El BOE trajo este miércoles un enorme alivio a los deudores hipotecarios en situación vulnerable, ya que este 15 de mayo expiraba el plazo de la última prórroga que evita que desahucian a estas personas y que ahora se renueva hasta 2028. Esta medida se estima que pueda beneficiar a 30.000 hogares.
Al entrar en vigor, el Real Decreto Ley eleva el plazo de protección, tal y como venían reclamando al Ejecutivo desde Sumar y Podemos. Una moratoria que se estableció durante el Gobierno de Mariano Rajoy y que fue objeto de sucesivas ampliaciones ante la gravedad de la emergencia habitacional e hipotecaria.
La más reciente extensión fue acordada entre el Gobierno y Podemos durante las negociaciones para la aprobación de un real decreto anticrisis. Si bien el compromiso era incorporar la prórroga a través de la tramitación de la norma como proyecto de ley, este proceso aún se encuentra en una fase preliminar, lo que imposibilitaba su aprobación antes del vencimiento de la medida.
La presión de los ministerios de Sumar dentro del Gobierno de coalición con el PSOE fue determinante para desatascar la situación, ya que el movimiento por la vivienda achaca «inmovilismo» a la ministra Isabel Rodríguez, cuyas declaraciones de que «hay negocio» en la vivienda (realizadas en abril en una entrevista en el programa «Hoy por Hoy» de la Cadena Ser) no sentaron nada bien en los movimientos sociales.
La medida ampara a los colectivos vulnerables
Lejos de ser una protección con carácter general, la moratoria recoge determinados supuestos que tienen en cuenta la vulnerabilidad social: familias numerosas, familias monoparentales con hijos a cargo, personas con discapacidad, en situación de dependencia o incapacidad permanente, víctimas de violencia de género, parados o mayores de 60 años, entre otros.
Sin embargo, además de pertenecer a estos grupos, se requiere cumplir con ciertas condiciones socioeconómicas, como que los ingresos familiares que no superen ciertos límites establecidos por ley. Normalmente, este límite se establece en tres veces el IPREM en 14 pagas (8.400 euros en 2023), aunque el número de hijos y otras casuísticas pueden elevar ese rango a cuatro o cinco veces el IPREM.
La medida está contemplada para proteger a las familias en casos sobrevenidos de caída de ingresos, por lo que se exige que los potenciales beneficiarios hayan experimentado una «alteración significativa» en su economía familiar en los cuatro años previos a la solicitud de suspensión de desahucio. También se limita la aplicación a aquellos hogares cuya cuota hipotecaria suponga más del 50% de sus ingresos netos y sea su única vivienda en propiedad.
La PAH plantea mejoras para el futuro proyecto de ley
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha recordado que vienen presionando en los últimos meses para aprobar está moratoria. En un prudente comunicado, celebran la medida pero proponen algunos añadidos para el próximo proceso de revisión legislativa.
Por ejemplo, la PAH explica haber detectado que «muchos bancos han vendido la casa a nuevos propietarios, que se niegan a respetarla (la moratoria)», por lo que este movimiento social pide que estas situaciones se inscriban en el Registro de la Propiedad como otra condición del inmueble que un nuevo propietario debe respetar.
Para los casos en los que las familias han podido salir de la situación precaria en la que se encontraban, la PAH solicita que «se les otorgue el derecho de tanteo y retracto ante cualquier opción de venta», para que puedan recuperar su vivienda.
