Los próximos días 26 y 27 de septiembre Feijóo se presentará en el Congreso de los Diputados para tratar de conseguir una improbable investidura para la próxima legislatura. A la derrota del pasado 23 de julio, en la que la alianza de la derecha y la ultraderecha no consiguió la mayoría absoluta, se le suma la derrota del pasado 17 de agosto, en la que no fueron capaces PP y Vox de ponerse siquiera de acuerdo entre ellos para tratar de tener la mayoría de la Mesa del Congreso.
Durante estas semanas, vemos cómo el Partido Popular trata de apurar sus posibilidades con una estrategia en la que combina mensajes conciliadores a Vox, llamamientos al transfuguismo e, incluso, guiños a los nacionalistas catalanes de Junts. Difícil enredo. Feijoo es prisionero de la senda emprendida meses atrás en la que su camino compartido con Vox le lleva a un aislamiento con respecto a las fuerzas democráticas de nuestro país, tanto de derechas como de izquierdas.
Una vez superado este primer debate de investidura, se abrirá hasta finales de noviembre el plazo para que el resto de las fuerzas democráticas lleguen a un acuerdo para darle continuidad al actual co-Gobierno. Es tiempo de política. Mientras el PP recorre su laberinto sin salida, el PSOE y Sumar multiplican las vías de negociación para conseguir un acuerdo que culmine en una investidura de Sánchez. En los nacionalismos catalán y vasco está la clave. Nuestro sistema político sigue alejado del estable bipartidismo que durante décadas rigió el destino político de España. España es un país plurinacional en el que diferentes fuerzas políticas de carácter democrático han de discutir las bases programáticas para una nueva legislatura. Esto es una buena noticia, en la medida en que el poder económico sigue sin poder controlar la formación de un gobierno a su medida al estilo de una gran coalición entre el bipartidismo.
Los comunistas afrontan este debate con el convencimiento de que nos jugamos la continuidad de un Gobierno que representa la oportunidad de organizar un nuevo país. La última legislatura, marcada desde el inicio por una pandemia global y la crisis provocada por la guerra en Ucrania, supuso una nueva forma de afrontar las dificultades, ampliando derechos y protegiendo social y económicamente a las familias trabajadoras de nuestro país. Para poder transformar las bases económicas de España es necesario seguir profundizando en las políticas en favor de la mayoría social, profundizando preferentemente en la política laboral, industrial y de vivienda con la preocupación ecológica como telón de fondo.
Sin embargo, no hay que obviar el importante ascenso de la derecha y la ultraderecha al frente de muchos gobiernos autonómicos y locales. El reto del conjunto de fuerzas democráticas es conseguir frenar las políticas de recortes de derechos y libertades que se están imponiendo ya en muchas de esas instituciones. Y esto no solo interpela a los partidos políticos. El conjunto de movimientos políticos y sociales de nuestro país son los que tienen que liderar una fuerza que desde la calle sea capaz de marcar el ritmo de los debates institucionales. En este sentido, sigue siendo el movimiento feminista el que es capaz de canalizar una mayor energía social que apunta a los profundos cambios, también en el ámbito cultural, necesarios para seguir avanzando.
Son estas las bases sobre las que se debe trabajar en los próximos meses. El PCE, Izquierda Unida y el resto de las fuerzas políticas que hoy en día tienen a Sumar como su referente en el Congreso de los Diputados, comparten la tarea de constituir un espacio capaz de representar la pluralidad de sus componentes y convertirla en un instrumento útil para la intervención política y social en un país que está por organizar.
