Por fin se ha desbloqueado la Ley de Bebés Robados y podrá aprobarse antes de que acabe la legislatura. Está costando aún más que la Ley de Memoria Democrática, que ya fue mucho. La ley ha estado paralizada más de cinco años. Primero porque con el adelanto electoral de 2018 decayeron todas las leyes que se estaban tramitando, y esta proposición de ley impulsada por la sociedad civil y promovida e impulsada a través de CeAqua (Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina) era una de ellas. La propuesta de ley se volvió a registrar en febrero de 2020, en junio de ese año la volvieron a tomar en consideración, en  septiembre se abrió el trámite de enmiendas. Desde entonces ha tenido ni más ni menos que 146 ampliaciones del periodo de enmiendas. Pero las asociaciones de familias víctimas de bebés robados no cesaron de luchar en las instituciones, en los juzgados y en la calle con concentraciones y campañas de concienciación. En su última campaña recogieron 81.000 firmas que entregaron en la mesa del Congreso pidiendo el cierre del periodo de enmiendas y la tramitación de la ley. El 28 del pasado mes de febrero consiguieron que se cerrase. Ahora toca armar la Ponencia que pasará a la Comisión y se aprobará en Comisión o en Pleno. Y, entre tanto, una ronda de conversaciones con todos los grupos, fundamentalmente con quienes presentaron las enmiendas para poder comentarlas.

Una de las personas que ha estado detrás de todo el proceso desde el comienzo es Soledad Luque Delgado, presidenta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños y portavoz del área de ‘bebés robados’ de CeAqua. Soledad tiene un hermano gemelo desaparecido. Nacieron el 25 de enero de 1965 en Madrid en la Maternidad Provincial de O’Donnell. Su hermano Francisco pesaba poco y se quedó en la incubadora. El niño iba recuperándose, todo marchaba bien, pero cuando la vuelta a casa se aproximaba, las monjas comunican a la familia que el niño había fallecido. Nunca vieron el cadáver, primero les dijeron que tendrían que esperar porque estaba en el depósito, luego que ya le habían incinerado. Nunca se supo nada más de él. “Ni cuerpo ni cenizas, sólo palabras y la sensación de que algo no encajaba, aunque en aquella época, en el universo mental de mis padres no se podían imaginar que robaban niños de los hospitales”, resume Soledad.

Sus padres murieron hace años, pero el hermano mayor, en aquella familia de 10 hijos, fue testigo de todo. Tenía 21 años cuando los gemelos nacieron y él acompañaba a su padre al hospital. En 2010, cuando Soledad ya había cumplido 45 años, se empezó a hablar de la existencia de niños robados. Los hermanos comenzaron a buscar información y se encontraron con documentación contradictoria, todo era muy irregular, las fechas no coincidían. Y la Maternidad Provincial de O’Donnell era uno de los centros donde más niños habían desaparecido.

«Después de 5 años, dos elecciones generales y 146 ampliaciones del periodo de enmiendas, ya sólo hace falta voluntad política para aprobar la Ley de Bebés Robados»

En 2011, los hermanos Luque Delgado pusieron una denuncia que acabó archivada, como el resto. Entre 2011 y 2019 la Fiscalía abrió más de 2.100 diligencias de investigación, la mayoría de las cuales están ya archivadas. Son muchas y muchos las víctimas así que deciden unirse para hacer una lucha colectiva y constituyen la Asociación Todos los niños robados son también mis niños que agrupa a las familias víctimas del robo de bebés que se produjo en España (desde 1940 hasta bien entrados los años 80) durante la dictadura y hasta bien entrada la democracia.

En agosto de 2013 Soledad viajó a Argentina para presentar ante la jueza Servini una querella por su hermano y otros niños apropiados durante el franquismo, dentro de la denominada Querella Argentina. Representaba a varias asociaciones de víctimas.

Una de las primeras tentaciones para dar dimensión a la magnitud del crimen es cuantificarlo. En una primera búsqueda por internet aparece la cifra de 300.000 las niñas y niños robados desde 1940 a 1990 y entregados a otras familias con identidades falsas. La cantidad se replica en diferentes entradas pero Soledad prefiere no cuantificarla a falta de datos consistentes que permitan poder hacerlo con suficiente rigor. Considera que sólo cuando se lleve a cabo una investigación exhaustiva y se elabore un censo se podrá conocer una cantidad de manera aproximada. En cualquier caso el número no afectará a la gravedad del crimen cometido. Todo el mundo se escandaliza con el caso de Argentina. Allí robaron a unos 500 niños de los que ya han recuperado a 132. En España la única cifra fiable, insiste Soledad, es la recogida en el libro Los niños perdidos del franquismo, de Montse Armengou, Ángel Viñas y Ricard Belis , y que calcula en más de 30.000 los niños y niñas tuteladas por el Estado hasta 1952 que provenían de las mujeres republicanas encarceladas, de los huérfanos de la posguerra y de los internados en orfanatos. A partir de esa fecha, durante la dictadura y parte de la  democracia se calcula en miles los menores desaparecidos en clínicas y maternidades, por los casos que nos llegan a las asociaciones, pero no sabemos el número exacto.

GEMA DELGADO: Medio siglo robando bebés y no lo hemos conocido hasta una década. ¿Cómo es posible?

SOLEDAD LUQUE: Era una práctica institucionalizada; socialmente se sabía que existía aunque se silenciaba. Se podría dividir ese periodo en tres épocas. La primera durante la posguerra. Se hacía de manera sistemática. Había un decreto ley que legitimaba el robo de niños a presas republicanas y anarquistas libertarias.

Por una parte había un sustento ideológico basado en los planes de exterminio para acabar con el oponente y en combatir el gen rojo descubierto por Valllejo Nájera, jefe de los servicios siquiátricos del Ejército franquista, que justifica la entrega de esos hijos a familias adeptas al régimen. El psiquiatra hizo experimentos con presas republicanas en la cárcel de Málaga y determinó que el marxismo, el comunismo o izquierdismo se hereda y que esos niños nacidos con este gen rojo iban a desarrollar con el tiempo taras psicosociales, enfermedades mentales y terminarían siendo psicópatas sociales. Y para evitarlo había que hacer una segregación infantil: se retiran los niños a las madres para que sean educados o reeducados con otras familias que les aporten otra ideología y otros valores más acordes con el franquismo. y el nacionalcatolicismo del momento.

«No pedimos compensaciones económica, queremos que el Estado nos atienda como víctimas y garantice el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición»

Y, por otra parte, tenían leyes que legitiman esa separación, permitiendo que el Estado arrancara a los niños de sus madres, que el Estado se encargara de su tutela y que les pudiera inscribir en el Registro Civil con otras identidades. Hasta el año 1952 se cifran en más 30.000 los niños tutelados por el Estado, que ya no sólo eran hijos de presas sino niños de la guerra, huérfanos, e internos en los hospicios.

A partir de esa fecha se puede hablar de una segunda fase. El modus operandi ya era otro: tu hijo se ha muerto, les decían y no les permitían ver el cuerpo ni enterrarlo. Las víctimas son de nuevo mujeres vulnerables, familias con pocos recursos económicos y educativos, familias numerosas, madres solteras, mujeres con carencias de todo tipo, pero también parejas jóvenes más ingenuas y con menor capacidad de reacción cuando se les comunicaba que su hijo había nacido muerto.

La tercera ya es en una Transición en la que nunca se investigaron los crímenes del franquismo ni a sus responsables; una Transición continuista que no corta con el pasado y en el que muchas cosas siguieron funcionando igual.

Es importante destacar que esas etapas o fases no están absolutamente separadas, sino que se superponen y están unidas por la impunidad establecida, tal y como venimos diciendo desde el inicio de nuestro trabajo en 2011.

G.D.: No deja de asombrar que el robo de niños continuara en todo el país hasta finales de los años 80, ya bien entrada la Transición

S.L.: Con la Transición cambió la forma de Estado pero la maquinaria siguió funcionando.

El Franquismo triunfó a lo grande. Y la Iglesia tenía mucho poder. El Estado y la Iglesia eran dos caras de la misma moneda. Esas figuras de poder se sentían impunes para hacer lo que les diera la real gana, incluso decidir con quién se educaba a los hijos

«La implicación de las instituciones del Estado hacen que el delito no prescriba. Se puede considerar desaparición forzosa y como delito continuado no se puede archivar»

Ya no se actúa protegidos por leyes, pero una vez puesta en marcha la maquinaria es muy fácil convertirlo en una práctica generalizada que funcionaba en la impunidad y que se realizaba en instituciones del Estado, en hospitales públicos fundamentalmente, aunque también en los privados. Las enfermeras que cuidaban de las incubadoras eran generalmente las mismas monjas. Y ahí estaban los médicos que atendían los partos, las religiosas y el funcionariado que permitía la falsedad documental. Socialmente se sabía que eso ocurría, pero se callaba.

G.D.: ¿Podría considerarse estas prácticas como un negocio de venta de bebés?

S.L.: Hablar de negocio es desvirtuar la naturaleza del crimen. Si sólo se hubiera tratado de una red de tráfico de niños organizada por delincuentes comunes se hubiera investigado. Los robos están vinculados al franquismo. El franquismo fue una combinación de represiones, no sólo política, también ideológica, sociológica, de género sin lugar a dudas. Una represión brutal que se reprodujo en todos los rincones del país. El franquismo tenía una estructura que favorecía el robo de niños por una parte con leyes y por otra con la normalización de la maquinaria de represión. Las instituciones lo permitieron por activa o por pasiva.

«La mujer valía menos que nada, era una mera reproductora; el médico, la monja o el Estado era quien decidía con quién se iba a educar el recién nacido»

La mujer valía menos que nada, era una mera reproductora; el médico, la monja o el Estado era quien decidía con quién se iba a educar el recién nacido.

G.D.: ¿Por qué médicos, funcionarios y monjas se arriesgaban a ir a la cárcel por quitar hijos a las madres biológicas para dárselos a otras más pudientes, si no era por dinero?

S.L.: Primero porque tenían poder para hacerlo. Segundo porque no iban a acabar en la cárcel. Y tercero porque lo hacían por una cuestión moral. Un ejemplo del año 1984 es el caso de una compañera que estaba casada, tuvo una niña, se separó, se unió sentimentalmente a otro hombre y tuvo otra hija. Le quitan a la recién nacida. Primero le dicen que la niña ha muerto, ella se levanta hacia la monja y pide a su hija y Sor María le responde: No, no ha muerto, pero tú no la vas a tener nunca porque tú eres una pecadora que no tienes derecho a protestar y más vale que no lo hagas porque también te puedo quitar a la primera. Y lo dice porque sabe que lo puede hacer.

El poder de la Iglesia seguía intacto en los ochenta; el Concordato es del año 1979, después de la Constitución; el poder de la Iglesia continuó y traspasó nuestra Transición. Por eso decimos que no es cuestión de negocio sino moralista: una mujer que ha tenido una hija fuera del matrimonio no se merecía educarla.

«No se trataba de un negocio. Lo hacían porque tenían poder, inmunidad y por la convicción moral del nacionalcatolicismo»

Muchas veces no nos damos cuenta de lo que fue el franquismo. Duró décadas y a veces perdura un franquismo sociológico que nos cuesta quitárnoslo de encima como si fuera roña.

G.D.: ¿Cómo afecta la implicación de las instituciones del Estado a la hora de asumir responsabilidades?

S.L.: Si es un delito en el que están implicadas las instituciones del Estado, es el Estado el que debe responsabilizarse. Este delito es un crimen que, según el derecho internacional de derechos humanos, puede ser una desaparición forzada, por tanto, un delito continuado que no prescribe.

G.D.: ¿Sabían las familias receptoras que se trataba de niños “robados”?

S.L.: Los padres receptores no siempre sabían que estaban cometiendo un delito. Las políticas de natalidad obligaban a las mujeres moral, ética e incluso biológicamente a tener hijos, pero no todas podían tenerlos. Muchas familias que se lo podían permitir, porque tenían relaciones con el clero y dinero para poder mover los hilos… acudían a «adoptar» o «acoger» niños, niñas o bebés. También había gente que quería hacerlo por los cauces legales y la propia Agencia Española de Protección de la Adopción, que era prácticamente lo único que había en aquel momento, les indicaban que fueran a ver a la monja de turno. Otra cosa es que luego además consiguieran dinero.

Nadie puede hacer tanta maldad si no lo considera como un objetivo adecuado a su moral y su ética. La famosa Sor María pensaba que hizo lo mejor para los niños, algo injustificable desde cualquier punto de vista de Derechos Humanos desde luego.

«La famosa Sor María pensaba que lo mejor para los niños era que se criaran en una familia religiosa y no con una madre que lo había tenido al margen del matrimonio»

Lo que tenemos claro es que no se puede culpabilizar a los padres porque confiaban en esa monja que les decía, por ejemplo, que el niño era de una madre prostituta que no lo podía criar, etc. Entonces no estaba bien visto tener hijos no biológicos y lo ocultaban. Eso no quiere decir que no hubiera gente que sí sabía lo que hacía, pero por los casos que conocemos no es la práctica general y de hecho muchos padres están intentando ayudar a sus hijos a encontrar a la madre biológica. Para nosotros los verdaderos culpables eran los que tenían poder para intermediar, conseguir al niño, robárselo y dárselo a las familias que considerara más apropiadas según su criterio.

LAS CLAVES DE LA LEY

G.D.: ¿Cuáles son los pilares de la Ley de bebés robados?

S.L.: El derecho a la verdad la justicia, la reparación y la no repetición. Y tres organismos de nueva creación que son una réplica del modelo argentino que está funcionando muy bien: una Fiscalía especializada, un banco de datos genéticos y la Comisión Estatal por el Derecho a la Identidad. En Argentina esos tres organismos están coordinados perfectamente para que se puedan encontrar los niños, y por eso ya han encontrado 132.

Y los pilares del derecho a la verdad la justicia, la reparación y la no repetición tienen artículos super básicos como es la apertura de archivos, o que se hagan investigaciones exhaustivas tanto de oficio, que no se están haciendo todavía, como por parte de las víctimas; y que el Estado se haga cargo de las exhumaciones cuando tengan lugar.

En reparación queremos acompañamiento médico y psicológico; en caso de que surjan posibilidades de reencuentros que haya mediación profesional, que no tenga que ir la víctima llamando a la puerta y diciendo «hola, eres mi hijo».  Insistimos y seguiremos insistiendo en que esta ley no pide reparación económica, nunca la hemos querido.

Y en el caso de no repetición, que sea el Estado el que haga las campañas de concienciación, que ahora estamos haciendo nosotros, y que lo integren en planes de estudio, y en formación de funcionariado, de policías…

Queremos un trabajo político pero también social para que las víctimas no se vean solas y que sea el Estado el que las ampare y proteja.

G.D.: El PSOE ha paralizado la tramitación de la ley hasta ahora ¿Cuál es su posición?

S.L.: El PSOE es el partido que más problemas pone y el único que no se ha reunido todavía con nosotros, descartando a VOX que es donde ponemos una de nuestras líneas rojas.

Para empezar, no nos quieren llamar víctimas, nos llaman las personas afectadas, con todo lo que eso significa. Es además una contradicción enorme porque ya en la ley de Memoria Democrática, en el artículo 3h, se reconoce la sustracción de menores y como víctimas a los niños, los padres, los hermanos.

Y sin embargo en una ley específica de bebés robados insisten en no llamarnos víctimas.

G.D.: Qué es lo que cambia entre ser consideraras «personas afectadas» o «víctimas»?

S.L.: Cuando hablamos de persona afectada, queda la duda sobre si lo que ha ocurrido es verdad o no; hay que demostrarlo. Eso es terrible. Pero si hablamos de víctima ya hay un estatuto legal del 2015 al que acogerse. En nuestro caso, todos los años de sufrimiento sin saber lo que ha pasado con ese niño ya te hace ser víctima. De hecho una compañera que lleva años buscando a su hermana pasó por una evaluación pericial psiquiátrica forense en la que determinaron que el sufrimiento que le provocó la búsqueda de su hermana se puede catalogar, según el estándar internacional forense, como un sufrimiento similar al producido por tortura. Y eso lo han determinado profesionales de la psiquiatría y la psicología. No reconocernos como víctimas es muy grave ética y jurídicamente. Nos dejan fuera de toda protección. Y eso hace que según la enmienda del PSOE nos quiten en el apartado de reparación todo el acompañamiento psicológico, toda ayuda médica gratuita, toda la ayuda jurídica.

Nosotros no pedimos dinero, no pedimos indemnizaciones económicas, lo que pedimos son los cuidados y el acompañamiento que el Estado tiene que dar a una víctima.

No considerarnos víctimas hace que también se elimine todo el capítulo 6 del Derecho a la Justicia. Elimina la posibilidad de tener una Fiscalía especializada. Si no te consideran víctimas no necesitas nada. Total, que del texto original queda el intentar la búsqueda de archivos. Pero aquí hay otro problema que es la Ley de Protección de Datos. También cambia radicalmente todo lo relacionado con la base de datos genéticos; parten de que el Servicio de Afectados, que hay desde 2012, y que no nos aporta ninguna solución, ya es suficiente.

Por resumirlo, las enmiendas del PSOE desmontan toda la ley: es una enmienda a la totalidad disfrazada.

G.D.: ¿Qué les pediréis cuando os reunáis con ellos?

S.L.: Que tienen que respetar que somos víctimas, que tenemos derecho a la verdad, a la justicia a la reparación, y a las garantías de no repetición, y que sea el Estado el que tenga la obligación de buscar a los niños y adultos y encausar a los culpables; porque otra de las enmiendas del PSOE es que eliminan cualquier obligación del Estado a hacerlo, dicen que las instituciones podrán colaborar con las “personas afectadas» pero no hay obligación del Estado.

Hay margen para hablar de la Ley. Si nos quitan Fiscalía y tampoco se habla de banco de datos genéticos, hay ya una ley de Memoria Democrática con la que se podría compartir esa Fiscalía especial de Memoria Democrática y Derechos Humanos que se va a crear. Nosotros creemos que se podrían optimizar los recursos del Estado. Esa Fiscalía es para víctimas del franquismo y nosotros lo somos. Lo único que no podría llegar solo hasta 1983 sino que habría que ampliar el plazo. Sobre la base de datos genéticos, la Ley de Memoria Democrática ya lo recoge, simplemente habría que ampliar más años.

G.D.: Después de tantos años, ¿cómo surgió la ley?

S.L.: Nuestra Asociación Todos los niños robados son también mis niños, trabajó mucho en 2015 y 2016 con las leyes autonómicas de Memoria Histórica. Nos llamaron desde el gobierno navarro y nos dijeron que querían hacer una modificación de la ley de memoria para incluir el tema de los bebés robados. Allí trabajamos codo con codo. Hicieron un trabajo extraordinario. Poco después fue la Ley de Memoria Democrática valenciana y también nos convocaron a hacer una comparecencia a las Cortes para argumentar a favor de incluir el tema en dicha ley y también, afortunadamente, lo integraron.

Ese trabajo nos hizo ver que están muy bien todas la medidas autonómicas, pero había una diferencia entre el crimen de los bebés robados y el resto de los crímenes del franquismo. Por ejemplo, en la mayoría de las fosas, están enterrados vecinos del lugar; en nuestro caso no es así, a la mayoría de los bebés o menores los llevaron a otras comunidades autónomas, incluso a algunos fuera del país. Eso hace que un banco de datos genéticos autonómico no sirva del todo; hace falta una base de datos genéticos estatal para que quienes se buscan puedan encontrarse. Y vimos que hacía falta una normativa estatal. Con un equipo de abogados y asociaciones de derechos humanos trabajamos en ello y decidimos impulsarlo desde CeAqua, que es la organización colectiva donde nos integramos y que lo apoyaran quienes quisieran. Amnistía Internacional estuvo a nuestro lado desde el inicio, igual que la Asociación Pro Derechos Humanos de España y la Red Argentina Europea por el Derecho a la Identidad; se fueron uniendo las asociaciones memorialistas y la mayoría de asociaciones de bebés robados. Y con ese consenso social llevamos el texto a los grupos políticos en 2017 que lo aceptaron y un año después lo registraron. Después ha tenido lugar el periplo ya explicado. Ya sólo falta voluntad política para aprobar la ley, y todos coinciden que se puede hacer rápido como hicieron con la Ley de Vivienda u otras normativas que se han aprobado en los últimos meses.

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