Es de sobra conocida la inquietud que tenían los países europeos por colonizar, imponer “fronteras” ficticias. En el reparto de África, España adquiere el Sáhara Occidental. Desde 1496, cuando las Islas Canarias pasaron a formar parte de la Corona de Castilla, venían dándose acuerdos comerciales entre estos territorios. En 1767 Marruecos reconoce en el Tratado de Marrakech no tener ningún poder ni autoridad sobre esos territorios, y en 1884 España funda Villa Cisneros (actual Dajla), llegando a varios acuerdos con el pueblo saharaui. La ocupación efectiva se da en 1934, se firmó un acuerdo con los habitantes saharauis en el que se reconocía la zona como Sáhara Español, y pasó a ser administrada por el protectorado español en 1957 considerándose una provincia más.
En 1960 la resolución 1514 de la ONU incluye como pueblo colonizado al saharaui, y le reconoce derecho a la autodeterminación e independencia, solicitando a España agilizar su descolonización con el compromiso de realizar un referéndum, que no llegó, pues Marruecos y Mauritania ocuparon el territorio, entregándoles España en 1975 la administración del mismo después de varios meses de asedio.
Gran parte de la población del Sáhara Español tuvo que huir, llegando a tierras argelinas donde asentaron un campamento de refugiados en el que ya llevan más de 40 años. Quienes optaron por quedarse en el territorio ocupado por Marruecos fueron y están siendo perseguidos, apresados, torturados y asesinados, en una continua violación a sus derechos fundamentales.
La historia debería ser objetiva, los hechos fueron la colonización de un territorio, un acuerdo entre la potencia colonizadora y el pueblo residente, y una serie de relaciones jurídicas que hicieron del Sáhara territorio español, y de sus habitantes ciudadanía española, siendo inscritos en el correspondiente registro civil del estado español.
Sin embargo, el Tribunal Supremo en su sentencia 1240/2020 ha decidido cambiar la historia, negando la realidad, las raíces y la identidad del pueblo saharaui, de la que sin ninguna duda, el pueblo español formamos parte. Una sentencia que allana el camino a los intereses político-económicos entre España y Marruecos, de sobra conocidos, entrando en un debate absurdo sobre lo que es territorio español y lo que es España, y así en un baile de letras, conceptos, idas y venidas… de repente concluye que el Sáhara español, jamás fue español.
Llaman la atención argumentos de la sentencia, como la de una resolución de la DGRN «los nacidos en el territorio del Sahara cuando éste era posesión española no eran propiamente nacionales españoles, sino sólo súbditos de España que se beneficiaban de la nacionalidad española, lo que explicaba que se les permitiera optar por la nacionalidad en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del RD 2258/1976”. Es decir, los y las saharauis estaban sometidos a las leyes españolas, al Código Civil que establece como adquirir la nacionalidad, se beneficiaban de ella, pero no eran españoles de verdad, porque como sabemos, ser español de verdad es… ¿hacer paella, una queimada o bailar sevillanas?
Esta reflexión lleva a otro argumento del procedimiento, el Tribunal que lo conoce en 1ª Instancia ante la petición de la demandante de aplicación del art. 18 C.c. “La posesión y utilización continuada de la nacionalidad española durante diez años, con buena fe y basada en un título inscrito en el Registro Civil…” confiere la nacionalidad, la juzgadora entiende que «no hay ninguna prueba de que la actora se haya comportado como española durante diez años». Quizá algún órgano juzgador pueda ilustrarnos al respecto de lo que es ser español o comportarse como tal, y lo mismo peligra la nacionalidad de más uno.
Es recurrente utilizar de manera culposa que el pueblo saharaui no realizase los trámites del RD 2258/1976 en plazo obviando las condiciones sociales que había. Una vez más el mito de la libre elección, tenían la oportunidad de confirmar su ciudadanía española en medio de una guerra, en la que debían luchar o huir al exilio, pero la DGRN esperaba que fuesen a hacer cola a la administración para obtener una nacionalidad de la que eran titulares de pleno derecho y de la que se les despojó.
El conflicto del pueblo saharaui, quienes solo quieren vivir en paz, que se reconozca su autodeterminación y se respeten sus derechos fundamentales, necesita una respuesta inmediata por parte del Estado español y la comunidad internacional.
