Tanto empeño muestra la derecha en negar todo lo que le deparó a aquellas personas, mujeres y hombres, ciudadanos de pleno derecho en el sistema republicano —componentes luego del colectivo de los vencidos durante la larga dictadura, y aún antes en los territorios del avance franquista durante la propia contienda— que está provocando un efecto de olvido común que, más pronto que tarde, evitará el tener que recordar aquello que ahora pretenden asegurar que nunca existió. Es esa derecha española que, desde unas posiciones políticas marcadamente involucionistas, ya participan en la gobernanza de municipios, grandes y pequeños, y comunidades autónomas de este país
Estamos comprobando que hacer memoria republicana nos está siendo complicado porque no consiste simplemente en rememorar, es también la apuesta por el conocimiento y por la verdad y la justicia aún pendiente por eso es imprescindible para fijar su existencia y su valor. El borrado de las huellas de la represión, que inició la propia dictadura, ya dejó marcado el camino por el que está avanzando esta peligrosa extirpación que quieren que sea definitiva sobre nuestro pasado democrático y la propia existencia de las personas que formaron parte de él.
Reconociendo que existen muchas memorias, aunque no todas sirvan para superar la injusticia y el desencuentro, para potenciar la igualdad y el sosiego, hay que apostar por la que genere confianza para un futuro de firme progreso y la mejora de una sociedad libre. Sólo una, la que activa el no olvido y cierra la vía del resentimiento, sirve para avanzar: aquella que avala la construcción de una democracia cada vez más democrática y tolerante, la que trabaja para impedir la aparición de procesos de regresión y el declive del progreso, tanto político como social.
El acuerdo por la derogación de la ley de memoria aragonesa alcanzado tras el pacto de gobierno de las derechas nacionales, es una evidencia de esta situación adversa. Pero no es la única; el ayuntamiento de Burgos, también gobernado por PP-VOX, anula la partida presupuestaria destinada para el desarrollo de actividades de memoria y para la Cátedra de Memoria hasta ahora existente en la universidad de la ciudad castellana; el Ayuntamiento de Madrid invertirá dinero en la restauración del Arco de la Victoria —auténtico nombre de un edículo edificado en Moncloa y que conmemora la victoria del ejército rebelde sublevado durante la batalla de Madrid— catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) y, en sí mismo el exponente menos adecuado de la conciliación, la dignificación de las víctimas de la represión y el respeto que se ha de tener con los españoles vencidos de aquella guerra…
Pero hay más cargas de profundidad desde esta derecha reaccionaria: el vicepresidente del gobierno aragonés considera a los combatientes de la División Azul como unos héroes románticos a los que alaba por su lucha en defensa de sus convicciones (el nazismo) y por el deber cumplido con su hazaña (el apoyo al Eje fascista italo-alemán en la última gran guerra europea). Lo tremendo está en que ya este tipo de manifestaciones se van generalizando en los gobernantes de la derecha y han dejado de causar espanto entre una parte importante de nuestra ciudadanía.
Para que la memoria democrática consiga enraizarse en la sociedad debe trabajarse con acierto para que no se disuelva en un indiferente estudio histórico y más cuando los testigos y los lugares relacionados con aquella represión van desapareciendo por motivos biológicos —los primeros— o por falta de rigor y voluntad administrativa —los segundos—, que está marcada por las concepciones políticas e ideológicas de quienes sustentan el poder. Con su negacionismos destruyen un mundo, un orden y un sistema de libertades que costará —si así lo consiguieran— mucho tiempo para su recomposición. Y de esto sabían mucho nuestros veteranos, nuestras veteranas represaliadas.
