Once activistas de Greenpeace se enfrentan el próximo 23 de septiembre en València a una petición de hasta cinco años de prisión por una acción de protesta contra el uso de gas fósil.
El proceso, denunciada por la organización ecologista como una de las mayores peticiones de pena contra activistas climáticos en Europa, vuelve a situar en el centro del debate los límites de la protesta y la respuesta penal ante quienes denuncian las consecuencias del cambio climático.
Doce horas colgado de un ancla contra el gas fósil
Los hechos se remontan a octubre de 2021, cuando el barco de Greenpeace Esperanza entró en el puerto de Sagunto para protestar contra la llegada del Merchant, un buque gasero procedente de Estados Unidos que transportaba 138.000 metros cúbicos de gas fósil extraído mediante fracking.
Durante la acción, uno de los activistas se bloqueó en el ancla del Esperanza para retrasar el desalojo del barco. Permaneció allí durante aproximadamente 12 horas, hasta que la Guardia Civil abordó la embarcación, cortó las cadenas del ancla y trasladó a los activistas a puerto.
Cinco años después, once personas procedentes de ocho países afrontan un procedimiento por un presunto delito de desórdenes públicos.
Greenpeace denuncia que la dimensión de la petición de condena no tiene precedentes en Europa para una protesta climática de estas características y advierte de que el proceso puede tener consecuencias que trascienden el caso concreto.
Precisamente por sus implicaciones para la libertad de reunión y el derecho a la protesta, Amnistía Internacional acudirá al juicio como observadora independiente.
La organización ecologista defiende que sus acciones son no violentas y forman parte del ejercicio del derecho constitucional y humano a la protesta.
Greenpeace asegura que desde 2020 más de 30 de sus activistas han estado implicados en procedimientos penales en España por participar en distintas acciones, además de las multas impuestas a otros miembros por protestas pacíficas.
Protestar en un planeta cada vez más extremo
Para la organización, el caso resulta especialmente preocupante por el contexto climático en el que se produce.
“Cuesta creer que la Fiscalía haya solicitado una pena semejante contra activistas pacíficos mientras gobiernos y empresas multimillonarias se siguen lucrando a costa de la destrucción del medio ambiente”, ha señalado Greenpeace.
La referencia al gas fósil adquiere especial relevancia después de un verano marcado por temperaturas récord, olas de calor, sequía e incendios de grandes dimensiones en distintos puntos de Europa.
El Mediterráneo ha registrado temperaturas excepcionalmente elevadas y miles de hectáreas han ardido durante una temporada en la que los incendios han dejado también decenas de víctimas mortales en España.
El proceso de València se enmarca además en un contexto internacional de creciente presión judicial sobre los movimientos ecologistas.
Greenpeace denuncia haber tenido que afrontar procedimientos promovidos por grandes empresas energéticas y petroleras, mientras en numerosos países la defensa del medio ambiente continúa suponiendo un riesgo mucho mayor para quienes la ejercen. Según datos citados por la propia organización, más de 140 defensores del medio ambiente fueron asesinados o desaparecieron durante 2024.
La situación contrasta con la capacidad económica y jurídica de las grandes compañías del sector energético, que disponen de importantes recursos para defender sus intereses y perseguir judicialmente determinadas acciones de protesta.
También pone sobre la mesa qué espacio queda para la protesta cuando las consecuencias de la emergencia climática son cada vez más visibles y las políticas necesarias para afrontarla siguen avanzando a un ritmo insuficiente.
Para Greenpeace, por tanto, independientemente del resultado final, el hecho de que once activistas puedan enfrentarse a penas de esta magnitud constituye ya una señal de alarma sobre las condiciones en las que se ejerce actualmente la protesta climática.
