El 20 de octubre de 2022, el Boletín Oficial del Estado publicaba la Ley 20/2 022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. Una ley aprobada en el Congreso con los votos en contra de la derecha y la extrema derecha.
Con esa ley la izquierda española, con la participación del movimiento memorialista, enmienda una parte de la deuda histórica que nuestro país tenía con los luchadores y luchadoras que defendieron la legalidad constitucional en la II República y durante la dictadura franquista fueron perseguidos, encarcelados, torturados y asesinados hasta los últimos días de vida del dictador.
Esta ley contaba con un precedente, la ley de memoria histórica de 2007 del PSOE que no satisfacía ni a la izquierda transformadora ni al movimiento memorialista. Aquella ley permitió que las comunidades autónomas comenzaran a elaborar sus propias normativas en memoria democrática, 14 comunidades autónomas, la última Cantabria en 2021 y que hoy la derecha y la extrema derecha pretenden derogar. Nada es casual y el intento de derogar leyes autonómicas y sustituirlas por supuestas “leyes de concordia”, no solamente supone un agravio a las víctimas, ayuda y contribuye a la involución democrática.
Quienes dieron el golpe de Estado en España “murieron en sus camas rodeados de sus familiares“ y fueron homenajeados durante 40 años. Hoy la derecha y la extrema derecha intentan blanquear de nuevo el golpe de Estado y la dictadura.
Durante 40 años en nuestro país muchas personas fueron condenadas por defender la democracia, sindicarse, militar en un partido político, guardar en casa textos contrarios al régimen franquista, una represión institucional, sistémica y planificada desde el poder político, trabajos forzosos, sanciones, desapariciones, incautaciones, todo con los medios del Estado.
No hay suelo firme para una democracia si ésta no se asienta en el conocimiento de los episodios antidemocráticos y fascistas de nuestra historia entre los que se encuentra el franquismo. Una democracia no puede aceptar nunca equidistancia entre agresores y víctimas. Las víctimas lo son de una dictadura militar asentada sobre un golpe de Estado y una victoria bélica, cuyos principios eran radicalmente contrarios a cualquier principio democrático y constitucional.
La derecha y la ultraderecha se opusieron a la ley de memoria democrática y hoy pretenden derogar leyes autonómicas. Las involuciones democráticas no son fruto del pasado, ejemplos como el de un grupo de insurrectos que asaltaron el Capitolio, o los constantes ataques a la democracia y el Estado de derecho protagonizado por la extrema derecha en Polonia y Hungría nos deberían alertar sobre lo que algunos pretenden instaurar en nuestro país.
A la derecha española que legitimó la persecución de los demócratas durante la dictadura le asusta que el desarrollo de la ley saque a la luz su implicación con el régimen
Desmontar el relato
A la derecha española no le gusta la ley de memoria democrática, pero sobre todo le asusta que su desarrollo saque a la luz su implicación con el régimen, su nostalgia del pasado y su visión positiva respecto al franquismo.
El PP se fundó en 1976 como Alianza Popular por parte de siete ex ministros de Franco y a la cabeza Manuel Fraga Iribarne. Figuras claves de la propaganda franquista y que presentaron a la dictadura como un régimen “aperturista” fueron quienes prepararon el terreno para la transición a la democracia en nuestro país. Un relato que aún pervive en la memoria de la derecha y de algunos sectores de la sociedad española.
La ley de memoria democrática desmonta todo su relato, un relato que diferenciaba dos etapas del franquismo, de 1936 a 1939, etapa que la derecha nostálgica y franquista asocia a los males de una guerra fratricida, de la que todas y todos fuimos culpables y por lo tanto merece ser olvidada para evitar “reabrir heridas”. Y una gloriosa etapa de 1959 a 1977 de calma social y de desarrollo del país; olvidando que en ese periodo se mantuvieron la represión, las torturas y los asesinatos de cientos de demócratas; a la vez que se producían las movilizaciones de una sociedad que jugó un papel fundamental en la conquista de la democracia.
Antiespañoles, ¿en nombre de quién?
La derecha en nuestro país puso mucho empeño en mostrar una visión negativa y señalar como delincuentes a los “vencidos y vencidas” en la guerra civil, presentándolos como antiespañoles, discurso que parece que sigue conectando con una parte de la sociedad; el discurso de la derecha y la extrema derecha sigue siendo presentar a las defensoras y defensores de las libertades y los derechos humanos como antiespañoles y poco patriotas, proclamas que se utilizan como armas políticas y que conectan y nos recuerdan aquel nacionalismo español excluyente, conservador y ultracatólico de Menéndez Pelayo del siglo XIX.
Nuestra tarea como comunistas es conseguir implementar en toda su extensión la ley de memoria democrática para evitar una involución democrática
La memoria franquista existe y se encargó únicamente de honrar “vencedores” que fueron enterrados con dignidad y recordados aún hoy en la esfera política. Una derecha, que deshumanizó y desnacionalizó a quienes luchaban por las libertades y la democracia en nuestro país.
Nuestra tarea como comunistas es conseguir implementar en toda su extensión la ley de memoria Democrática para evitar una involución democrática.
Conquistando más derechos, más justicia social, más libertades, más reparación de las víctimas del golpe y el franquismo, contribuimos a consolidar y desarrollar la democracia que nuestro país necesita. Una democracia que avance hacia una sociedad de personas libres y felices. Llevar al límite el desarrollo de la democracia como horizonte de un futuro socialista.
