dificultades para importar equipamiento, medicamentos y materias primas con el deterioro de la atención sanitaria. Entre los datos aportados figura una lista de espera quirúrgica de alrededor de 100.000 pacientes, incluidos 12.000 niños, además de dificultades para garantizar los tratamientos de 2.888 personas dependientes de hemodiálisis. El documento también afirma que más del 95% del equipamiento sanitario se encuentra condicionado por una disponibilidad energética que califica de insegura.
Rodríguez también puso el foco en la evolución de la mortalidad infantil, que, según los datos presentados, habría pasado de cuatro fallecimientos por cada 1.000 nacidos vivos en 2018 a 9,9 en 2025. El ministro atribuyó este empeoramiento a las dificultades para garantizar recursos y tratamientos al sistema sanitario cubano.
El impacto señalado por La Habana alcanza igualmente a la educación y la alimentación. Cerca del 30% de la matrícula estudiantil corresponde a alumnos y docentes que necesitan desplazarse por el país, una movilidad que se habría visto limitada por la falta de combustible. En el sector agrícola, durante la campaña de frío finalizada a comienzos de 2026, las máquinas de riego habrían podido funcionar como promedio únicamente dos horas diarias frente a las 16 previstas.
Otro elemento destacado son las sanciones secundarias y las dificultades para transportar mercancías hacia Cuba. Naciones Unidas habría informado de que más de 2.900 toneladas de cargamentos humanitarios de alimentos ya contratados se vieron afectados por interrupciones en los servicios marítimos. El Gobierno cubano sostiene además que más de 7.000 contenedores permanecen afectados por las medidas de presión, buena parte de ellos correspondientes a pequeñas y medianas empresas privadas cubanas y con alimentos, medicamentos y dispositivos médicos entre sus cargas.
El informe presentado no incorpora todavía, según el propio ministro, todos los efectos del nuevo cerco energético ni de las sanciones secundarias. Las autoridades cubanas aseguran que estos perjuicios serán calculados posteriormente siguiendo la metodología empleada en sus informes anteriores. Rodríguez afirmó que los daños registrados durante los meses posteriores al periodo analizado podrían multiplicar los del ejercicio precedente.
En el plano diplomático, La Habana mantiene su disposición a continuar las conversaciones con Washington, aunque asegura que actualmente no existen avances ni negociaciones formales. Cuba reclama que cualquier diálogo se desarrolle en condiciones de igualdad soberana, respeto mutuo y sin injerencias en sus asuntos internos. Al mismo tiempo, el Gobierno cubano acusa a Washington de mantener una política orientada a incrementar la presión económica sobre la isla y advierte sobre las consecuencias de una eventual escalada militar.
La presentación del informe se produce, por tanto, en un momento en que las autoridades cubanas sitúan el bloqueo estadounidense como uno de los principales factores externos detrás de la crisis económica y energética que atraviesa el país. Su denuncia ante Naciones Unidas y la comunidad internacional volverá a apoyarse en una combinación de datos económicos y sanitarios, junto con el argumento de que las restricciones no afectan únicamente al Gobierno cubano, sino al conjunto de la población.
