El año 2023 ha sido muy reivindicativo para el sector de la Justicia. El 24 de enero iniciaron una huelga indefinida los Letrados de la Administración de Justicia que concluyó con un acuerdo firmado el 28 de marzo con el Ministerio. A su paso dejaron más de 350.000 juicios y vistas suspendidas, 424.000 demandas pendientes de reparto, 1.280 millones de euros parados en las cuentas de consignaciones de los juzgados y muchos procedimientos paralizados. Este cuerpo de funcionarios pretendía percibir el 85% de la remuneración salarial de los jueces y magistrados, es decir un incremento aproximado de 600 euros mensuales. Al final consiguieron una subida de 430€ a 450€ brutos mensuales de carácter consolidable en función de sus responsabilidades y que se alcanzará de manera gradual desde el 1 de enero de 2023 hasta julio de 2024.
Es de destacar que el Comité de Huelga de los Letrados de la Administración de Justicia estaba compuesto en su totalidad por sus tres asociaciones: el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ). No había representación sindical.
En el caso de los Jueces y Fiscales, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales anunciaron el 24 de abril su “amenaza” de ir a una huelga indefinida a partir del 16 de mayo si no se adoptaban soluciones a la sobrecarga de trabajo, falta de medios y retribuciones estancadas.
El 23 de mayo el Ministerio de Justicia y seis de las siete asociaciones del sector sellaron un acuerdo que puso fin a esta amenaza de huelga y que consistió en una subida de 450€ mensuales para los jueces y fiscales, la creación de 100 nuevas plazas y el compromiso de convocar anualmente la mesa de retribuciones.
Por su parte, los funcionarios judiciales a través de los sindicatos CSIF, CCOO, UGT y STAJ empezaron desde el 17 de abril sus reivindicaciones con paros parciales. Reclaman un incremento salarial entre 430€ a 350€ según clasificación remunerativa y en concordancia con la subida obtenida por los Letrados de la Administración de Justicia, así como cambios en la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO) que prepara el Gobierno. Ante la falta de una oferta económica por parte del Gobierno, se inició desde el 22 de mayo una huelga indefinida.
La ministra de Justicia se comprometió a tender la mano del Gobierno para seguir negociando aunque manifestó que “en plena crisis económica no es el momento de adoptar determinadas medidas de presión”. Apreciaciones que sin embargo no se tuvieron en cuenta al resolver los conflictos anteriores. Peor aún, el Secretario de Estado de Justicia declaró el 16 de junio su negativa a negociar una subida salarial hasta después de las elecciones y constitución del nuevo gobierno.
Otro de los grandes perjudicados y olvidados por el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias delegadas en esta materia, ha sido la abogacía del Turno de Oficio, y la Abogacía en general. Las primeras reclaman una remuneración digna y suficiente acorde con el trabajo realizado, la actualización de los baremos conforme al IPC y el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita en base al salario mínimo interprofesional (SMI) y no del Indicador de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que no ha sido actualizado como el SMI. Desde la Abogacía en general, se reclama al Gobierno de España el reconocimiento del derecho a la conciliación familiar, la desconexión digital y al descanso vacacional y en los casos de baja e incapacidad laboral.
Fruto del gran malestar acumulado por años, se forma una “Plataforma estatal en defensa del Turno de Oficio” con el fin de agrupar a colectivos y abogacía del Turno de Oficio de toda España y que tuvo como primer objetivo una concentración en Madrid el 27 de abril ante el Congreso de los Diputados. Desde Extremadura, Andalucía, Murcia, Valencia, Castilla y León, Castilla La Mancha y Galicia vinieron autobuses con la abogacía del Turno de Oficio, marcando un hito en la lucha reivindicativa de este colectivo. A continuación se han realizado concentraciones en las sedes de las Consejerías de Justicia de las Comunidades Autónomas que ostentan esta competencia. En Madrid fue el 18 de mayo, a iniciativa de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA), como parte integrante de la Plataforma Estatal en defensa de la Abogacía del Turno de Oficio y otros colectivos como el Foro de Abogados de Izquierdas-Red de Abogados Demócratas (FAI-RADE). Lamentablemente, salvo en Valencia, hasta ahora no se ha llegado a ningún acuerdo de mejora en ninguna otra comunidad autónoma y el Ministerio de Justicia no se ve aludido ante esta problemática.
Los acuerdos alcanzados por la Ministra de Justicia con las asociaciones representativas de los Letrados de la Administración de Justicia, de los jueces y fiscales muestran un trato discriminatorio y clasista por el “agravio comparativo” que supone ofrecer mejoras salariales a los primeros -sin desmerecer su derecho a ello, pero que ya ostentaban retribuciones más elevadas en razón de su cargo-, mientras se niega a hacer una oferta económica al comité de huelga de los funcionarios judiciales, clase trabajadora, y postergando la negociación hasta la conformación del nuevo gobierno. Con esto se demuestra una falta de responsabilidad y absoluta insensibilidad e indiferencia no sólo a la situación económica de los trabajadores afectados sino también a la población en general que espera que la justicia en España funcione.
El Partido Comunista de España a través de su Secretario General, Enrique Santiago, abogado de profesión, ha manifestado su apoyo a las reclamaciones de los funcionarios judiciales y a las movilizaciones en defensa de la dignificación del ejercicio del Turno de Oficio, al considerarlo un servicio público fundamental, la garantía del derecho a la justicia por parte de los que no pueden pagarlo y el reconocimiento de una remuneración digna y con protección social a los que se encargan de defender la justicia de los más desfavorecidos. Sin justicia no hay derechos, ni tampoco democracia.
(*) Abogada; Núcleo de Justicia y Derechos Humanos del PCM
