La política migratoria es una respuesta de los Estados a través de sus normas y acciones de gobierno frente al fenómeno migratorio. Por ello, son los Estados, desde su autoridad y potestad soberana, los legitimados para llevarla a efecto.
Sin embargo, actualmente, los Estados integrados en la ONU tienen como marco político dos herramientas:
– El Pacto Mundial sobre Migración.
– La Agenda de Desarrollo Sostenible 2030.
Estos dos instrumentos tienen como finalidad la cooperación internacional entre Estados, para lograr una migración segura, ordenada, regular y que impulse el desarrollo sostenible. Así, se establecen marcos generales para desarrollar estos objetivos desde la libertad de los Estados para regular sus flujos migratorios.
Ahora bien, en el ámbito de la Unión Europea, existe una base normativa de carácter vinculante para los Estados miembros que nace de los artículos 79 y 80 del TFUE. Esta normativa busca gestionar la migración regular y luchar contra la inmigración irregular, en definitiva, ordenar los flujos migratorios. Por lo cual esta base normativa tiene su desarrollo en el documento político del año 2015: la Agenda Europea de Migración de la Comisión Europea. Posteriormente, se han emitido diversos informes en el que analizan la realidad migratoria de la Unión. Todo esto ha culminado en el Plan de Acción sobre Integración e Inclusión para el período 2021-2027.
Así, desde un punto de vista jurídico – político, los Estados miembros de la Unión tienen una base para regular la realidad migratoria. Esta realidad se gestiona desde tres puntos de vista:
– Integración
– Seguridad interna
– Y cooperación internacional.
En el caso de España, desde el punto de vista de la integración, no tiene una política definida. Ya que, desde el año 2014, no existe un plan nacional para promover la integración y desde el 2012 no existen medios económicos para llevarlo a cabo. Así está en manos de las comunidades autónomas establecer un plan de integración para las diferentes culturas y comunidades que habitan este país, siendo esta tarea de carácter estatal.
Desde el punto de vista de la seguridad interna, España regula ampliamente la realidad migratoria, cuyo objetivo fundamental, en la práctica, es gestionar la migración regular, porque su respuesta ante la irregularidad administrativa es deficiente y alarmante, ya que crea una base social de seres humanos sin derechos, sobre todo, el derecho al trabajo, como potenciador del desarrollo de los individuos y de la sociedad.
