La dimensión social de la adicción al juego vuelve a quedar reflejada en un nuevo estudio que sitúa sus consecuencias mucho más allá de la persona que desarrolla el trastorno. Una investigación de la Universidad de Zaragoza concluye que los hogares en los que algún miembro presenta un trastorno por juego tienen 30 veces más probabilidad de registrar conductas suicidas que aquellos en los que no existe este problema.
El estudio, realizado por las investigadoras Rosa Aísa, Patricia Gascón y Gemma Larramona, del Departamento de Análisis Económico de la Facultad de Economía y Empresa, ha analizado datos representativos de más de 18.000 hogares españoles incluidos en la Encuesta nacional FOESSA. Sus resultados se han dado a conocer con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio.
La investigación pone el foco en una dimensión habitualmente menos visible de las adicciones comportamentales: sus efectos sobre el conjunto de la familia. Alrededor del 1% de los hogares sin problemas de adicción al juego reporta conductas suicidas, frente al 34% de aquellos en los que algún miembro presenta un trastorno por juego.
Las investigadoras identifican dos vías principales que explican esta relación. Por un lado, el deterioro económico provocado por la adicción puede generar una situación de endeudamiento, inseguridad y estrés financiero. Por otro, existen consecuencias directas sobre el bienestar psicológico y las relaciones familiares, con pérdida de confianza, tensiones y dinámicas negativas que incrementan la vulnerabilidad de quienes conviven con el problema.
La situación económica constituye, de hecho, otro factor estrechamente relacionado con las conductas suicidas. Las familias que tienen dificultades para llegar a fin de mes presentan tres veces más probabilidad de registrarlas. La precariedad laboral, la baja cualificación y otras situaciones de vulnerabilidad pueden actuar como canales que agravan una angustia cotidiana ya existente.
El estudio también relaciona el riesgo con factores como vivir solo siendo hombre, la convivencia de diferentes núcleos familiares, el hacinamiento, los abusos psicológicos, la discriminación, los antecedentes penales o los problemas habitacionales. Casi uno de cada cinco hogares en los que se produjo una tentativa de suicidio había tenido algún miembro durmiendo en la calle, en un albergue o en un hostal. Además, el 40% de estos hogares había sufrido abusos psicológicos o discriminación, o contaba con algún miembro con problemas de salud mental.
El escenario adquiere todavía mayor relevancia cuando se observa la expansión del juego entre adolescentes. Los últimos datos de la Encuesta sobre Uso de Drogas en Estudiantes de Enseñanzas Secundarias (ESTUDES), con más de 35.000 estudiantes de entre 14 y 18 años, muestran que el 8,4% de los chicos de esa edad presentaba en 2025 un posible trastorno por juego, frente al 6% dos años antes.
El juego online concentra especialmente el riesgo. El 13% de los estudiantes declaró haber jugado por internet durante el último año, el porcentaje más alto desde 2019, y el 27,7% de quienes lo hicieron presenta indicadores de un posible juego problemático. Además, la frecuencia diaria aumentó del 12,7% al 18,3%.
Las apuestas deportivas, la ruleta, las máquinas de azar y los juegos de cartas con dinero forman parte de una oferta que se ha extendido en paralelo a la proliferación de casas de apuestas y plataformas digitales. En 2023, casi 5.000 personas fueron admitidas a tratamiento por adicciones comportamentales en España, y el 81% de los casos estaba relacionado con la adicción al juego. El 87% eran hombres.
Estos datos plantean una contradicción entre la expansión de un negocio altamente accesible y normalizado y unos costes sociales que afectan a la salud, la economía y las relaciones familiares. La cuestión ya no puede reducirse a la responsabilidad individual de quien juega cuando la evidencia muestra que las consecuencias se extienden al conjunto del hogar y golpean con especial intensidad a personas y familias que ya se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.
La investigación plantea así tratar el juego como un problema de salud pública y no únicamente como una conducta individual. Mientras las empresas del sector continúan obteniendo beneficios de la expansión de las apuestas y del juego online, los datos disponibles dibujan una factura que no aparece en sus balances: deterioro económico, ruptura de vínculos, problemas de salud mental y, en los casos más graves, conductas suicidas.
El contraste entre ambas realidades sitúa el debate más allá de cuánto puede responsabilizarse al individuo. Cuando una actividad comercial genera daños que se extienden a familias enteras, especialmente entre los sectores más vulnerables y entre una población joven cada vez más expuesta, también se convierte en una cuestión de protección social y de salud pública.
