Trabajadores y trabajadoras apaleados por luchar por un convenio que les permita tener una vida digna. Así terminó la última jornada de la huelga del metal convocada en la provincia de Pontevedra. Habían sido varios días de movilizaciones exitosas con miles de personas secundando las convocatorias de los sindicatos de clase y eso la patronal no lo podía consentir. A la campaña mediática en contra de las reivindicaciones del sector, se unió la represión de los antidisturbios.
Ante esto, el Secretario General del Partido Comunista de España y diputado de Unidas Podemos en la Diputación Permanente, Enrique Santiago, remitió una carta al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que garantice como máximo responsable de su departamento que “las fuerzas de seguridad del Estado utilicen la máxima contención en sus intervenciones respecto a las movilizaciones reivindicativas sindicales del sector del metal en la comarca de Vigo”.
El dirigente comunista envió esta misiva, que también firmó el diputado gallego y miembro de la Diputación Permanente por Unidas Podemos, Antón Gómez Reino, tras haberse informado de forma detallada de lo ocurrido durante la tercera jornada de protestas por el bloqueo de las negociaciones del convenio del metal en la provincia de Pontevedra.
Los piquetes del patrón
La carta llegó a su destino y en defensa de la represión contra los trabajadores y las trabajadoras ha salido la Confederación Española de Policía, una asociación que agrupa a polícias nacionales y que está copada por la extrema derecha. En el comunicado solicitan que el Ministro Marlaska repruebe a Enrique Santiago y Antón Gómez Reino por pedir que contenga a la Policía Nacional para garantizar el derecho de ejercicio a la huelga.
No es lo único que pide la asociación ultra de policías. También ha pedido a la Fiscalía que impute delitos de intento de homicidio a los huelguistas del metal, mientras argumentan los supuestos perjuicios «multimillonarios» por paralizar la actividad en el aeropuerto de Vigo o el Instituto Ferial de Vigo, dejando claro su defensa y posicionamiento con los intereses de la patronal.
