En el regreso a casa las piezas sueltas del discurso de Martínez, mi belicoso «no alumno», sobre la «delincuencia energética» fueron una a una encajando en una reflexión más elaborada de que la nos sirven a diario los medios de comunicación. Medios que nos abruman con esa tendencia tan habitual en los periodistas que piensan que, por dirigirse a un público no especialista, puede cometer alegremente errores de bulto y simplificaciones groseras. Dejo voluntariamente fuera de esta filípica a aquellos que por obligación editorial cubren una noticia técnica sin ninguna preparación específica, y que simplemente repiten lo que creen haber entendido, esperando que nadie detecte su desconocimiento del tema.
Verdades y mentiras del «fraude eléctrico»
Así que, con la cabeza aun hirviendo de argumentos no totalmente cocinados, tomé la determinación firme de dejar a un lado los recursos literarios y concentrarme en el análisis desapasionado de las verdades y mentiras que están detrás de las soflamas de las Energéticas sobre el «fraude eléctrico».
Porque cuando los titulares de los medios afines a las energéticas se desbocan afirmando que «España [es el] paraíso del fraude eléctrico», o que «España [está] enganchada al fraude eléctrico», a la mayoría de conciudadanos les parece normal que tal sea el comportamiento esperable en los conciudadanos del Buscón o del Guzmán de Alfarache, cuando debieran pensar que, en gran medida, el «fraude eléctrico» del que tanto hablan, tiene, como las monedas, dos caras. Una, la más publicitada y alarmista, la protagonizada por los consumidores. Otra, más oculta y menos presente en los medios, la de las propias compañías distribuidoras y comercializadoras de electricidad.
El «fraude eléctrico» de los consumidores
La mayoría de los documentos consultados definen el fraude eléctrico como “la alteración ilícita de una instalación eléctrica con el fin de reducir, parcial o totalmente, el importe a pagar por la energía consumida”, definición que no deja de ser una simplificación interesada, y cuya autoría intelectual es evidente. Alguno incluso se atreve a más, matizando: “la manipulación o alteración de la instalación eléctrica o del dispositivo de medida, ajena a la empresa distribuidora…”, de la cual se puede deducir que, si la empresa distribuidora no es ajena a tal manipulación[1] deja de ser un fraude eléctrico.
Y, ¿tenemos datos que avalen la afirmación de que España es el paraíso del fraude eléctrico? Pues muy paraíso no parece, porque en sus propios informes afirman que “En cuatro de cada diez inspecciones realizadas por la empresa, se detectó un fraude”. Lo que quiere decir que en “seis de cada diez no lo encontraron”, lo cual demuestra que, o bien las sospechas que generaron las inspecciones no estaban justificadas, o en caso contrario es que no saben buscar.
Los mismos documentos citados establecen que los principales tipos de fraudes son:
- Manipulación del equipo de medida de un abonado: más sencillo con los contadores antiguos que con los actuales, consiste en manipular el aparato de contaje para que registre menor consumo que el efectuado.
- Derivación individual doble: consiste en añadir al suministro existente un «camino alternativo» que no pasa por el equipo de medida.
- Enganche ilegal a la red sin contrato de suministro. No necesita más explicación.
Según la mayoría de las fuentes[2] más de la mitad de las infracciones proceden de los enganches directos a la red sin contrato de suministro, es decir, de la conexión directa a la red de baja tensión, o incluso a las instalaciones particulares de otros usuarios. Siguen en importancia, nuevamente más de la mitad del resto, la Derivación individual doble, mientras que la manipulación de los equipos de medida y el cajón de sastre de «otras causas» se reparten el remanente hasta la totalidad de las infracciones conocidas.
Si bien es cierto que uno de los sectores donde los enganches ilegales han crecido de forma más espectacular es el de los cultivos de marihuana “indoor”, las propias compañías reconocen en sus estudios e informes que la mayor parte del volumen del fraude eléctrico es perpetrado por los grandes consumidores[3]. Tanto domésticos, viviendas en urbanizaciones privadas o casas unifamiliares independientes, como por empresas industriales y de servicios, que, a través de esta práctica ilegal, añaden una situación de competencia desleal respecto a las que sí cumplen sus obligaciones.
Estos datos contrastan fuertemente con la creencia habitual de que el principal nicho del fraude está relacionado con la pobreza energética. Solo el 1 % de los casos de fraude detectados por las compañías del sector se localiza en viviendas de consumidores vulnerables [4].
Además estos enganches directos y las dobles derivaciones individuales representan un enorme riesgo para las personas y los bienes. Para las personas porque tanto los que las perpetran como los que las manipulan pueden sufrir un choque eléctrico al no existir ninguna protección específica que lo evite. Para los bienes porque al no tener ningún tipo de protección de sobreintensidad pueden originar un incendio, difícil de detectar en origen, especialmente cuando están realizadas en un lugar oculto de una edificación, y muy peligrosas por los gases que se producen como resultado de la combustión de los polímeros con los que se realizan los aislamientos eléctricos.
El «fraude eléctrico» de los Suministradores
Aunque la definición oficial no lo contemple, las compañías eléctricas, distribuidoras y comercializadoras están en nuestra opinión igualmente incursas en comportamientos que se alejan bastante de lo que sería deseable. Y no hacemos referencia tanto a las incidencias en la continuidad en el suministro achacables a los problemas lógicos en toda instalación compleja, sino a cierto tipo de comportamientos menos justificables por razones exclusivamente técnicas.
Admitamos en primer lugar que los CEO de Iberdrola, Endesa, Naturgy, etc., tienen como preocupación fundamental la maximización y mejora de los resultados de la compañía que gestionan. En ese sentido, ¿dónde invertirán los recursos necesarios para la mejora de sus redes de suministro? ¿En los centros residenciales, comerciales y financieros de alto consumo energético o en los barrios periféricos de las grandes ciudades y en el entorno rural? ¡Los plazos de retorno de la inversión en uno y otro caso no pueden ser más dispares! Y, recordemos, la energía eléctrica es un servicio de interés público y no servicio esencial de titularidad pública, como proponemos.
Y en justa reciprocidad admitan estos CEO que el origen de los problemas en la calidad del servicio no son los enganches ilegales, sino la nula inversión en la mejora y mantenimiento de las redes de distribución de energía eléctrica de las periferias. Estas redes fueron proyectadas, calculadas e instaladas con los criterios, los datos de la demanda eléctrica prevista y las técnicas y materiales electrotécnicos disponibles en el momento de su instalación. En la mayoría de los casos más de cincuenta años. Y aunque los cables y transformadores sean “gente muy sufrida”, la capacidad de transporte de unos y otros se ven mermados por el aumento de la temperatura ambiente y cuadráticamente por el de la intensidad de la corriente transportada. Si a esto sumamos el hecho de que la coincidencia temporal de los consumos ha cambiado drásticamente con la generalización de los aparatos de aire acondicionado, no es de extrañar que en una situación de ola de calor como la que vivimos, la reparación de las instalaciones existentes sea tan inútil como remendar un trapo viejo.
El problema es que ¿quién se atreve a proponer la inversión necesaria para revertir esta situación de red de distribución que se cae a pedazos, centros de transformación muy anticuados en locales donde no caben máquinas nuevas, etc.? Es más fácil no hacer nada y justificar los problemas de calidad del servicio —cortes, bajadas de tensión, etc.— con el cínico y falaz argumento de el «fraude eléctrico».
Y esta inacción, este desprecio por el pequeño consumidor que abona religiosamente el importe de un producto que recibe en unas condiciones que vulneran las contractuales, ¿no es también un «fraude eléctrico»? Porque es muy cómodo afirmar que los consumidores pueden denunciar el fraude de sus vecinos, o presentar reclamaciones en relación con la calidad y continuidad del suministro de energía eléctrica, cuando saben perfectamente que miles de reclamaciones como estas duermen en el fondo de los cajones esperando una resolución que no llega.
A modo de conclusión
Conciliar las posturas de suministrador y cliente, si el interés de uno es cobrar lo más posible independientemente de la calidad del producto y el del otro es no pagar por la energía, es complicado. Y arrojarse a la cara argumentos de quién es el verdadero delincuente, el que hace un enganche ilegal o los que manejan los mercados energéticos, tampoco va a ayudar mucho a aclarar la situación. Los dos tienen sus razones, y —para ellos— buenas razones. Pero el problema no es de quién tiene o no la razón. El problema es el sistema capitalista, que, o acabamos con él, o él acaba con la humanidad.
De nuevo queda claro que no valen las soluciones parciales: el mundo va a cambiar de base, y debe cambiar más temprano que tarde. Lo que no debe ser excusa para no luchar por avanzar y por mejorar, mientras tanto, esta sociedad en la que nos toca vivir.
NOTAS:
[1] Recuerdo el caso de las grandes estafas ligadas a los contadores eléctricos, y las tramas de corrupción que sustentaban tales comportamientos, denunciadas en su momento por el ingeniero Antonio Moreno Alfaro con el apoyo de nuestro diputado Antonio Romero. Más información en http://www.estafaluz.com/
[2] La expresión utilizada, “según la mayoría de las fuentes”, tiene su origen en la dificultad de conciliar los datos reseñados en las diversas publicaciones consultadas para la elaboración de este artículo. Por ello citaremos los porcentajes en los que parecen coincidir las fuentes menos cercanas a las eléctricas.
[3] Según cifras aportadas por Naturgy, el 84,7% de los expedientes de fraude abiertos por la compañía en 2018 son de suministros cuya potencia contratada es mayor de 15kW, es decir muy por encima de los 4,4kW habituales de los consumos domésticos.
[4] Según el Real Decreto 1/2021, de 19 de enero, tienen la consideración de personas consumidoras vulnerables respecto de relaciones concretas de consumo, aquellas personas físicas que, de forma individual o colectiva, por sus características, necesidades o circunstancias personales, económicas, educativas o sociales, se encuentran, aunque sea territorial, sectorial o temporalmente, en una especial situación de subordinación, indefensión o desprotección que les impide el ejercicio de sus derechos como personas consumidoras en condiciones de igualdad.
