El Gobierno de Coalición PSOE-UP, junto con los sindicatos de clase, han llevado a término en 2023 —tras la aprobación de la reforma de las pensiones en 2021— la actualización del Pacto de Toledo cuyos objetivos se resumen en garantizar la suficiencia de las mismas y reforzar la equidad, la sostenibilidad y la solidaridad del sistema. El acuerdo al que ha llegado el Ministerio de la Seguridad Social (MSS) con CC. OO. y UGT, cumple las normas del Pacto de Toledo, ya que contempla el aumento de las pensiones contributivas, las no contributivas y las de viudedad y, lo más importante en el caso de las mujeres: incluye un complemento para reducir la brecha de género. Ya en 2023, las pensiones aumentaron un 8,5 %, constituyendo un alivio importante para los y las pensionistas, cuyo poder adquisitivo había quedado muy mermado durante los gobiernos del PP. El acuerdo contempla además, su revalorización anual según la variación del IPC medio interanual de los 12 meses previos al diciembre del año anterior, petición largamente solicitada por los partidos de la izquierda y los sindicatos obreros. Todo ello, con el objetivo de garantizar el poder adquisitivo de las y los pensionistas y mejorar su calidad de vida, no sólo en 2024, sino también en los años siguientes.
La media de las pensiones contributivas, —las de las personas que han cotizado a la Seguridad Social y cuya cuantía depende de sus prestaciones— estaba en torno a los 900 euros mensuales en 2021 y ha alcanzado los 1.197,87 euros en noviembre de 2023, viviendo de ella más de seis millones y medio de pensionistas. Gracias al acuerdo firmado entre el MSS y los sindicatos obreros, aumentarán en 2024 hasta el 3,8 %, porcentaje ajustado al crecimiento de la inflación media entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023, estimada en el 3,2 %, y se revalorizarán sucesivamente al comienzo de cada año según la variación anual del IPC, tal como se ha referido con anterioridad. Si esta variación fuera negativa, la cuantía de la pensión no sufriría modificación alguna el año siguiente. En el caso de personas mayores de 65 años con el/la cónyuge a su cargo, la pensión contributiva mínima se incrementará progresivamente entre el 5 % y el 7 % desde 2024 a 2027 de forma que supere el umbral de pobreza calculado para un hogar compuesto por dos personas adultas que es de 15.132 euros anuales (a fecha de 2022), —el umbral de pobreza se calcula analizando el 60 % de la mediana de ingresos anuales por unidad de consumo de los hogares de toda España—. Cuando existan pensiones concurrentes, la suma de todas ellas no podrá superar el importe de la cuantía máxima vigente en la fecha del hecho causal de la nueva pensión, pero su revalorización se llevará a cabo también según el IPC.
Las personas que no han cotizado lo requerido para tener derecho a una pensión contributiva y carecen de recursos económicos suficientes, se benefician de una pensión no contributiva, acogiéndose a una de las dos modalidades existentes: de jubilación o de discapacidad o invalidez. Según estadísticas del IMSERSO, la entidad que se encarga de su gestión, 440.000 personas, de las que el 75 % son mujeres, recibe este tipo de retribución, en forma de 14 pagas que oscilan entre los 484,61 euros mensuales de la máxima y los 121,15 euros mensuales de la mínima. En caso de sufrir una discapacidad del 75 %, la retribución es de 726,92 euros al mes. El acuerdo actual entre el MSS y los sindicatos obreros supone un incremento del 6,9 % en este tipo de pensiones para 2024, que se revalorizarán anualmente según el IPC con la referencia de multiplicar por 0,75 el umbral de la pobreza de un hogar unipersonal, que es de 10.088 euros anuales (a fecha de 2022). Si bien el acuerdo en este punto es importante, resulta claramente insuficiente para que esta mayoría de mujeres puedan vivir dignamente, teniendo en cuenta que no pueden recibir otro tipo de prestaciones.
Menores pensiones, mayor compensación
La Ley de la Seguridad Social introduce un complemento para compensar el perjuicio profesional derivado de la maternidad
La brecha de género refleja la diferencia salarial en lo que perciben hombres y mujeres, siendo la pensión media de jubilación 42 % veces menor en mujeres mayores de 75 años con respecto a la de los hombres, porcentaje que se reduce al 23 % en aquellas con edad comprendida entre los 65 y 69 años. En 2017, el 60 % de las mujeres recibían una pensión menor de 500 euros al mes frente al 6 % en el caso de los hombres, debido mayormente a su menor cotización frente a la de los hombres. A pesar que desde 2020 la brecha se ha ido reduciendo paulatinamente, se halla todavía en torno al 33 %. Por este motivo, la Ley de la Seguridad Social ha introducido un complemento, dirigido especialmente a las mujeres, ya que está asociado a la acreditación de un perjuicio en la carrera profesional en los períodos posteriores a tener un hijo/a natural o adoptado/a. La cuantía del mismo se determina en los Presupuestos Generales del Estado y para el año 2023 se ha fijado en 30,40 euros por cada hijo/a. La percepción de esta ayuda se suma a la de la pensión, sea de jubilación —excluida la parcial—, incapacidad o viudedad y se revalorizará anualmente según el IPC. Solo se requiere para solicitarlo, además de tener hijos, estar adscrita a cualquier régimen del sistema de la Seguridad Social y se puede mantener en tanto la brecha de género de la pensión de jubilación causada en el año anterior, sea superior al 5 %. Las personas que hayan perdido la patria potestad no podrán beneficiarse de ello; si el solicitante es hombre, queda excluido además en el caso de haber sido condenado por violencia de género. A pesar del importante avance que supone la percepción del complemento para las mujeres, queda mucho por hacer, siendo las áreas de feminismo del PCE y de IU, las áreas de Igualdad de CC. OO. y la Federación de Pensionistas de CC. OO., las organizaciones más reivindicativas en este campo, quienes debemos seguir luchando para eliminar definitivamente la brecha de género en las pensiones.
El acuerdo ha incluido un importante aumento de la pensión por viudedad con cargas familiares —personas que conviven con hijos menores de 26 años o discapacitados—, de forma que, siendo la retribución de 905,76 euros al mes en 2023, ascenderá en 2024 el 14 %, por lo que estas personas percibirán 1.033 euros mensuales. El pacto es beneficioso para las mujeres, ya que son las viudas la mayor parte de quienes perciben esta retribución, aunque también las parejas separadas o divorciadas y los viudos pueden beneficiarse de ella. Asimismo, el decreto equipara la cuantía de la pensión mínima de viudedad a la pensión de jubilación y se revalorizará anualmente según el IPC como en el resto de casos.
En general, podemos decir que la reforma de las pensiones resulta positiva para los 4,5 millones de mujeres y 4,6 millones de hombres pensionistas que hay en España, pero debemos seguir avanzando en derechos, ya que es necesario por una parte conseguir aumentar las no contributivas de forma que estas personas puedan vivir holgadamente, y por otra parte adecuar el mercado laboral al siglo XXI, para erradicar la precariedad y la temporalidad de los trabajos de los /as jóvenes, y eliminar la brecha de género, para que los/as futuro/as pensionistas puedan disponer de pensiones dignas.
Fuentes:
- Observatorio Social de las Personas Mayores para el Envejecimiento Activo, 2021, de CCOO pensionistas y la Fundación 1º de Mayo.
- Ley de Seguridad Social consolidada.
- Las pensiones de viudedad en España. Luisa Fuster, Universidad Carlos III, 2021, Fedea.
