El pasado mes de marzo fuimos testigos de la intención del juez y magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, de combatir la piratería dictaminando la orden de suspensión cautelar del servicio de Telegram, que nos ha dejado a todas perplejas y que terminó por dar marcha atrás por considerarla excesiva tras un informe de la Policía Nacional. Sin embargo, más allá de dar nuestra opinión sobre este intento, dando alas a la demanda de grandes empresas frente a los derechos de las personas que utilizan estas herramientas, queremos aprovechar el momento para apuntar hacia el debate de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería.

No pasa desapercibido que el sector está caracterizado por ser un oligopolio, ya que la mayor parte del uso de estas herramientas se concentra en pocas aplicaciones y la propiedad de las mismas están en pocas manos. En relación a las aplicaciones de mensajería más usadas, en España más del 94 % de las personas usa Whatsapp y en torno al 18 % usa Telegram. En cuanto a las redes sociales, más del 50 % usa Facebook y una proporción prácticamente similar usa Instagram. Este carácter oligopólico, yendo al caso que nos ocupa, supone un peligro mayor para la libertad de expresión. Cuando todas nos comunicamos usando las mismas aplicaciones, el control sobre esta comunicación queda en manos de muy pocas compañías (pensemos en por qué seguíamos con tanta atención cualquier idea de Elon Musk respecto a X/Twitter). En este contexto, una decisión judicial como la de este caso no solo puede ser más o menos correcta según el Derecho, sino que su efecto represivo es patente.

Un mercado oligopolístico está dominado por un número pequeño de empresas, existiendo un gran desequilibrio de poder entre éstas, herramientas alternativas y las personas que las utilizan. Es en este ambiente en el que nos movemos cuando hablamos del sector de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería. Crear una nueva red social no es fácil y necesita de una gran inversión de capital, ya que requiere de una infraestructura, mano de obra, así como de una herramienta propagandística capaz de hacer que funcione y sea atractiva a las personas potenciales de utilizarlas. En caso de que herramientas nuevas despunten, éstas son compradas rápidamente por empresas ya instaladas en el sector. Además, las empresas dueñas de RR. SS. y aplicaciones de mensajería son más poderosas cuanto más usuarias utilizan sus herramientas, por lo que estamos ante una pescadilla que se muerde la cola.

La necesidad de tener alternativas

Esto no quiere decir que las opciones mainstream sean las únicas existentes. Cada día crecen los usuarios de alternativas a los grandes servicios, como puede ser Matrix para la mensajería, Mastodon para el microblogging o Pixelfed para compartir fotos y vídeos, cuya principal característica es que cualquiera puede alojar un servidor de estos servicios, con sus propias normas. Su crecimiento ha demostrado que la propiedad de una aplicación de mensajería o red social no es algo exclusivo de los grandes capitales. No obstante, no son realmente masivas ni participan del brutal negocio de compraventa de datos, siendo útiles (especialmente para comunidades concretas o para propósitos organizativos) pero incomparablemente menos poderosas que sus equivalentes mainstream.

En este sentido, es relevante analizar quiénes son los propietarios de las principales redes sociales. En 2022 el magnate Elon Musk compró Twitter, ahora X. Por otra parte, la concentración más importante de redes sociales ocurre con la empresa Meta Platforms, fundada por Mark Zuckerberg, que posee Facebook, Whatsapp, Instagram, Messenger, Threads y otras muchas. Uno de los mayores competidores de Facebook es Youtube, que desde 2006 pertenece a Google. Junto a todas ellas también destacan por su gran difusión otras redes sociales de mensajería como son Telegram, que proviene de Rusia aunque actualmente tenga su sede en Dubai, y WeChat, que ha sido desarrollada por el conglomerado tecnológico chino Tecent, y que son las alternativas más populares a las empresas englobadas en el imperio estadounidense. Sin entrar al detalle, no hay que olvidar que detrás de todas estas corporaciones hay empresas capitalistas con la obtención de beneficio como único objetivo.

Las redes sociales y las aplicaciones de mensajería son un canal de comunicación cotidiano entre la ciudadanía. Su irrupción y normalización ha cambiado enormemente las formas de relacionarnos. A través de ellas, las personas que las utilizan comparten todo tipo de informaciones personales, laborales, etc. Esto hace que sea muy importante garantizar la privacidad de la información que fuye a través de estos canales. Y aquí llegamos al quid de la cuestión, ya que es precisamente estos datos que reflejan nuestra conducta, intereses y aspiraciones, los que precisamente dan valor a las redes sociales. De hecho, podríamos considerar que nuestra relación con estos servicios no es la de unas usuarias con unos proveedores; en cambio, cediendo nuestro tiempo, nuestra atención y nuestros datos, somos nosotras las que nos convertimos en el producto de una gran industria de la información, siendo un input de la misma.

Otra controversia asociada a las redes sociales y las aplicaciones de mensajería es la facilidad con la que las fakenews han campado a sus anchas durante la pandemia o la facilidad de penetración de los discursos de odio. Aquí es clave el rol que juegan el diseño y la alimentación de los algoritmos en base a los cuales operan estas herramientas. Por tanto, cabría plantearse qué posibilidades reales tenemos de que esto cambie cuando están bajo control directo de estas grandes empresas.

El bloqueo de Telegram en España hubiera supuesto restringir claramente derechos de expresión y comunicación, por vía judicial, en base al uso de las aplicaciones de mensajería, en el contexto de una judicatura reaccionaria. Pero es más alarmante comprobar que las herramientas más utilizadas están en manos de grandes empresas tecnológicas, a las que enriquecemos gratuitamente con nuestro input de datos. Este debería ser el punto de partida al plantearnos la posición de las comunistas sobre el diseño, el uso y la propiedad de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería. ¿Debemos avanzar en el control de las redes sociales, sus algoritmos y el uso que dan a nuestros datos? ¿O debemos apoyar la creación y el uso de herramientas situadas lejos del paraguas de estas grandes empresas?. Para poder responder a estas cuestiones, la izquierda debe involucrarse en los debates tecnológicos, desde una perspectiva científica que radique en el conocimiento del funcionamiento y las consecuencias de estas herramientas.

(*) Grupo de trabajo de Ciencia y Tecnología del PCE