El pasado 16 de marzo tuvo lugar la Asamblea General del Foro de Abogados y Abogadas de Izquierdas – Red de Abogados Demócratas. En dicha Asamblea, la asociación de abogados pasó a llamarse Foro de Abogacía i Democracia – Red de Abogacía Demócrata (FAiD- RADE), un nombre más incluyente y semejante a otras asociaciones de abogacía de izquierda en Europa.

La Asamblea General del FaiD- RADE se desarrolló tras dos conferencias de carácter jurídico, siendo la primera el «Secuestro del CGPJ. Consecuencias políticas en el funcionamiento de la Justicia» a cargo de Enrique Santiago, secretario general del PCE, que acudió en calidad de abogado y portavoz de Justicia del Grupo Plurinacional de Sumar en el Congreso de los Diputados; Concepción Sáez (letrada de la Administración de Justicia y ex vocal del CGPJ) y Félix Pantoja (ex fiscal del Tribunal Supremo retirado y ex miembro del CGPJ). Los ponentes insistieron en la necesidad de democratizar el Consejo General del Poder Judicial y denunciaron las injerencias políticas en el órgano de gobierno del Poder Judicial.

La segunda conferencia, titulada «La impunidad en el derecho internacional, el caso de Palestina», se inició con un saludo del eurodiputado del GUE/NGL, Manu Pineda, quien es presidente de la Delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con Palestina y ha luchado por la causa del pueblo palestino desde que inició su actividad institucional, continuando la conferencia César Estirado (fiscal de la Unión Progresista de Fiscales) y Raji Sourani, abogado palestino que sin duda protagonizó la ponencia más emocionante narrando en primera persona cómo sobrevivió a los bombardeos de los sionistas y la naturaleza genocida de los ataques contra la población palestina.

La Asamblea finalizó con el cambio de dirección, elegiendo como presidente del FaiD- RADE a Antonio Segura, secretario de Justicia del PCE, y como vicepresidenta a Aína Díaz. La Asamblea aprobó también dos resoluciones. En la primera se condena la injerencia del Gobierno en el debate sobre la indemnización por despido a través de la recusación por parte del Estado Español, defendida por la experta ante el Comité Europeo de Derechos sociales Carmen Salcedo. La segunda resolución fue de adhesión a la Marcha estatal por la República del 16 de junio que congregará en Madrid a todo el movimeinto republicano.

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