El Grupo de Puebla y el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) han manifestado su más profundo rechazo a los intentos de desestabilizar el gobierno de Colombia a través de un golpe blando cuyo objetivo final es desconocer el mandato popular que eligió a Gustavo Petro como Presidente de la República después de un proceso electoral rodeado de todas las garantías y la transparencia propias de un sistema democrático.
Desde este foro político y académico integrado por representantes de la izquierda política ven con profunda preocupación la postura de varios políticos de sectores reaccionarios de la región, incluidos algunos expresidentes, que haciendo uso indebido de informaciones falsas, engañosas e imprecisas sobre el proceso judicial que investiga a uno de los hijos del presidente colombiano por posible a financiación irregular de la campaña del primero, anuncian y legitiman escenarios de ruptura democrática que solo caben en sus mentes autocráticas.
«Desde hace varios meses, se viene gestando una campaña para aprovechar cualquier crisis, por mínima que sea, para exigir sin ningún fundamento la renuncia del mandatario, con total desapego por la Constitución colombiana», alertan en un comunicado emitido.
Por todo ello, hacen un llamado a la calma y exigen que sea respetado el debido proceso de las personas involucradas en la investigación judicial, sin permitir que sea utilizado, como lo pretenden hacer los voceros de la oposición colombianas, como un arma política contra la institucionalidad democrática. También pedimos al Fiscal General de la Nación, quien ha hecho pública su animadversión personal con el Presidente Petro, que se abstenga de convertir este caso en un proceso mediático de judicialización política, en un nuevo caso de lawfare.
En este contexto, el Grupo de Puebla y CLAJUD declara la necesidad de observar diversos aspectos como el respeto máximo por el Estado de Derecho colombiano y por su sistema judicial, la exigencia del cumplimiento de las reglas del debido proceso y la transparencia en todas las actuaciones procesales para que no haya duda de que el objetivo final de la investigación no es horadar la credibilidad del presidente Petro
Para ello, a juicio de este foro, es necesario el deber de abstención por apariencia de parcialidad del Fiscal General de la Nación que se constata en hechos precedentes tales como:
1. No haber considerado que, Nicolás Petro no es funcionario del Gobierno de Gustavo Petro y no lo ha sido nunca.
2. Que Nicolás Petro no participó en la campaña Presidencial como Tesorero, Contador o Gerente, tal y como puede comprobarse en el Consejo Nacional Electoral colombiano.
3. Que, dentro del proceso de colaboración con la justicia que ha iniciado Nicolás Petro afirmó que ni el presidente Petro, ni el gerente de la campaña Ricardo Roa tuvieron conocimiento de los dineros que él y su ex esposa Daysuris recibieron de forma ilícita, eso mismo, fue ratificado por la ex nuera del Presidente el 6 de agosto, por tanto, no existe ninguna prueba documental escrita o de otra índole que apunte a que el Presidente Petro haya indicado o pedido a su hijo que solicitara dinero para su campaña o para él.
4. Que en estos momentos, lo único que se ha acreditado ante la Fiscalía General de la Nación es que existe un incremento patrimonial irregular del hijo del presidente Petro y de su ex pareja, sin que la Fiscalía haya acreditado en ningún momento el origen ilícito de este incremento patrimonial o del dinero recibido.
5. Que a fecha de hoy no han sido llamados a declarar quienes supuestamente pudieron haber aportado a Nicolás Petro cantidades de dinero, algo sin duda trascendental para acreditar la veracidad de las afirmaciones de la denunciante.
6. Que la Fiscalía, sin más pruebas que la entrevista de la denunciante con la Revista SEMANA, ordenó las detenciones en forma rápida, ágil y con un despliegue policial con fines mediáticos y trascendencia pública.
7. Que los delitos presuntamente cometidos por Nicolas Petro no tienen relación alguna con el Presidente o la tarea de su gobierno. En ningún caso ha habido manejo de recursos o fondos públicos, ni para campañas electorales ni tampoco para aprovechamiento personal.
Todos estos argumentos acreditan que se están produciendo graves irregularidades mediante la instrumentación de este caso, con la finalidad específica de dañar al Presidente Petro, quien ha declarado públicamente en varios espacios que se compromete brindar todas las garantías para que el proceso siga su curso.
«Por todo ello solicitamos a la comunidad internacional, y en especial a la comunidad jurídica y a los defensores y defensoras de los derechos humanos, al igual que a todas las personas demócratas y de buena voluntad, qué alcen su voz en defensa de la honorabilidad del presidente Petro, y que exijan a la Fiscalía General de la Nación de Colombia que cese en su clara actitud de injerencia política para desgastar al actual gobierno y a la presidencia de Gustavo Petro. Acompañamos a todo el pueblo colombiano en este momento trascendental de su historia», concluye el comunicado.
