Es muy importante el mantenimiento y la perseverancia sobre un relato histórico además de una defensa a ultranza a la hora de interpretar la historia, aunque sea relato manipulado y al servicio de los intereses de un régimen en apariencia ya superado; en eso la derecha y la extrema derecha española son expertos y sabedores de que, con ello, ya no sólo se blanquea el franquismo sino que se ponen en valor sus aspectos menos perversos, ocultando los más deleznables, en contraposición a cualquier otro comportamiento o contenido que confronte con ellos o los invalide.
Lo que hizo en Salamanca el vicepresidente castellano leonés, Juan García-Gallardo, es una prueba más de esto que decimos y con la vista puesta en deslegitimar cualquier fórmula o proyecto que no se avenga a ese relato utilizando los mismos argumentos con que la dictadura se ensañó con los detractores o desafectos, identificándolos como antiespañoles peligrosos, asesinos a los que hacer desaparecer, anular e incluso desnaturalizar y desfigurar. En un acto con alumnos de edades comprendidas entre 15 y 17 años el dirigente de VOX plantea públicamente su duda sobre si la II República fue un régimen plenamente democrático, evidentemente enfrentándose así a la nueva ley de Enseñanza y a las políticas de memoria democrática que se puedan desarrollar en cualquier ámbito escolar: lo que él califica de mercancía deteriorada está avalado por especialistas nacionales (salvo los anclados en el revisionismo histórico más rancio) e internacionales, con base científica y documental que ya no admite duda ni reintrepretación en lo fundamental: un proceso democrático violentado por conjuras castrenses y culminado por un golpe de Estado diseñado por militares golpistas, apoyados por Mussolini para un futuro restablecimiento de la monarquía, pero que terminaría en una larga dictadura, para deshacerse de un gobierno legítimo salido de las urnas. Gobierno de coalición de izquierdas tras tres años de gobiernos de coalición de las derechas y extremas derechas, no lo vayamos a olvidar.
Sólo por el derecho ciudadano de elegir a todos y cada uno de sus representantes, incluido el jefe del Estado, el republicanismo es más democrático que nuestro sistema político actual, simplificando tal afirmación para clarificación de conceptos. República es la antítesis de monarquía, pero será más de izquierda o de derechas dependiendo de su régimen jurídico y del color de sus respectivos gobiernos.
Así están las cosas y parece que esto no merece demasiada consideración. Este extremista es el vivo ejemplo de lo que la enseñanza pública no ha sido capaz de ofrecer a su alumnado durante los últimos cuarenta años en cuanto a Historia reciente de España y de su memoria colectiva se refiere, que ha permitido que negacionistas de tal envergadura sean representantes públicos. Y eso tendrá consecuencias nefastas a corto plazo en ámbitos como el cultural (tal vez el más afectado hoy en día), el social y el político.
Terminamos en esta ocasión con la última novedad relativa a las exhumaciones de los restos enterrados en el recinto de la basílica de Cuelgamuros, en Madrid. Según la providencia de la Sala Contencioso-Administrativo, sus magistrados inadmiten el recurso de casación interpuesto contra la sentencia, de 20 de junio de 2022, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica en relación con la licencia urbanística para la rehabilitación de los accesos a los lugares de enterramiento. Para Patrimonio Nacional, responsable de la gestión del enclave, la postura del Tribunal Supremo es definitiva porque no admite recurso de casación y se pueden iniciar definitivamente los trabajos de devolución de restos a los familiares que así lo tienen solicitados. Esperemos que así sea y no haya otra interrupción del proceso. Volviendo a la importancia que tiene la composición de un relato, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica solicitó la mencionada suspensión alegando el Derecho fundamental a la intimidad de los fallecidos y de sus familias y necesidad de respetar el sagrado reposo eterno que se vería vulnerado si se accede a ejecutar las obras manifiestamente ilegales solicitadas.
