El 8 de diciembre del pasado año, el buque mercante Toconao pierde parte de su carga en aguas portuguesas. Entre los contenedores perdidos, va uno cargado de pellets de plástico cuyo contenido empieza a llegar a las costas el 13 de diciembre, según denuncian colectivos como Noia Limpa. A pesar de que, según las autoridades portuguesas, el aviso del vertido se había realizado el mismo 8 a las autoridades españolas, la Delegación del Gobierno en Galicia fecha ese día como el de primera comunicación a través de los servicios del 112 de la Xunta. El 20 de diciembre, el abogado de los armadores reconoce los hechos a Salvamento Marítimo y se pone a disposición para el pago de costes.
En esos días, y con más fuerza en los primeros de enero de este año, asistimos al cruce de reproches entre las administraciones estatal y gallega. Los discursos y planteamientos que se hacen públicamente desde la Xunta rozan el esperpento, cambiando el relato a conveniencia sobre la toxicidad de los pellets perdidos, las competencias sobre limpieza o el nivel de alerta.
Finalmente, y cuando la contaminación por plásticos afecta ya a otras comunidades autónomas como Asturias que inmediatamente elevan la alerta a nivel 2, la Xunta se decide a actuar.
Todos los días previos, la limpieza y medidas preventivas han sido asumidas de manera mayoritaria por organizaciones sociales, ecologistas y personas voluntarias de los municipios costeros afectados que asistían con desesperación a un nuevo ejemplo de dejación de funciones y mentiras por parte del Gobierno del PP de Galicia.
El 8 de enero, además, la Fiscalía de Medio Ambiente abre diligencias por indicios de toxicidad en esa carga perdida de 26,2 toneladas de pellets o, lo que es lo mismo, cientos de millones de pequeñas bolas de plástico de menos de cinco milímetros de diámetro. También Ecologistas en Acción interpone una demanda penal ante el Juzgado de Noia contra la empresa propietaria del Toconao y se pide que se le imponga a la empresa una caución de 10 millones de euros para hacer frente a la limpieza del vertido.
Se necesita garantizar medidas para acabar con la impunidad de las empresas transportistas que diariamente pasan por nuestras costas con mercancías peligrosas de las que apenas sabemos
Acabar con la impunidad
El 21 de enero, además, ha tenido lugar una marcha bajo el lema “En defensa do mar” donde distintas plataformas y organizaciones han salido a reclamar respuestas ágiles y eficaces ante este desastre sin perder el foco en el asunto clave: la necesidad de articular medidas para acabar con la impunidad de las empresas transportistas que diariamente pasan por nuestras costas (y las de otros muchos lugares) con mercancías peligrosas de las que poco sabemos. Las empresas se saben, en la práctica, impunes a las leyes y tienen mecanismos para evitar la rendición de cuentas e incluso la obvia transparencia que requiere este tipo de transporte.
Y aquí es donde debemos poner, sin duda, el acento: acabar con la impunidad y el descontrol del negocio de la contaminación por plásticos, una de las principales amenazas globales a la biodiversidad y la salud de los ecosistemas marinos (y por ende, huelga decirlo, a nuestra propia salud).
Distintos estudios como el de la Universidad Estatal de Florida cifran en 17 millones de toneladas de plástico lo que se ha vertido de una manera u otra a los mares del mundo. Y subiendo.
Solo en Europa las cifras anuales son sobrecogedoras: 160.000 toneladas de pellets de plástico llegan a nuestros ecosistemas marinos y terrestres, con todo lo que ello implica: infiltración en la cadena alimentaria, plasticosis o microlesiones en tejidos internos, bioacumulación, alteraciones en los ecosistemas marinos y afecciones a la biodiversidad.
El lobby de la industria petroquímica
Por no hablar de cómo se producen estas pequeñas esferas de plástico; detrás de la producción tenemos toda una serie de nombres que nos sonarán como sospechosos habituales: ExxonMobil, Repsol, BASF, DuPont…que, a partir de gas natural o petróleo producen cada año trillones de pellets de plástico que llevan décadas acumulándose en distintos puntos de las costas europeas sin que se les haya apenas tosido.
Ante eso, un anuncio esperanzador por parte de la Comisión Europea el pasado mes de octubre: primer anuncio de regulación de estos pellets (o nurdles) para reducir los vertidos de este tipo de materiales hasta en un 74 % para 2030. Un anuncio, como digo, esperanzador porque, a pesar de las regulaciones estrictas que en materia de uso de plásticos se han ido aprobando, en lo tocante a microplásticos la situación es de ley de la selva: nada obliga, por ejemplo, a que las empresas del ramo hagan públicos los datos sobre contaminación y dispersión de este material o sobre las medidas previstas para prevenir este tipo de pérdidas.
Menos esperanzador resulta el contexto: por un lado, la industria petroquímica ejerciendo un fuerte lobby para evitar una regulación estricta. Por otro, las elecciones europeas previstas para junio de este año y las dudas sobre la sensibilidad ambiental del nuevo Parlamento.
Y por otro lado más, que habremos de atender con urgencia, es que la contaminación por pellets debido a los vertidos son una mínima parte del total. Sin pretender restar importancia a estos hechos, por supuesto, habremos de impulsar medidas que aborden cambios estructurales en toda la cadena de suministro, desde la producción al transporte. Solo así podremos decir que estamos acercándonos a una solución real al enorme problema de la contaminación por plásticos.
Que hacen falta más recursos y más agilidad en su puesta en marcha para abordar las crisis no lo puede negar nadie.
Tampoco se puede negar que, para atajar el problema de raíz, se han de garantizar medidas, leyes y previsión de sanciones suficientes para acabar con la impunidad de las empresas.
La pregunta entonces es, ¿quién le pone el cascabel al gato?
