Resulta difícil negar la evidencia; nos encontramos ante una crisis institucional en el ámbito de la Justicia que ha alcanzado niveles alarmantes, tanto en lo que concierne a la desafección ciudadana como a lo que corresponde al impulso y organización de la labor de administrar justicia y ejecutar lo juzgado.
Por una parte, tenemos el descredito que supone para una buena parte de la sociedad de nuestro país el continuo reguero de resoluciones judiciales con un marcado componente conservador, incluso de persecución política contra personas vinculadas a la izquierda o el independentismo. Esa actuación ha provocado el creciente distanciamiento de millones de personas ante una Justicia en la que, sencillamente, no creen por estar en manos de jueces que parecen responder más a criterios políticos vinculados a la derecha política y económica que al debido afán de impartir decisiones imparciales que respondan, en todo caso, al axioma constitucional según el cual la justica emana del pueblo.
Por otro lado, nos encontramos ante el bloqueo que las derechas vienen practicando desde hace 5 años para no renovar el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPG). Lo hacen con el claro objetivo de impedir que jueces progresistas lleguen a las altas instancias judiciales para nutrir de otras visiones —en este caso escoradas a la izquierda— las sentencias de órganos como el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional. Si la justicia emana del pueblo, y este se expresa democráticamente cada cierto tiempo por medio de elecciones libres, las resoluciones judiciales deben recoger, dentro de parámetros de imparcialidad y juicio justo, el balanceo hacia las posiciones ideológicas que el pueblo soberano vaya estableciendo, siendo en cambio una anormalidad democrática pretender que las resoluciones judiciales, en especial la de las altas instancias que van fijando la jurisprudencia, queden petrificadas con un sesgo conservador que no represente a las aspiraciones y anhelos del pueblo soberano. La pretensión de las derechas de que los jueces elijan sus órganos de gobierno, en donde a su vez se eligen los puestos de la cúpula judicial, no resulta democrática ni compatible con lo establecido en nuestra Constitución en lo que se refiere a la emanación de todos los poderes del Estado de la voluntad popular. A este asedio hay que añadir el intento de bloquear también la renovación del Tribunal Constitucional (TC) e impedir una mayoría progresista, incluso con la intervención de la vieja mayoría del TC para paralizar un cambio normativo por parte de las Cortes Generales, intento que finalmente quedó superado ante la evidencia de que ese bloqueo en renovar el TC superaba todas las líneas rojas de un Estado de derecho.
Claro que hay que hablar de guerra sucia judicial
Cabe preguntarse, ¿cómo hemos llegado a esta situación? Realmente no nos encontramos ante un hecho nuevo, ya que el sesgo conservador de la judicatura siempre ha estado ahí, como encarnación de una de las patas del Estado burgués, así como la pretensión de que los jueces elijan ellos mismos a los miembros del CGPJ o, directamente, la existencia en otros momentos desde 1978 de bloqueos por parte de la derecha para tratar de impedir una mayoría progresista en el CGPJ. Lo más preocupante es que esta deriva se ha agudizado a niveles nunca conocidos en los últimos 40 años.
Resulta clave, por tanto, atender al momento sui generéis que desde el año 2015 se abrió en la política española, con la quiebra del bipartidismo y la apertura de una posibilidad de cambio político que, sin duda, apresuró la carrera en el partido togado para intervenir en la política desde los tribunales. El bloqueo reaccionario se lleva las manos a la cabeza por la utilización en España del concepto de lawfare, pero lo cierto es que desde 2015 hemos asistido a una retahíla de casos en los que el despropósito y los procesos injustos hacen que hablar de guerra sucia judicial sea una necesidad democrática. La persecución judicial a Podemos, Izquierda Unida o el independentismo es un hecho, con casos como los Alberto Rodríguez, Sánchez Mato, Vicky Rosell, Isa Serra, Antonio Rodrigo Torrijos, Ada Colau o Mónica Oltra que nos muestran una realidad difícil de negar. A ello debe sumarse la desproporcionada persecución del independentismo por parte del Tribunal Supremo. Tampoco es ajeno el bloqueo en la renovación del CGPJ; la derecha ha utilizado cualquier excusa ligada al cambio político (los acuerdos con Bildu, los indultos, la posible entrada de vocales comunistas o de Podemos o la ley de amnistía) para bloquear cualquier acuerdo para la renovación, además de usar a su mayoría caduca como ariete contra el gobierno. Parece como si una especie de rabia o pataleta constante se haya apoderado del PP y sus aliados, incapaces de asumir la realidad democrática de nuestro país.
Devolver la Justicia al pueblo
Ante esta situación, ¿qué hacer? Desde luego, resulta necesario democratizar el acceso a la carrera judicial, modificando dicho sistema de acceso para que este no se limite a personas con posibilidades económicas para sufragar una oposición esencialmente memorística. También hay que abordar un cambio de ley para evitar que pueda seguir funcionado un CGPJ cuyo mandato esté caducado. Y si la derecha plantea que hay que cambiar el sistema de elección del órgano de los jueces para despolitizarlo, caben dos opciones: persistir en que el actual sistema es democrático y permite la participación indirecta del pueblo soberano por medio de la Cortes, o bien plantear un sistema de elección popular de los miembros del CGPJ, como plasmación de que todos lo poderes del Estado emanan del pueblo. Democracia, pero de verdad.
(*) Coordinador de IU en el grupo parlamentario de Sumar
