Escribo estas líneas desde el alivio de que mi casa, en Pelayos de la Presa, se salvara de las llamas a finales del mes de julio y principios de agosto, mientras veíamos cómo el fuego rodeaba nuestros pueblos y avanzaba sin freno, temiendo por nuestras vidas.
El día 22 de julio se inició un incendio en Almorox (Toledo) que rápidamente se expandió hacia la Comunidad de Madrid y el término municipal de Villa del Prado, alcanzando la urbanización de El Encinar del Alberche. Llovía sobre mojado, porque en 2019 también se había iniciado un incendio en la localidad castellano-manchega de Almorox. Y, de nuevo, las causas estuvieron relacionadas con la acción imprudente del ser humano, sin que la Administración de García-Page (PSOE) hubiera tomado ninguna medida significativa para evitar su repetición. Supongo que estaría ocupado en alguna controversia interna con Pedro Sánchez, como en él es habitual.
El fuego se cebó con el entorno de la urbanización de El Encinar y obligó a desalojar y a adoptar medidas de protección en el casco urbano de Villa del Prado.
La coordinadora de IU en Madrid, Carolina Cordero, se puso en contacto conmigo ante la magnitud del incendio. Le comenté que llovía sobre mojado y que, esta vez, el fuego había entrado en Madrid por Villa del Prado y no por Cadalso, como había ocurrido en 2019.
El día 23 de julio se inició otro incendio a las afueras de San Martín de Valdeiglesias, en su zona este, al arder un coche en la carretera M-501 debido al calor extremo.
El fuego, en muy poco tiempo, se propagó en dirección a Pelayos de la Presa, mientras la estación de bomberos de San Martín de Valdeiglesias, situada junto al foco del incendio, permanecía infradotada porque la presidenta de la Comunidad había decidido, días antes, enviar el núcleo de la plantilla a Guadalajara.
Sin oposición alguna, el fuego se situó a las afueras de Pelayos. Su avance continuaría durante los días siguientes hacia Valdemaqueda, Robledo y Fresnedillas por el norte, y hacia Navas del Rey y Chapinería por el este. Desde Villa del Prado avanzó hacia el vecino pueblo de Aldea del Fresno.
La huida de Ayuso
La siempre audaz presidenta de la Comunidad de Madrid, ante la magnitud del desastre, decidió quitarse de en medio y DIMITIR como presidenta para solicitar la EMERGENCIA DE INTERÉS NACIONAL a su odiado Gobierno progresista de Pedro Sánchez.
Tras una absurda controversia protagonizada por Ayuso y el delegado del Gobierno, el Gobierno de España asumió el control de las operaciones el 24 de julio, aunque la Unidad Militar de Emergencias ya había desembarcado en Pelayos el día 23 para evitar que el fuego llegara a las viviendas del pueblo.
La intervención permitió desviar la dirección del fuego por el norte y el sur del municipio, en dirección al pantano de San Juan. El desastre natural estaba asegurado, pero se logró, al menos, preservar el núcleo urbano del pueblo de un fuego con una intensidad que nadie en la zona había conocido durante los últimos cincuenta años.
Desde Izquierda Unida de la Sierra Oeste, a través de nuestra concejala en Pelayos —Izquierda Unida-Podemos, Olga Martín—, pusimos a toda la organización de IU y a nuestros aliados políticos a disposición de los ayuntamientos de la zona para colaborar en la asistencia y puesta a salvo de la población.
La situación se había complicado porque, en paralelo al fuego de Villa del Prado, se había declarado otro incendio en Burgohondo, en Ávila, debido al uso indebido de maquinaria en el campo, ante la pasividad de su alcalde del PP.
No es el primer incendio desatado en la zona de Gredos y Ávila sin que su presidente, Mañueco, y el PP de Castilla y León —junto a Vox, por supuesto— hayan tomado medidas para evitar la repetición recurrente de incendios cada verano en la misma zona.
Resumiendo: la catástrofe afectó a 26.860 hectáreas en la Comunidad de Madrid y a 154 viviendas, de las cuales 76 presentaban daños estructurales o se encontraban en ruina. En el caso de Castilla y León, concretamente en Ávila, la superficie afectada superó las 50.000 hectáreas, a las que habría que sumar otras 2.000 en Almorox, en Castilla-La Mancha.
Se trata, por tanto, de una superficie en la zona de la Sierra Oeste de Madrid y de Gredos cercana a las 80.000 hectáreas de monte mal mantenido y con pocos medios dedicados a su conservación, tanto en Madrid como en Castilla y León y Castilla-La Mancha.
En el caso de Castilla y León, a raíz de los incendios de Zamora y León durante el último periodo, pueden comprobarse las quejas de los bomberos forestales. En el caso de Madrid, el Gobierno de Ayuso ha perseguido al personal en huelga incluso durante el incendio y, a pesar de que habían dimitido de sus responsabilidades de extinción del incendio, ha puesto al descubierto su ineptitud y, sobre todo, su desinterés absoluto por una zona —la Sierra Oeste de Madrid— a la que consideran secundaria por su escasa población y porque la tienen «asegurada» políticamente por el predominio del PP durante los últimos treinta años.
Las causas reales
Al cambio climático se le atribuye, y no sin razón, buena parte de la responsabilidad de los desastres naturales de los últimos años: lluvias torrenciales, incendios de última generación y veranos eternos con casi cien días por encima de los 30 grados centígrados.
Pero el cambio climático, que lleva más de cincuenta años diagnosticado —desde el informe del Club de Roma de 1971— y para cuya contención existen propuestas desde los años noventa a través de Naciones Unidas, no se frena simplemente porque no resulta rentable para el capital hacerlo.
Hasta la fecha, cualquier alternativa encaminada a la descarbonización y al abandono del petróleo supone una pérdida de beneficios para las grandes empresas energéticas. Por ello, las iniciativas de la ONU, la UE y otras entidades occidentales son, en demasiadas ocasiones, simples brindis al sol destinados a cubrir malas conciencias.
En España se ha introducido e impulsado, desde 2018, una modalidad de capitalismo «verde» por parte del Gobierno del PSOE, sustentada en inversiones de los monopolios energéticos y basada en el impulso de la energía solar —a través de controvertidos parques fotovoltaicos—, de la energía eólica y, en última instancia, sin prescindir de la energía nuclear, cuyo lobby ha influido para prorrogar la vida útil de varias centrales nucleares.
Ello no ha impedido que las instalaciones estratégicas de tratamiento de gas licuado se hayan convertido en uno de los activos más valiosos de España dentro de su política energética, junto con la conexión con Argelia para la llegada de gas a la península y a Europa.
En suma, la política energética del Gobierno del PSOE y de sus socios de izquierda se ha diversificado al máximo, para regocijo de inversores tecnológicos y energéticos, ante la perplejidad de la izquierda, tanto en el Gobierno como fuera de él.
El Gobierno de Sánchez intentó introducir masivamente el vehículo eléctrico, pero esta intención se ha dado de bruces con una realidad: como en Francia, la clase trabajadora y el campo necesitamos nuestros viejos vehículos diésel para sobrevivir o para comunicarnos en zonas donde, como en la Sierra Oeste de Madrid y otras áreas rurales, el transporte público brilla por su ausencia o se ha reducido al mínimo.
Y aquí, en el Oeste abandonado de Madrid, los bomberos forestales llevan décadas luchando por mejorar sus condiciones y aumentar las plantillas.
Desde CCOO, el PCE, Izquierda Unida y organizaciones ecologistas en la zona llevamos desde los años 90 reclamando políticas y presupuestos para el mantenimiento del monte y la prevención de incendios, mientras el PP se acoge a la máxima de «apagar este incendio y luego ya se verá». Afortunadamente en la última década nuevas organizaciones políticas radicales y verdes, como Podemos y Más Madrid se han unido en estas reivindicaciones. El PSOE siempre se ha mantenido más ambiguo.
Los ayuntamientos de la zona, muy mayoritariamente del PP o de derechas locales desde hace décadas, tampoco levantan la voz ante la falta de atención e inversión por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que —NO LO OLVIDEMOS NUNCA— lleva más de 30 AÑOS gestionando ininterrumpidamente los destinos de la región.
Isabel Díaz Ayuso no es una recién llegada como alternativa al «socialismo». Llevan gobernando los mismos, en una especie de «régimen», desde 1995: personajes como Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre —tamayazo mediante— y otros dirigentes menores después de ella.
Y todos ellos han aplicado, con diferentes matices, las mismas políticas neoliberales y destructoras de los servicios públicos.
La dimisión de Ayuso y la demagogia de la derecha y la ultraderecha
Y sí: el día 23 de julio de 2026, pocas horas después de comenzar los incendios en la Sierra Oeste de Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidió la intervención del Gobierno central porque se veía impotente e incompetente para abordar y apagar el fuego.
Ya hizo algo parecido durante la pandemia de COVID-19 en 2020, evadiendo responsabilidades y señalando al Gobierno central, cuando las competencias sanitarias y de servicios sociales eran —y siguen siendo— de la Comunidad de Madrid. El resultado es conocido: 7.291 fallecidos en las residencias de Madfrid.
Isabel Díaz Ayuso, el día 23 de julio de 2026, ante su responsabilidad frente al fuego, no necesitó que la oposición en la Asamblea de Madrid ni que Izquierda Unida en la Sierra Oeste le pidiéramos la dimisión. Ella sola DIMITIÓ.
Se ha dicho poco en la prensa, pero nuestra audaz presidenta DIMITIÓ de sus responsabilidades ante una catástrofe que afectaba a nuestras vidas, nuestras viviendas y nuestro medio natural. Sin pestañear…
Eso sí, cuando la Unidad Militar de Emergencias, con la ayuda de los bomberos forestales y demás servicios públicos y voluntarios, terminó con el incendio, cuando este ya se dirigía hacia El Escorial y las afueras del oeste de la capital, volvió a retomar su responsabilidad-irresponsable al frente de la Comunidad de Madrid.
Desde entonces hemos tenido, día sí y día también, a Ayuso visitando granjas y huertos de la zona, acompañada siempre de alcaldes bajo su control, para calmar su mala conciencia de política inepta, pero siempre preparada, megáfono en mano, para que los medios afines y bien alimentados amplificaran su preocupación por nuestra Sierra Oeste.
Una Sierra a la que abandonó precisamente en el momento en que más se necesitaba una política comprometida con su pueblo, algo que ella no ha sido nunca.
Supongo que estas consideraciones, u otras parecidas, realizadas por algún asesor con algo de lucidez, la impulsarían a presentar un caótico PLAN DE RECONSTRUCCIÓN. Y miedo produce escuchar hablar de reconstrucción después de la experiencia del plan que el Gobierno valenciano anunció tras la DANA de Valencia.
Fruto de una evidente tormenta de ideas, presionada por el desastre y por el escándalo del ático, hicieron público un llamado Plan de Reconstrucción en el que aparecen mayoritariamente lugares comunes y brindis al sol como, por ejemplo, «medidas de apoyo a los afectados a través de la tarjeta sanitaria», «ayudas a la reactivación de negocios» o, ¡cómo no!, la apertura de una «cuenta de donativos».
Y, por supuesto, se anunciaban planes sin contenido ni dotación presupuestaria para «reconstruir explotaciones agrícolas y ganaderas» o para el sector vitivinícola.
A ello se une un genérico, insultante e hiriente para la gran mayoría, «Plan de activación en materia de vivienda», sin un euro por medio.
Por último —y parece que se les olvidaba el desastre ecológico sufrido por cerca de 27.000 hectáreas en Madrid— aparecen unos geniales «nuevos programas de recuperación ambiental».
Tengo que decir que hay mucha gente voluntaria y voluntariosa en nuestra zona que está dispuesta a salir al campo para ayudar a recuperar el monte quemado, pero la gran mayoría se pregunta: ¿para qué queremos entonces a la Comunidad de Madrid y a los ayuntamientos?
Toda esta colección de mamarrachadas ha sido presentada durante las últimas dos semanas en varios de nuestros pueblos.
En estas presentaciones, Ayuso se ha visto acompañada por alcaldes y alcaldesas del PP en la zona, más pendientes de su futuro político y electoral que de la tragedia que ha supuesto el incendio devastador.
Todo ello supone una vergüenza para las vecinas y vecinos de nuestros pueblos.
Pero los «profesionales» de la política del PP y la ultraderecha saben que la atención ciudadana está, en estos momentos, en la inmigración, a la que han convertido en pocos meses en el problema más importante para los españoles, sustituyendo a la VIVIENDA, la INFLACIÓN o el EMPLEO Y EL PARO como problemas reales de las familias.
En este ambiente, un fuego que arrasa 27.000 hectáreas en una zona poco poblada de Madrid es un problema que hay que dejar, simplemente, en manos del tiempo para que termine olvidándose.
Lo vivido
Cuando nuestras vecinas y vecinos han visto cómo el fuego devorador rodeaba nuestros pueblos de Villa del Prado, Aldea del Fresno, Chapinería, Navas del Rey, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa, Valdemaqueda, Robledo de Chavela o Fresnedillas de la Oliva, entre otros, es razonable plantear que, con tan solo 100 millones de euros, sería posible recuperar y reconstruir buena parte de lo destruido. Lo más alarmante es que la cifra destinada a recuperación de montes es de tan solo 167.000 euros (pensemos que una vivienda en la zona supera los 200.000 euros de media)… una vergüenza. Otra más. Para colmo el gobierno central se hará cargo del 50% del gasto.
Si levantamos la cabeza vemos que los incendios han requerido de 6.700 millones de euros en 2025 y es previsible que se acerquen a los 8.000 millones en este 2026. En este contexto podemos evaluar la miseria de la aportación del gobierno de Ayuso en la Comunidad de Madrid.
Lo destruido no han sido solo 156 viviendas, sino todo un medio natural arrasado y una economía basada en el turismo que va a quedar tocada durante años.
Son muchos los años que desde Izquierda Unida venimos denunciando, en los pueblos de la comarca, que nuestra zona no podía depender casi exclusivamente del turismo.
Nunca se nos ha tenido en consideración porque las dinámicas de poder local han conseguido que nuestra fuerza siempre haya sido muy minoritaria.
Sin embargo, en estos pueblos somos la única fuerza que mantiene representación institucional en varios de los municipios afectados.
El PSOE nunca ha sido una verdadera fuerza de oposición frente a este estado de cosas. Sus presencias en las alcaldías no han conseguido invertir esta situación.
Ello no significa que la militancia socialista de la zona y los votantes socialistas no sean sensibles a la necesidad de cambios que hasta la fecha no se han producido.
Tampoco creo, y estoy convencido de ello, que haya mucha gente votante de la derecha que se muestre impasible ante lo ocurrido y ante el abandono de la Sierra Oeste.
Sé que hay alcaldes independientes que miran por sus pueblos y sé que hay mucha gente de derechas que se ha movilizado frente a tropelías de la Comunidad de Madrid, como ha ocurrido con cuestiones como la imposición de depuradoras junto a viviendas en varios pueblos, como en el caso de Pelayos.
Los verdaderos problemas
Y llegados a este punto es donde debemos poner sobre la mesa los verdaderos e históricos problemas de la Sierra Oeste de Madrid y de sus pueblos.
El primero es el monocultivo del turismo y la economía de las segundas residencias, que nos reduce a la consideración de ser algo menos que pueblos dormitorio.
El segundo es el transporte. La mayoría de los pueblos de la zona solo tienen una línea de autobús como único medio de transporte público.
No existe comunicación ferroviaria e Ignacio González, ex número dos de Aguirre, se encargó de abortar la ampliación de la línea C-3 de Cercanías.
Sin embargo, existe un Metro Ligero hasta Pozuelo y Boadilla —ciudades ricas—, pero allí se detiene, sin continuar hacia nuestra zona. Una ampliación que no tendría, en principio, un impacto en infraestructuras ni en costes especialmente importante.
Por otro lado, la autovía M-501 termina en Navas del Rey. El resto son carreteras secundarias.
El tercero es la sanidad. El hospital más cercano a la Sierra Oeste de Madrid está en ¡Móstoles!, a una distancia media de más de cincuenta kilómetros de nuestros pueblos y, en algunos casos, de casi ochenta kilómetros.
Tampoco existe ningún centro de especialidades médicas.
En 2021 planteé personalmente a la presidenta Ayuso, en San Martín de Valdeiglesias, los problemas de TRANSPORTE Y SANIDAD. Su respuesta fue demoledora: «Todo el mundo quiere un hospital cerca y el ferrocarril».
Por último, hay que señalar que la atención primaria está bajo mínimos en todos los pueblos y existe un déficit brutal de residencias públicas para mayores.
La vivienda se ha encarecido en más de un 50 % en la mayoría de nuestros pueblos y la industria y el empleo languidecen por falta de proyectos de largo alcance por parte de la Comunidad y de los ayuntamientos.
Un desastre humano y ecológico como el vivido nos sitúa ante un entorno poblacional abandonado por las administraciones públicas y ante un territorio carbonizado y sin vida que rodea a nuestros pueblos.
Pueblos abandonados por Ayuso y por toda la demagogia de la derecha, donde el problema siempre está en otro lado.
Las propuestas
Desde nuestra modestia, la de nuestra organización militante de Izquierda Unida, y reconociendo también el trabajo de Podemos o Más Madrid en la zona, nos comprometemos a impulsar una PROPUESTA POLÍTICA PARA LA RECONSTRUCCIÓN que abarque a la izquierda alternativa, pero que esté también abierta a los viejos y nuevos vecinos de nuestros pueblos, donde la inmigración y la diversidad son un valor imprescindible.
Esta propuesta política está igualmente abierta a aquellas personas de derechas que quieran mirar de frente los problemas y buscar soluciones para cada pueblo.
Allí, seguro, nos van a encontrar para cambiar las cosas a mejor:
- Ampliar el Metro Ligero o el ferrocarril de Cercanías desde Boadilla hasta San Martín de Valdeiglesias.
- Construir un Hospital Comarcal y un Centro de Especialidades Médicas en Navas del Rey, que dé servicio a toda la zona. El hospital requiere una inversión de unos 10 millones de euros, pues el suelo ya lo ha dispuesto el ayuntamiento.
- Multiplicar por cinco la inversión propuesta por la Comunidad de Madrid para recuperar nuestros montes y nuestra riqueza natural.
- Construir residencias públicas para mayores, mínima una por pueblo. Cada residencia puede suponer unos 5 millones de euros de inversión mínimo.
- Crear un Consorcio Comarcal de Vivienda Pública que, mediante inversión pública, contribuya a presionar a la baja los desorbitados precios de la vivienda. Se necesitarían no menos de 1.000 viviendas en la zona para empezar a abordar el problema con rigor. Ello significa que la inversión debería estar en torno a los 150 millones de euros
- Desarrollar urgentemente un Plan de Empleo vinculado a una industria arraigada en el territorio y sostenible, así como un Plan de Recuperación Agrícola y Ganadera. Ello requiere un mínimo de 100 millones de euros para infraestructuras, formación y apoyo industrial con empleo estable vinculado.
Para todo ello será necesaria la implicación de los ayuntamientos y, fundamentalmente, de la Comunidad de Madrid.
Pero pensamos que nuestra zona precisa también que el Gobierno de España dedique los medios necesarios —ferrocarril de Cercanías y recuperación ambiental, entre otros— para empezar a aparecer en el mapa.
Con el esfuerzo y la complicidad de las vecinas y vecinos, de las asociaciones y de las organizaciones políticas honestas ya se cuenta. Y si las instituciones actuales del PP no responden, la gente (independientemente de la agitación de la derecha y ultraderecha) debiera apostar por otros representantes en 2027 que estén pegados a la realidad MATERIAL de nuestros pueblos. Ya es hora después de 30 años.
La lucha continúa porque las necesidades son mayores.
