La diputada de Izquierda Unida y portavoz de Función Pública del Grupo Plurinacional Sumar, Engracia Rivera, ha explicado esta mañana de forma detallada ante el Pleno del Congreso por qué su grupo respalda el denominado decreto-ley ‘ómnibus’ “a pesar de que nos resulta insuficiente para satisfacer algunas reclamaciones”. En la misma línea, emplazó en un perfecto catalán a las formaciones que, como los independentistas de Junts, han amenazado con echar abajo su contenido a que permitan “que se tramite como proyecto de ley” y planteen ahí los problemas que consideren.
Rivera desgranó en su intervención los múltiples aspectos que mejora el contenido de esta norma. Dirigió una crítica muy especial a la derecha del PP que lidera Alberto Núñez Feijóo, a quien reprochó que “de acuerdo con sus barones, dice que no van a ‘salvar a Pedro Sánchez’, como si esto se tratara de un juego de niños”.
“Olvidan -advirtió- que todos esos fondos que se perderían si no se convalida el decreto a quien tienen que salvar no es al presidente, sino a la mayoría social de este país, la que no vive de rentas, la que necesita trabajar, necesita empleo, una reindustrialización y un cambio de modelo productivo”.
La parlamentaria sevillana de IU apuntó dirigiéndose directamente a la bancada del PP del Congreso —hoy sentada en el plenario del edificio del Senado al estar el Hemiciclo en obras— que “hoy tienen una oportunidad de oro para que comprobemos que han entendido lo que significa ser un partido de Estado que practica una oposición responsable, porque ya nos tienen acostumbrados a que no les preocupe la mayoría social de este país”.
Engracia Rivera recordó que el decreto, que busca adaptar el derecho a la tutela judicial efectiva de las nuevas realidades, “recoge un buen número de modificaciones y 259 millones de euros de presupuesto para modernizar y agilizar la Administración de Justicia. Este es un buen paso, pero nos resulta insuficiente para poder satisfacer las reclamaciones de las trabajadoras de la Administración”, por los que se comprometió desde el grupo de Sumar a “seguir trabajando para mejorar sus salarios, especialmente en la escala de Servicios Generales”.
El texto también incide en la Ley de Función Pública, de la que explicó que “decayó en la anterior legislatura”, así como modificaciones de la Ley de Bases (de Régimen Local) y completa la legislación del Estatuto del Artista.
Destacó que el conjunto del ‘decreto ómnibus’ “garantiza el cumplimiento de los objetivos y los hitos comprometidos en el Plan de Recuperación”, lo que “permitirá acceder al cuarto pago de los fondos europeos, que tiene un montante de 10.000 millones de euros. Si dicho decreto no se consolida, nuestro país perdería esos millones para dedicar a la reindustrialización estratégica”.
Crítica al abuso del decreto-ley
La diputada no eludió las críticas al texto, entre ellas sobre “la forma de aprobación, mediante decreto-ley”, de ahí que explicara que “no podemos aceptar determinadas justificaciones que vienen en la documentación como, por ejemplo, que la aprobación de decretos leyes para cumplir en plazo determinadas obligaciones es ya una costumbre. Esta figura legislativa es excepcional y no la pueden convertir en habitual”.
Incidió también en que la Administración de Justicia “necesita muchas inversiones y mucho talento para modernizarla, no sólo por la mejora de los servicios públicos, sino por la mejora de las condiciones de todo el personal que trabaja al servicio de la Administración o se relaciona profesionalmente con ella”.
Apuntó que de las modificaciones que se incluyen “surgen muchas incógnitas”, entre ellas que hasta ahora no se haya “mitigado la conflictividad laboral que vive desde hace tiempo la Administración de Justicia”.
“Queremos que sea una administración sin papeles y moderna, pero con diálogo y con participación de quién tiene que garantizar la calidad del servicio, que son las empleadas públicas, pero también con la participación de las diputadas de esta Cámara o de los profesionales que trabajan con la Administración de Justicia” y eso sólo podrá ocurrir si el decreto se tramita como proyecto de ley “y se abre la posibilidad de mejorarlo con la aportación de enmiendas”.
En cuanto al bloque referido a la Ley de Función Pública, señaló que en su motivación “se repite que hay que culminar el proyecto de una Administración del siglo XXI. Esto es loable y un objetivo compartido, pero no será una administración moderna si las empleadas públicas no tienen el derecho a la negociación colectiva, y este decreto ley demuestra que no la tienen”.
“No se puede hablar de Administración del siglo XXI -dijo- mientras haya colectivos de empleadas públicas precarizadas, como las auxiliares de ayuda a domicilio, o colectivos injustamente tratados como los TCAE. Por eso no habrá un sistema de función pública coherente y completo hasta que la precariedad y las situaciones discriminatorias no sean desterradas de nuestra Administración”.
Política Municipal
Engracia Rivera reservó sus últimas palabras para la política municipal, algo que preocupa especialmente a Izquierda Unida. Reconoció que el decreto contiene “medidas para las entidades locales concretas y que inciden en la garantía de la prestación de servicios públicos”, aunque advirtió que “no va resolver los problemas estructurales que tiene nuestra administración local”.
“Uno de los problemas fundamentales tiene nombre y se llama infrafinanciación. Hasta que no alcancemos el 33 % de participación en los tributos del Estado para las entidades locales no podremos hablar de suficiencia financiera. Emplazamos a los señores del PSOE a ese debate”, destacó.
