Se tramitó la legislatura pasada de la mano de Unidas Podemos y el PSOE de Pedro Sánchez lo rechazó y decayó por el adelanto electoral. Pero la izquierda no se da por vencida y Sumar ha vuelto a registrar este jueves en el Congreso una proposición de ley para otorgar la nacionalidad por carta de naturaleza a los saharauis nacidos bajo la administración española, es decir aquellos nacidos antes de 1976. «El Sáhara Occidental fue la provincia 53 de España. Sus habitantes tenían representación en las Cortes, DNI español y podían ser funcionarios hasta que España les abandonó en 1976. Es hora de hacer efectivo su derecho a recuperar la nacionalidad española», ha explicado Enrique Santiago en la presentación de la iniciativa.
En la exposición de motivos del texto, Sumar destaca los vínculos existentes entre España y el territorio no autónomo, actualmente ocupado parcialmente por Marruecos. La iniciativa recuerda que el Sahara Occidental fue conocido como la provincia número 53, cuyos “habitantes contaban con representación en las Cortes de la dictadura, poseían documento nacional de identidad español, estudiaban en las Universidades españolas, podían acceder a la Función Pública, e, incluso, ser miembros de nuestro ejército”. También señalan , “los lazos lingüísticos y el uso cotidiano del español” que aún hoy es patente entre muchos refugiados saharauis. “Es el único territorio de África donde el español es una lengua oficial”, añaden en la exposición de motivos.
La propuesta presentada en el Congreso por los diputados Enrique Santiago, Tesh Sidi y Agustín Santos Maraver se limita a modificar algunos apartados del Código Civil para permitir solicitar la nacionalidad española a los saharauis nacidos antes del 26 de febrero de 1976, momento en el que el territorio del Sáhara Occidental dejó de estar bajo soberanía de España y pasó a manos de Marruecos y Mauritania. Ese segundo país se retiró años después del territorio saharaui, y desde entonces el territorio es ocupado y reclamado en su totalidad por Marruecos, pese a que ante la ONU España sigue siendo de iure la potencia administradora y el Sáhara se mantiene como zona pendiente de descolonización.
Para ellos los y las saharauis podrían probar su condición a través de un documento nacional de identidad español, aunque esté caducado; con un certificado de inscripción en el censo para el Referéndum del Sahara Occidental expedido por Naciones Unidas; así como un certificado de nacimiento expedido por las autoridades saharauis de los campamentos de refugiados en Tinduf y legalizado por la Representación del Frente Polisario en España.
Además de permitir que estos ciudadanos saharauis soliciten la nacionalidad española, la proposición de ley plantea otorgar la nacionalidad a los descendientes de saharauis en primer grado de consanguinidad, para lo cual marca un plazo de cinco años desde la inscripción en el Registro Civil de la adquisición de la nacionalidad de cualquiera de sus progenitores. Y, por último, la propuesta establece que los saharauis que ya residan de manera legal en España, aunque hayan nacido más allá de 1976, puedan acceder a la nacionalidad española por la modalidad de residencia transcurridos dos años, como ocurre —por ejemplo— con los nacionales de Andorra, Portugal o algunos países iberoamericanos.
