Tras la decisión del Ministro de interior, Grande-Marlaska, de considerar a las organizaciones medioambientales que emplean la acción directa como grupos «ecoterroristas» con su inclusión en el último informe de la Fiscalía General del Estado, mediante el cual se trata de criminalizar al movimiento ecologista en su conjunto, la Brigada de Información de la Policía Nacional está llevando a cabo un nuevo golpe represivo. Desde comienzos de diciembre se han detenido en varios puntos de España a 24 presuntos integrantes de las organizaciones ecologistas Futuro Vegetal y Extinction Rebellion, entre ellos sus tres «líderes», acusados de conformar una estructura criminal organizada para causar daños al patrimonio por valor de más de medio millón de euros.
A este colectivo se le atribuyen 65 hechos delictivos, entre ellos el lanzamiento de pintura lavable a la fachada del Congreso de los Diputados, el corte de carreteras de Madrid, daños a obras del Museo del Prado y el acceso a las pistas de los aeropuertos de Ibiza y Adolfo Suárez Madrid-Barajas, provocando el cierre temporal de las mismas, así como el «atentado» contra un local de la multinacional norteamericana McDonald’s en la capital murciana, por el cual, según fuentes cercanas se han detenido a 5 activistas, a pesar de que el aparato mediático murciano solo habla de 1 detenido.
Según ha informado mediante un comunicado emitido el pasado viernes 12 de enero la Jefatura Superior de Policía de Madrid, en el que habla de 22 detenidos, desmentido por fuentes de Futuro Vegetal reafirmando que son 24 detenidas ante las preguntas realizadas por nuestro medio, los arrestos se realizaron de forma coordinada en las ciudades de Madrid, Barcelona, Cádiz, Murcia, Elda (Alicante), Zaragoza, Granada, Valencia, Soria, Santander y San Sebastián. La investigación policial constató que la organización estaba compuesta por un elevado número de integrantes, con un claro reparto de tareas coordinados por líderes —conocidos como «dinamizadores»—, quienes asumían roles directivos y recibían remuneraciones por sus responsabilidades.
Muestras de solidaridad
En este contexto, en las últimas semanas se han producido multitud de colectivos sociales y medioambientales que han mostrado su preocupación por la creciente tendencia a la criminalización de los movimientos de defensa de la naturaleza, que se viene produciendo a nivel internacional desde hace años, como el caso de Francia que recientemente ha ilegalizado el grupo ecologista Les Soulèvements de la Terre acusándolos tambien de «ecoterrorismo», y que en nuestro país se ve especialmente favorecida por legislaciones como la ley Mordaza. Entre ellas se encuentra el tejido asociativo murciano, que ante las detenciones arbitrarias producidas en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia han promovido un manifiesto en solidaridad con las activistas detenidas, que demanda a las autoridades lo siguiente:
—Que se retiren todos los cargos y sanciones a las personas activistas de Futuro Vegetal detenidas.
—Que cese la criminalización de los movimientos sociales, que ha ido creciendo en los últimos años.
—Que se derogue urgentemente la llamada ley Mordaza, con la que se estableció en su día un marco de represión desproporcionada contra los movimientos sociales, que ejercen legítima y pacíficamente su derecho a manifestarse, a protestar y a plantear reivindicaciones ante las administraciones públicas.
—En el mismo sentido que el anterior punto, que se revise la aplicación del Código Penal, para evitar abusos injustificados y criminalización contra ciudadanos y ciudadanas por el ejercicio de sus derechos constitucionales, y se proceda a su modificación, si es necesario para ello.
—Que las administraciones que han declarado ya la Emergencia Climática, pasen del discurso a los hechos, y ejerzan políticas activas y urgentes de descarbonización, abandonando el preocupante postureo inmovilista actual. Y las que todavía no la hayan declarado, que lo hagan.
Entre las organizaciones políticas que ha se han sumado como firmantes al manifiesto emitido por los colectivos sociales se encuentra el Partido Comunista de la Región de Murcia y Izquierda Unida-Verdes. Que mediante su coordinador regional, José Luis Álvarez-Castellanos, han emitido esta semana declaraciones ante los medios donde exigen que se retiren todos los cargos y sanciones a las activistas detenidas; el cese la criminalización de los movimientos sociales y medioambientales, así como que se derogue urgentemente la llamada ley Mordaza.
Cese del Ministro Fernando Grande-Marlaska
Entre las voces más criticas con esta oleada de represión propiciada por el Ministerio de Interior se encuentra el Partido Comunista de la Región de Murcia, que el pasado viernes emitía un comunicado a través de su responsable de Movimientos Sociales, Israel López Marín, frente a la comisaría de la Policial Nacional donde fueron retenidas las activistas murcianas, exigiendo la dimisión o cese en caso contrario del Ministro Fernando Grande-Marlaska por la represión arbitraria al activismo medioambiental y la derogación inmediata de la ley mordaza, sumándose en solidaridad con las detenidas en Murcia, pertenecientes a Futuro Vegetal y Extinction Rebellion, por las pintadas en un McDonald’s de la avenida Juan de Borbón en diciembre pasado, así como con las detenidas en el resto del estado.
