En el año 2022 el Ministerio de Universidades repartió entre las universidades una serie de fondos, procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, destinadas a la contratación de personal investigador posdoctoral en dos categorías: Margarita Salas y María Zambrano. Con estos fondos, las universidades aumentaron sus plantillas, aunque la gran mayoría de ellas lo hizo a coste cero.
A coste cero porque las personas beneficiarias de estas ayudas —ganadas a través de concurso— pagaban ellas mismas la cuota patronal que correspondía a las universidades. Es decir, las universidades no aportaban nada y se detraía de la ayuda destinada a la nómina del contratado o contratada la cuota patronal que, como su propio nombre indica, la tiene que pagar el contratante, no el trabajador, ni la trabajadora. Esta merma en el salario bruto deja a los investigadores en una situación aún más precaria, pues sus salarios se ven considerablemente reducidos.
La situación se arrastra desde entonces y ya era un reguero de sentencias que habían ido dando la razón a las personas beneficiarias de contratos Margarita Salas y María Zambrano. A lo que se suma la noticia conocida esta semana por la cual el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha fallado en favor de los contratados y las contratadas Margarita Salas y María Zambrano tras la demanda interpuesta por CC.OO.
Esta victoria es, de momento, parcial, pues las universidades pueden recurrir. Sin embargo, el colectivo afectado espera que por decencia y dignidad no lo hagan, asuman su error, comiencen a abonar lo más rápidamente posible el dinero adeudado y actualicen las nóminas venideras a lo que establece la ley.
En línea con esta demanda, hay que recordar que también un juzgado dio la razón a las trabajadoras y los trabajadores de las universidades públicas madrileñas con estas figuras o similares a costa de los trienios -el plus de antigüedad-, los cuales no eran abonados. A pesar de la sentencia, muchos y muchas siguen sin recibir este complemento salarial. Este precedente obliga a la prudencia ante cómo reaccionarán estas mismas universidades ante el fallo judicial.
