El PCE ha reclamado que España suspenda las relaciones diplomáticas con Israel y que también se suspenda el acuerdo de Asociación UE-Israel hasta que de cumplimiento a las resoluciones de la ONU respecto a Palestina, insistiendo en que el ataque a un hospital en Gaza supone “un paso en su estrategia criminal» del gobierno de extrema derecha presidido por Netanyahu que puede provocar “un conflicto generalizado”. En este sentido exige la retirada de las flotas de EEUU y Gran Bretaña del Mediterráneo Oriental.
El comunicado hecho público ante la grave situación que vive Palestina y especialmente Gaza, señala que las declaraciones de dirigentes israelíes que han llamado a combatir “contra animales” y a “destruirles hasta la médula”, al ser preguntados por las víctimas civiles, es “una clara muestra de cuáles son sus intenciones: el genocidio palestino”.
Igualmente, denuncia el apoyo de EEUU y de las máximas autoridades de la UE a la ocupación y el apartheid perpetrado por Israel contra el pueblo palestino, exigiendo por ello la dimisión de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen y de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.
El PCE muestra su apoyo a las convocatorias del movimiento de solidaridad con Palestina y llama a participar en ellas para hacer realidad estas demandas y propone organizar “un día internacional de movilización para detener la barbarie que dura ya 75 años y abrir el único camino posible a la paz: el fin de la ocupación y el retorno de las y los refugiados”.
El Gobierno de España tiene el deber de velar por el estricto cumplimiento del derecho internacional humanitario
El PCE lamenta que ni el presidente Sánchez ni el ministro Albares hayan expresado con claridad la responsabilidad del Estado de Israel en estos acontecimientos, instándoles a promover el cese inmediato de la violencia y del genocidio contra el pueblo palestino en los organismos internacionales de los que forma parte el Gobierno de España y que cumpla con su deber de velar por el estricto cumplimiento del derecho internacional humanitario.
Igualmente, el comunicado demanda que la Fiscalía General del Estado investigue las inversiones y actuaciones realizadas por empresas españolas en los territorios ocupados a Palestina para exigir las responsabilidades penales prevista en las leyes españolas.
