Los recortes de la ayuda internacional al desarrollo pueden tener un coste mucho más allá de las cuentas públicas. Un estudio publicado en The Lancet y liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) estima que, si se mantienen las actuales tendencias de reducción de la ayuda, podrían producirse alrededor de 7,6 millones de muertes adicionales hasta 2030 en los países de renta baja y media-baja. Entre ellas, 1,4 millones corresponderían a menores de cinco años.
El problema se produce en un contexto en el que muchos de los países que reciben ayuda afrontan también una creciente carga de deuda. En 2024, los países en desarrollo destinaron unos 921.000 millones de dólares al pago de sus obligaciones financieras, mientras que 45 países gastaron más en atender la deuda que en sanidad. En conjunto, 3.400 millones de personas viven en países donde el pago de intereses supera ya el gasto en educación o sanidad.
Frente a este escenario, la investigación analiza diez fórmulas de financiación basadas en la obtención de nuevos ingresos mediante medidas fiscales. Los cálculos apuntan a que su aplicación podría evitar entre 6,6 y 29,5 millones de muertes durante el mismo periodo.
El equipo investigador estudió la evolución de 59 países entre 2002 y 2021 y relacionó los niveles de ayuda oficial al desarrollo con los indicadores de mortalidad. El resultado muestra una asociación significativa: los países que recibieron mayores cantidades de ayuda registraron un 24% menos de mortalidad general y un 33% menos de muertes entre menores de cinco años.
A partir de esa relación, los autores construyeron diferentes escenarios para estimar qué ocurriría si los actuales recortes de la ayuda continuasen durante los próximos años y cuánto podrían compensar sus efectos otras fuentes de financiación.
Gravar grandes patrimonios y multinacionales
Entre las alternativas estudiadas aparecen impuestos sobre las grandes fortunas, los beneficios de las grandes empresas multinacionales, las transacciones financieras, las emisiones de carbono o las criptomonedas. También se contempla la tributación de los intereses generados por la deuda soberana.
Las diferencias entre unas medidas y otras son importantes. Un impuesto del 3% sobre la riqueza de las grandes fortunas aparece como el escenario con mayor impacto potencial, con hasta 29,5 millones de muertes evitadas. La imposición mínima global sobre las grandes multinacionales alcanzaría unos 20 millones, mientras que un impuesto sobre las transacciones financieras podría evitar alrededor de 24 millones.
Los investigadores advierten de que se trata de estimaciones construidas a partir de modelos y no de una predicción exacta del número de fallecimientos. El objetivo es calcular el posible efecto sanitario de distintas vías para movilizar recursos que ya forman parte del debate político internacional.
Gonzalo Barreix, investigador de ISGlobal y primer autor del trabajo, señala que el punto de partida de la investigación fue precisamente medir las consecuencias que tendría la reducción de la ayuda sobre las poblaciones más vulnerables.
El economista Lucio Espósito considera que la fiscalidad sobre las grandes fortunas puede convertirse en una vía especialmente relevante ante el aumento del endeudamiento de los países donantes y el desplazamiento de recursos públicos hacia el gasto militar. Rodrigo Anderle, investigador del Instituto de Salud Colectiva de Brasil, sostiene que mantener o incrementar la financiación destinada a desarrollo y ayuda humanitaria permitiría evitar millones de muertes.
Más allá de la dependencia de la ayuda
El debate no se limita a decidir cuánto dinero destinan los países ricos a los países empobrecidos. El propio concepto de ayuda al desarrollo arrastra una contradicción: puede aliviar necesidades urgentes y financiar servicios básicos, pero no necesariamente modifica las estructuras económicas que mantienen la dependencia de muchos países respecto a los centros de poder económico mundial.
La cuestión planteada por el estudio es también quién dispone de los recursos y cómo se recaudan. En lugar de limitarse a aumentar las transferencias desde los países donantes, algunas de las propuestas analizadas buscan obtener financiación mediante una mayor tributación de las grandes concentraciones de riqueza y de las empresas con actividad transnacional.
A esta dependencia de la ayuda se suma además la mencionada dinámica de endeudamiento que puede terminar neutralizando parte de los recursos que llegan a estos países. El Sur Global recibe financiación para afrontar sus necesidades de desarrollo mientras destina cantidades crecientes al pago del principal y los intereses de una deuda que restringe el margen de sus presupuestos públicos. En 2023, los países del Sur Global pagaron 25.000 millones de dólares más por sus obligaciones financieras de lo que recibieron en nuevos préstamos.
La combinación de recortes de la ayuda, aumento del endeudamiento y reducción del espacio fiscal para financiar servicios públicos apunta así a un problema que va más allá de la cantidad de cooperación que aporten los países ricos. Como señalaba Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), en una entrevista para EL PAÍS cuando un país africano gasta más en intereses que en educación hay que hablar de un “fallo sistémico”.
Cuando un país africano gasta más en intereses que en educación hay que hablar de un “fallo sistémico”
Davide Rasella, investigador ICREA en ISGlobal y coordinador del estudio, resume la tesis de los autores: incluso medidas fiscales relativamente moderadas podrían tener consecuencias sanitarias de enorme magnitud en los próximos años. Pero los datos sobre deuda apuntan a una cuestión más amplia: no se trata únicamente de conseguir más recursos para los países empobrecidos, sino también de evitar que buena parte de esos recursos termine destinada a sostener un sistema financiero que limita su capacidad para invertir en salud, educación y desarrollo.
