La ultraderecha ha conseguido en Castilla y León imponer su agenda, derogando el Decreto de Memoria Histórica y Democrática vigente, pese a que éste fue aprobado en 2018 por el mismo Partido Popular que ahora se entrega a Vox. Según Raúl de la Hoz (PP), la ley pasa a aludir a «todas las víctimas por igual». El portavoz de Vox, Carlos Menéndez, explicó el pasado 26 de marzo que el periodo que cubre la ley pasa a remontarse hasta los inicios de la II República, en línea con el revisionismo histórico que intenta justificar con sucesos previos el golpe de Estado fascista de 1936.
Esta medida formaba parte del acuerdo de gobierno entre el PP y Vox en Castilla y León. Como era de esperar, la comunidad investigadora se movilizó para firmar una declaración titulada «No hay concordia sin memoria», en la que denuncian que el objetivo de la medida es paralizar cualquier acción efectiva de recuperación de la memoria histórica, en una Comunidad en la que hubo —al menos— 16.000 víctimas mortales de la represión franquista. A la falta de rigor histórico de la nueva Ley de Concordia, se suman gestos de exaltación de símbolos fascistas, como la declaración como bien de interés cultural de la «Pirámide de los italianos», considerada un «mausoleo a la memoria de Mussolini» y de las tropas fascistas italianas que acudieron en apoyo del golpista Francisco Franco.
La medida evita mencionar a la dictadura o al franquismo, acudiendo a un ejercicio de falsa equidistancia en el que se reconoce «a todas las víctimas». En opinión de Emilio Silva Barrera, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), este «negacionismo» de la ley podría bloquear muchas exhumaciones e impedir las reparaciones a las víctimas, ya que en su artículo 4.4 establece la prohibición de revelar la identidad de las víctimas localizadas y sus familiares.
Ante esta situación, el PCE en Castilla y León ha exigido la retirada de la Proposición de Ley, recordándole a la Junta su obligación de cumplir con la Ley Estatal 20/2022 de Memoria Democrática y con las resoluciones de la ONU sobre las víctimas de la guerra y de la dictadura en España. «Tanto PP como Vox son herederos directos de aquellos que decidieron acabar con el sueño republicano y sumir al país en una dictadura fascista», señala el comunicado.
Los comunistas denuncian el intento de volver a un relato de «guerra entre hermanos», propio del tardofranquismo y refutado por la historiografía. Han calificado la propuesta de la ultraderecha de «homenaje al fascismo» y han hecho un llamamiento a la clase trabajadora, al resto de partidos, a los sindicatos y a las asociaciones memorialistas para hacer frente común contra la Proposición de Ley: «Hoy, como en el 36: NO PASARÁN», concluyen.
