Los últimos años hemos visto crecer dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado una serie de sindicatos policiales de marcado carácter ultraderechista, sindicatos que han tratado de desestabilizar con sus protestas la acción del Gobierno a la par que intoxicaban a la sociedad con mensajes cargados de supremacismo policial y llamadas a la defensa del nacionalismo español más arcaico.
Todo empezó en 2017 con la aparición de Jusapol, una asociación formada por agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil cuyo nombre es un acrónimo de las palabras “Justicia Salarial Policial”. Su reivindicación era la equiparación salarial de los cuerpos del Estado con el de las policías autonómicas.
Con el impulso de esa reivindicación salarial, y aprovechando el victimismo policial tras el “referéndum” independentista del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, de Jusapol nacieron el sindicato policial Jupol, mayoritario ahora en la Policía Nacional, y Jucil, su asociación profesional equivalente y también mayoritaria aunque con menos apoyo en la Guardia Civil. Si bien Jusapol y sus derivados se definen como apartidistas, son numerosas las vinculaciones de estos sindicatos con el Partido Popular y especialmente con Vox, cuyos dirigentes han encabezado muchas de las manifestaciones de este conglomerado policial.
Con la moción de censura en 2018 contra el gobierno corrupto del PP estos sindicatos comenzaron una campaña de agresividad contra el nuevo Gobierno, en especial por los acuerdos alcanzados con Unidas Podemos para dar estabilidad al Gobierno y después ya con la entrada de UP en el mismo. Por ejemplo, sobre la cuestión de la equiparación salarial, pese a que gracias al trabajo del gobierno progresista se llevó a la práctica la efectiva equiparación, no solo respetando el preacuerdo de 2017 sino ampliándolo y haciéndolo realidad, durante meses JUSAPOL fue difundiendo bulos sobre que el Gobierno no iba a respetar el preacuerdo de equiparación salarial y que no iba a pagar los tramos del acuerdo, a pesar de que el gobierno progresista ha culminado ese acuerdo, una reivindicación histórica del colectivo.
En marzo de 2020, solo dos meses después de la segunda investidura de Pedro Sánchez, Jusapol convocó, con la excusa de un supuesto incumplimiento con la equiparación, a una masa de agentes con bengalas, caretas o encapuchados, frente a los leones del Congreso al grito de “Gobierno dimisión”, situación que de forma constante han criminalizado cuando son otros los que protestan. Pese a la agresividad de la protesta, los agentes antidisturbios allí desplegados permitieron en todo momento la retahíla de cartuchos pirotécnicos en la misma puerta del Congreso de los Diputados, el corte del tráfico y el bloqueo de las salidas del Congreso, lo que supuso la reprobación de la mayor parte de los grupos parlamentarios ante una situación de connivencia que solo se ha dado en esta concentración policial. Como corolario del carácter ultra de la protesta, el dirigente de VOX, Javier Ortega Smith, posiblemente ya infectado por el Covid, salió a apoyarles junto a la por entonces diputada de la formación de ultraderecha, Macarena Olona. Esta protesta, que tuvo lugar justo antes del confinamiento pandémico, fue la antesala de una retahíla de bulos durante la pandemia que fueron propagados, muchos de ellos, por agentes policiales vinculados a estas organizaciones policiales ultras.
Respaldando la Ley Mordaza
Durante los años 2021 y 2022 el trabajo de este conglomerado policial ultra se concentró en generar su indignación por las reformas legislativas emprendidas por el Gobierno y sus socios parlamentarios en materia de seguridad, especialmente en lo que consideraban, en palabras de su Secretario General, “legislar para sediciosos y delincuentes, mientras abandona a las FCSE con la infame reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana”.
Su objetivo era amedrentar al ala más moderada del Gobierno para frenar los cambios legales, en especial en lo que concernía con la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, intoxicando a la sociedad con exageraciones y mentiras con el objetivo de que España no alcanzase una legislación avanzada en protección de los derechos fundamentales que se ejercen en la vía pública. Fueron diversas las concentraciones que se convocaron con este pretexto, siempre espoleados por PP y VOX, celebrando su objetivo de que la reforma no fuese aprobada, siendo cómplices de este fracaso ERC y EH Bildu en una extraña alianza entre ultras y el independentismo.
Lo gracioso de todo este ciclo de movilización policial ultra es que al final, tras tantos mensajes grandilocuentes y supuestamente patriotas, desde enero de 2023 un juzgado de Madrid investiga el desfalco de 360.000 euros de subvenciones públicas gastados injustificadamente por la cúpula de Jupol, con 97 tarjetas de representantes del sindicato policial, gravísima situación de corrupción interna que ha llevado a un sector de Jupol a promover recientemente el cese del secretario general, lo que da muestra de la farsa que ha supuesto todo este movimiento.
(*) Abogado
