La gestión hídrica en Andalucía (I): una crisis estructural

Si bien en nuestra tierra hay otros fenómenos o situaciones en los que se manifiestan la crisis de explotación de recursos y de vertidos, en esta serie de artículos analizaremos la gestión hídrica en Andalucía. La decisión de centrarnos en el problema del agua viene dada porque entendemos que el desarrollo de la presente crisis puede asemejarse a otras, está vigente y, muy importante, no es coyuntural. La situación actual visibiliza de forma evidente el papel condicionante de la disponibilidad de recursos en el ciclo de acumulación capitalista y, por tanto, en el desarrollo de la lucha de clases en Andalucía y otros territorios del Estado.

En Andalucía, salvo en zonas de Cádiz y Huelva, predomina un clima mediterráneo, caracterizado por unas lluvias escasas, concentradas en otoño y primavera, con un período estival seco. En las últimas décadas, los datos de la AEMET y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, reflejan varios fenómenos claros como consecuencia del cambio climático:

1. Disminución de la cantidad de precipitaciones; en los últimos años, la falta de lluvias ha llegado al punto de ser cualitativamente calificada como de sequía pluviométrica.

2.  El descenso de la frecuencia de las precipitaciones hace aumentar el número de lluvias torrenciales; aumento del riesgo de inundaciones y dificultad para captación y desembalse de agua debido a la incertidumbre respecto a períodos e intensidad de lluvias.

3.  Aumento de fenómenos extremos de calor en periodo estival; mayor demanda de agua y pérdidas por evaporación en sistemas de captación y distribución.

4.  En íntima relación con estos datos, el 87% del territorio andaluz se encuentra desertificado o alto riesgo de ello.

Además, junto a las menores precipitaciones, se da un proceso de empeoramiento de la calidad del agua debido a diversas formas de contaminación (vertido de residuos agropecuarios, plásticos o metales pesados), que en algunos casos se acercan peligrosamente a los niveles mínimos para calificarla como agua potable. En resumen, en las últimas décadas estamos viviendo a una disminución de la cantidad de agua apta para el consumo humano directo e indirecto.

Atendiendo a los datos públicos de diversas entidades de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Agricultura se puede desagregar el uso del agua entre actividades agrícolas (75-80%), consumo urbano e industrial (12-18%) y uso medioambiental (3-7%).

Si bien estos porcentajes no presentan variaciones significativas, sí que cabe señalar que las cantidades absolutas han ido creciendo ostensiblemente en la última década. Este crecimiento en el consumo viene debido a tres factores: el crecimiento de la población y del consumo humano directo, en parte significativa por los procesos de turistificación; la sustitución de cultivos de secano por cultivos de regadío debido a la mayor rentabilidad económica de los mismos a corto plazo; y la sustitución de cultivos de regadío extensivos por cultivos de regadío intensivos por la misma búsqueda de beneficios.

Históricamente en Andalucía, debido al escaso desarrollo de las fuerzas productivas a lo largo del siglo XIX, la incipiente burguesía no pudo realizar un desarrollo industrial endógeno, como sí sucedió en otras regiones del Estado, sino que su vía para la acumulación de capital fue la posesión y explotación de la tierra. Por este motivo, la actividad económica ha estado muy ligada al sector agropecuario. Si lo unimos a las características climatológicas ya analizadas, es fácil comprender cómo la realidad material ha generado un poso cultural en la población, que relaciona directamente la sequía con el paro, la pobreza y en última instancia la despoblación y la emigración.

Este sustrato ideológico, que por contraposición liga la abundancia de agua con la riqueza, junto a las necesidades cada vez mayores del sector agropecuario han definido la gestión hídrica en Andalucía. La prioridad política ha sido siempre aumentar la cantidad de agua disponible, tratando de garantizar la competitividad de las explotaciones agrícolas, industria y sector servicios frente a otros territorios. Dentro de esta dinámica hay que entender la construcción de nuevos embalses, canalizaciones y desaladoras.

Se trata, por tanto, de una gestión hídrica que no busca una solución permanente y definitiva a la escasez de agua que sufre la población, sino que está orientada a la desviación de cada vez más recursos naturales para tratar de sostener los beneficios del capital. La imposibilidad de aumentar indefinidamente en el tiempo la cantidad de agua disponible está generando la sobreexplotación de ríos, embalses y acuíferos por encima de su capacidad de carga, los límites ecológicos mínimos para continuar su reproducción.

La inviabilidad de estas políticas y el agotamiento material está llevando a que la burguesía rural, con la complicidad de las estructuras del Estado más pegadas al territorio, busque legitimar prácticas hasta ahora ilegales. Bajo la presunción ideológica de que la única forma de mejorar las condiciones vitales de la clase trabajadora es aumentar el beneficio de las empresas, se están llevando a cabo varias modificaciones legales, siendo especialmente llamativas, aunque no únicas, la de Doñana para aumentar la superficie de cultivo y la de Sierra Nevada para la creación de nieve artificial.

Tras esta exposición de la situación actual y cómo hemos llegado a ella, volvemos ahora al motivo principal de la realización de esta serie de artículos, ya se están dando problemas en la distribución a través de dos fenómenos: problemas para garantizar el abastecimiento humano y disputas entre comunidades de regantes y confederaciones hidrográficas sobre a qué cultivos y a qué zonas va destinada la mayor cantidad de agua. Todo esto nos hace anticipar que en la próxima década la antítesis capital-medio se continuará intensificando hasta erigirse como un foco importante de la lucha de clases en Andalucía.

La realidad nos está demostrando empíricamente lo que como comunistas llevamos analizando hace siglos: el capitalismo es incapaz de superar las contradicciones que engendra, porque son intrínsecas a su sistema. El Partido no puede mantenerse en el inmovilismo, al margen de este conflicto, ni tampoco dejarse llevar por las posiciones hegemónicas de la burguesía rural que nos condenan a la sequía permanente. Debemos definir una posición propia que sirva a la clase trabajadora o de lo contrario, no habrá futuro al que volver. El camino es largo y arduo, camaradas, pero todo es empezar.