Avanzar hacia una Paz Total, junto a unas importantes reformas de carácter progresista en la salud, las normativas laborales y las pensiones, son las banderas más relevantes del gobierno de Gustavo Petro y las razones para que un poco más de once millones de colombianas y colombianos lo acompañaran con el voto. Pero las cosas resultaron ser mucho más difíciles como el mismo presidente y el entorno del Pacto Histórico se lo imaginaban. Hay una clara decisión política de los partidos del sistema de hundir las reformas, especialmente la de la salud, aunque las restantes también viven momentos de incertidumbres. Puede decirse que las posibilidades de las reformas como producto de acuerdos o consensos multipartidistas ha llegado a su techo de cristal y el camino que viene es más intrincado por cuanto ya se empieza a precalentar el ambiente electoral para las elecciones congresuales y presidenciales del año 2026.
Y por el lado de la consecución de la paz tampoco está muy alentador el panorama, aunque hay una reducción destacada de las confrontaciones armadas, las masacres y de los homicidios de lideresas y líderes sociales. En los recientes meses de marzo y febrero hubo una escalada de violencias y un aumento de la inseguridad que vale la pena analizar y entrever las perspectivas de su desarrollo.
Los hechos de violencia se han concentrado prioritariamente en regiones muy concretas, siendo el departamento del Cauca el más afectado, y en menor escala, pero en niveles de crisis humanitaria, en el departamento de Arauca, la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, el norte de Santander, el sur del Tolima y norte del Valle. El centro de las violencias está en la confrontación entre diversos actores armados que se disputan el control de regiones con alta presencia de cultivos ilícitos. La más fuerte confrontación se da entre dos grupos disidentes de las FARC que renunciaron a la firma del acuerdo de paz, o que fueron obligados a ello en medio de estrategia de la derecha de “hacer trizas el acuerdo de paz”. Y en este escenario de violencias y confrontaciones participan también el Ejército de Liberación Nacional y el llamado “Clan del golfo”. El centro de las confrontaciones es el control de los territorios, y dentro de estos planes, el sometimiento de las comunidades mediante prácticas de amedrantamiento. Las amenazas de muerte, el reclutamiento forzado de menores, la violencia sexual contra las mujeres, la extorsión económica y los secuestros son los hechos de violencia más frecuentes, mientras que en menor escala son las confrontaciones armadas contra los militares o la policía.
El gobierno abrió las puertas a diálogos a todos los grupos, diferenciando entre a quienes se les reconoce estatus político, con los que se plantean posibilidades de diálogos y negociaciones de paz, como es el caso del ELN y de las llamadas disidencias de las FARC, y por el otro lado estarían los grupos o bandas estrictamente catalogadas como actores de delincuencia común, con quienes se buscan procesos de acatamiento a la justicia.
El panorama es muy complejo y las crisis humanitarias se extienden por las regiones señaladas al comienzo de esta nota, sin que el Estado tenga hasta ahora mayor capacidad de brindar garantías a sus pobladores, a pesar de las permanentes visitas de toda la institucionalidad a las regiones para escuchar las quejas de las comunidades y buscarles solución. El próximo trimestre es clave para disipar o no el clima de violencia, lo mismo que las reformas sociales.
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