Siempre que gobierna la derecha la libertad de expresión corre peligro como demuestra la censura de obras de teatro o la denuncia que acaba de hacer la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), que alerta que los Gobiernos de varias comunidades autónomas integrados por el Partido Popular y Vox, o con el apoyo del partido de extremaderecha, empiezan a materializar serias amenazas de involución en las radiotelevisiones públicas de Aragón, País Valenciano e Islas Baleares. «Y no es algo casual, porque el PP siempre ha sido una de las formaciones políticas más partidarias de que las mayorías gubernamentales controlen a los órganos de gestión de esos entes, alejándolos del consenso parlamentario que es una condición necesaria para garantizar su independencia», recuerdan en un comunicado de la FeSP.
Para el sindicato, esto es más grave porque en las dos últimas décadas se ha ido avanzando en la independencia de varios medios públicos de los respectivos gobiernos, con leyes que establecen mayorías parlamentarias cualificadas para elegir a los miembros de sus consejos de administración e impedir su control desde los poderes ejecutivos. «Ahora se produce una auténtica marcha atrás, con iniciativas como las planteadas por el PP en Aragón y en las Islas Baleares, y pronto quizá en el País Valenciano, según las informaciones que se han conocido últimamente sobre sus planes respecto al futuro de esas radiotelevisiones públicas», explican en el texto difundido.
Ponen como ejemplo que en Aragón, el PP y Vox han presentado una proposición de ley para eliminar el concurso público a la hora de elegir a los máximos responsables de la radio y la televisión, y volver a su nombramiento directo a dedo. En Baleares, donde el director general de IB3 tiene un mandato hasta el año 2028, el Gobierno del PP quiere modificar la ley para forzar su salida y acortar los seis años que dura su mandato a cuatro. Una medida positiva que permite que ese cargo sea de cuatro años, para que no coincida con una legislatura, porque así se refuerza la independencia de IB3 respecto del gobierno de turno. Vox pide directamente su desaparición, como propone también en Catalunya para la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) y la Agència Catalana de Notícies (ACN).
En el País Valenciano, donde el Partido Popular ya cerró Canal Nou en 2013, el PP y Vox también quieren modificar la ley que regula À Punt, con la excusa de lograr un ahorro económico pero que más bien pretende acabar con el actual modelo de esa radiotelevisión pública. Un paso más hacía atrás que viene a sumarse a un caso flagrante de intromisión gubernamental, cuando una hermana del vicepresidente del Gobierno, de Vox, presionó a una redactora y a un equipo de edición para que no se informara de la incompatibilidad del cargo de su hermano en el Gobierno autonómico con su presencia en los consejos de administración de siete empresas.
Por todo ello desde la FeSP manifiestan su inquietud y preocupación por estas amenazas de involución en los medios públicos por parte del PP y Vox, señalando que ambos partidos reaccionarios buscan revertir los adelantos democratizadores de los últimos años y volver al control de los medios de comunicación públicos por parte de los respectivos gobiernos o de las mayorías parlamentarias. «Ese modelo se ha ido superando en varias autonomías, y sería necesario hacerlo en toda España a partir de una Ley General de Comunicación Audiovisual que no permitiera excepciones autonómicas o locales opuestas a unas normativas europeas que reclaman la independencia de los medios públicos», reivindican en el comunicado.
Por último el sindicato de periodistas exige a estos gobiernos la paralización de esas políticas antidemocráticas. «Esta Federación luchará contra estos intentos involucionistas para defender la independencia profesional de los informadores e informadoras que trabajan en los medios públicos y para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir una información plural, veraz y rigurosa, una obligación de todos los medios de comunicación a la que, en el caso de los públicos, se une la de ser neutrales», concluye el texto.
