Defendiendo el derecho a la vivienda: se amplía la moratoria antidesahucios

El Consejo de Ministros, emanado del acuerdo de gobierno suscrito entre PSOE y SUMAR, amplía la moratoria antidesahucios hasta el 31 de diciembre de 2024.La moratoria vigente finalizaba el 31 de diciembre de 2023 y se había recogido en el real Decreto 5/2023 que prorrogó la establecida en las medidas del “escudo social” frente a la crisis desatada por la pandemia de la COVID. La primera moratoria se recogió en el Real Decreto de 31/03/2020.

Es importante recordar que la moratoria vigente finalizaba el 31 de diciembre de 2023, lo que supone para decenas de miles de personas y familias trabajadoras verse abocadas a la expulsión de sus hogares en un contexto de crisis económica, de alta inflación y de precios disparatados de la vivienda, tanto en alquileres como en hipotecas.

El Gobierno se ha hecho eco de las demandas de ampliación de la moratoria efectuadas por los movimientos sociales en defensa del derecho a la vivienda, en particular las PAHs y Sindicatos de Inquilinos, organizaciones sindicales y colectivos defensores de los DD. HH. Posiciones secundadas por el PCE que ha formulado propuestas técnicas para la ampliación canalizadas a través de su secretario general y portavoz parlamentario de IU en el Congreso de los Diputados, Enrique Santiago.

La ampliación de la moratoria antidesahucios supone la suspensión de los procedimientos de desahucio que se tramitan en los Juzgados y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Así hasta el 31 de diciembre de 2024 en todos los juicios sobre reclamaciones de renta o cantidades debidas por el arrendatario, o la expiración del plazo de duración de contratos suscritos conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos, que pretendan recuperar la posesión de la finca, se haya suspendido o no previamente el proceso, la persona arrendataria podrá instar un incidente de suspensión extraordinaria del desahucio o lanzamiento ante el Juzgado por encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas con las que conviva.

Así mismo, si no hubiese fecha fijada para el lanzamiento de la vivienda se suspenderá dicho plazo o la celebración de la vista. Y además sigue siendo preceptiva la comunicación a los Servicios Sociales competentes para intervenir en la búsqueda de soluciones que garanticen vivienda digna para todo/as antes de la finalización del plazo máximo de suspensión. Por lo que las Administraciones públicas competentes deberán adoptar las medidas indicadas en el informe de servicios sociales que se haya emitido.

Los procedimientos judiciales que verán prorrogada la suspensión o que no se podrán iniciar serán también los que se encuentren siendo objeto de tramitación en los juzgados penales por haberse producido una denuncia previa por ocupación de inmuebles para habitarlos siempre.

Todas las suspensiones operan frente a los grandes tenedores y especuladores de vivienda, ya sean bancos o sus entidades inmobiliarias vinculadas, o fondos buitre de inversión, siempre que las personas afectadas que no pueden hacer frente a las rentas de alquiler, o que ocupan la vivienda sin título, acrediten alguna de las situaciones de vulnerabilidad económica contempladas en la norma que se va a aprobar.

Esta prorroga de la moratoria es más que necesaria en estos momentos porque la Ley de Vivienda, que entró en vigor el pasado 25/05/2023, no cubre muchos de los casos que se van a ver beneficiados por ser anteriores a la misma. Es decir, la medida cubre a más gente, bien porque ya se les había suspendido previamente el lanzamiento o desahucio, bien porque se iban a enfrentar a la situación en breve. Es de destacar que los juzgados ya están reactivando los procedimientos de desahucios suspendidos fijando fechas de lanzamientos para los primeros días hábiles de enero de 2024, y que según la PAH afectaría a cerca de 72.000 casos.

Esta medida es de urgencia y coyuntutal, y sabemos que no es la solución del problema de acceso a la vivienda en nuestro país. Pero es un punto de apoyo fundamental para enfrentar en tiempo real, aquí y ahora, al oligopolio financiero/inmobiliario, que pretende que asumamos que los derechos de la mayoría son mero papel y que el único derecho a proteger es el de la propiedad privada de los grandes tenedores de vivienda, de los bancos y de los “negociantes” con los derechos humanos. Y de ahí que gasten ingentes recursos económicos en campañas publicitarias que criminalizan a quienes expulsan del mercado. Campañas de manipulación mediática realizadas contra los intereses de la inmensa mayoría y contra la clase obrera, y a mayor gloria de compañías de alarmas y bandas mafiosas neofascistas disfrazadas de empresas de desokupación.