El secretario general del PCE y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha presentado en la mañana de este viernes ante el Tribunal Supremo la querella de su grupo contra nueve vocales y el presidente del CGPJ por la declaración aprobada en pleno por este órgano contra la amnistía no nata el pasado 6 de noviembre.
La querella acusa a estos consejeros de prevaricación administrativa y denuncia que sobrepasaron sus atribuciones a sabiendas de sus propios límites competenciales. Santiago ha defendido que «este acuerdo administrativo forma parte de una estrategia diseñada en ámbitos políticos en la que entra de forma impensable un órgano tan importante como el Consejo General del Poder Judicial; entra en una estrategia diseñada por fuerzas políticas de este país».
A su juicio, la declaración del CGPJ «es el inicio de lo que luego se ha conocido: declaraciones de asociaciones de jueces y de fiscales, de sindicatos de fuerzas de seguridad del Estado, de militares en retiro haciendo llamamientos muy graves… Es un paso que nunca se había producido en democracia y que se produce a raíz de este acuerdo».
Para el también dirigente de IU, el órgano de gobierno de los jueces dinamita la separación de poderes y comete un acto de injerencia política con el objetivo de torpedear la confección de una mayoría parlamentaria para investir a Pedro Sánchez y dar lugar al Gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar.
«Están claramente haciendo una declaración política que no tiene fundamentación jurídica alguna, no menciona ninguna ley para fundamentar las acusaciones que realizan. Con frases que en algunos casos parecen proferidas por dirigentes políticos, de críticas directas al presidente del Gobierno. Llegan incluso a cuestionar la constitucionalidad de un acuerdo parlamentario para establecer una determinada mayoría que saque adelante una propuesta de investidura», ha explicado.
En este sentido, Enrique Santiago ha confiado en que el Tribunal Supremo admita esta querella y actúe en consecuencia: «Creemos que el Tribunal Supremo tiene que aplicar su jurisprudencia en materia de prevaricación, se trata de una resolución claramente dictada dentro de los parámetros en los que el TS entiende la prevaricación. Esperamos que las instituciones del Estado hagan su trabajo y emitan ese mensaje: no hay nadie por encima de la ley en este país».
Magistrados reaccionarios
De esta forma, la querella se dirige contra los ocho promotores de la declaración, los vocales Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona.
También contra Wenceslao Olea (que votó a favor) y apunta a Guilarte, el presidente, que optó por votar en blanco, como cooperador necesario al permitir la convocatoria de dicho pleno en la que estos juristas lanzaron su resolución contra la futura ley de amnistía. Es decir, formulan su querella contra los diez vocales conservadores del CGPJ.
De hecho, el texto atribuye a los promotores de esa declaración arrogarse atribuciones que corresponde exclusivamente al Tribunal Constitucional, al pronunciarse sobre una proposición de ley cuando el texto normativo ni siquiera existía ni estaba registrado. Es más, recrimina en su querella que su intención era mandar a la ciudadanía «un mensaje apocalíptico que sólo puede contribuir a una mayor crispación social», máxime cuando se le dotó de carácter institucional.
Además se pone de relieve que esa resolución, que alertaba de que la amnistía supondría la «abolición» del Estado de Derecho, «descalifica e imputa conductas gravísimas» al jefe del Ejecutivo, que podrían ser calificadas como «desconsideración entre instituciones», contradiciendo incluso lo que marca el CGPJ en sus resoluciones previas respecto al Poder Judicial.
«Afirmaciones de extrema gravedad ajenas a su naturaleza jurídica y que convierten el acuerdo (…) en una actuación de crítica política partidista, desbordando de forma deliberada la naturaleza del órgano y del acto administrativo del acuerdo», ahonda el grupo parlamentario que, también, cuestiona la base legal que se siguió para convocar ese pleno del organismo judicial.
Los jueces se extralimitaron en sus competencias
El grupo parlamentario expone en su escrito que en dicho pleno se excedió las funciones del órgano de gobierno de los jueces, que además están limitadas por la situación de mandato caducado, y ahonda que los vocales querellados actuaron desde su «deliberada voluntad de eludir» esa carencia competencial, pese a que son juristas con condición de autoridad por formar parte de una de las principales instituciones del Estado.
Asimismo, resalta sobre el caso del presidente que su misión es velar para que todos los miembros del organismo se ajusten a las funciones del CGPJ, que en ningún caso incluye valorar la «conducta de otra autoridad del Estado» (en este caso el presidente), acuerdos políticos o «futuribles» normas.
Por otro lado, Sumar destaca que es «ineludible» que el acuerdo plenario del 6 de noviembre refleja su decisión de interferir en una cuestión que afecta a los «intereses generales» emitiendo una «resolución definitiva» y no puede considerarse como un «acto político».
Al hilo, subraya que uno de los vocales, el progresista Álvaro Cuesta, solicitó desconvocar ese pleno tras advertir previamente que era «improcedente» e «ilegal», y optó por no acudir cuando se mantuvo su celebración e incluso argumenta que los medios de comunicación expusieron que el propio presidente interino veía la declaración institucional «prematura», que el respeto a la independencia judicial hacía oportuno evitar ese pronunciamiento ante una iniciativa legal inexistente y que implicaba un posicionamiento institucional a favor de una opción política.
