El anuncio efectuado el pasado 24 de abril por el presidente del Gobierno sobre la apertura de un periodo de reflexión personal para decidir si seguía al frente de sus responsabilidades, ha supuesto una crisis política en España. El hartazgo de Sánchez evidenciaba el acoso mediático y judicial desplegado contra su persona y su familia y abrió un intenso debate en toda la sociedad española sobre la agresividad de la derecha y la ultraderecha en la actual fase política, quienes utilizan su poder político económico y mediático para alcanzar el poder institucional que no conquistaron en el 23 de julio del año pasado.
El anuncio del presidente del Gobierno es ante todo una enmienda a la totalidad al anterior discurso del PSOE de negación de la existencia en España de guerra jurídica
La actitud de Pedro Sánchez es comprensible desde el punto de vista humano. Es la misma situación que han padecido muchos dirigentes políticos, sociales y sindicales de este país desde que hace unos años comenzó a tambalearse el bipartidismo. Las dos herramientas utilizadas por la derecha y la ultraderecha para llevar adelante estas operaciones de acoso, injurias y deslegitimación de los liderazgos de la izquierda han sido los medios de comunicación y una justicia cada vez más politizada y dedicada a la guerra jurídica, ese “lawfare” cada día más intenso y que hasta ahora el PSOE se negaba a reconocer.
El anuncio del presidente del Gobierno es ante todo una enmienda a la totalidad al anterior discurso del PSOE de negación de la existencia en España de guerra jurídica. Un absurdo argumentario que mantenía, contra la realidad, que los tribunales en nuestro país son imparciales y que es inaceptable criticar sus decisiones.
La sociedad comprobó la falta de control democrático sobre numerosas instituciones con importantes parcelas de poder pero que no se someten al control de las urnas
En esos días de abril la sociedad española comprobó la falta de control democrático efectivo sobre numerosas instituciones que tienen importantes parcelas de poder, pero que no se someten al control de las urnas, ni de la soberanía popular, ni tienen que dar cuentas de su funcionamiento a la ciudadanía. Es el imperfecto modelo constitucional de 1978, que arrastra importantes déficits democráticos que necesariamente deben ser corregidos.
Esta crisis política, añadida a la situación ya prolongada de acoso a las reglas básicas de la convivencia y la democracia que el Partido Popular y Vox vienen desplegando desde que no consiguieron conformar gobierno en España el pasado verano, obligaba a la izquierda a organizar una movilización de protesta y denuncia de lo que estaba ocurriendo.
La respuesta más poderosa es un pueblo organizado
Para continuar sacando adelante las medidas de mejora de los derechos de la clase trabajadora y de las condiciones de vida de nuestro pueblo contenidas en el programa del Gobierno de coalición, necesitamos que la derecha no llegue al gobierno. La crisis política desatada por el anuncio de Sánchez dejaba en situación de debilidad al Gobierno de coalición. Frente al acoso fascista auspiciado por los poderes oligárquicos, la respuesta más poderosa es un pueblo organizado que sale a la calle organizadamente para detener la reacción. Un pueblo organizado no para pedir a Sánchez que permanezca, sino para defender la democracia y las conquistas sociales de los trabajadores del acoso al que la somete el fascismo.
Sin embargo, nos hemos encontrado ante una respuesta organizativamente débil que no consiguió poner en marcha una movilización popular acorde a la agresión que estaba padeciendo el Gobierno de coalición de izquierdas y los derechos de la clase trabajadora. Al igual que viene ocurriendo en estos últimos meses ante el riesgo de desencadenarse una guerra generalizada en Europa o en Oriente Medio, la respuesta popular a las agresiones de las fuerzas reaccionarias no ha sido la que necesitábamos para hace retroceder la ofensiva de las fuerzas reaccionarias. Una vez constatado que a pesar de la gravedad de ambos problemas, —el acoso y derribo a la democracia que tanto nos costó conquistar tras la dictadura, y el riesgo de guerra que acabe con todos los derechos conquistados por siglos de luchas de las clases trabajadoras—, nuestro pueblo no ha salido a la calle masivamente a hacer frente a las políticas de las oligarquías, debemos priorizar en nuestro trabajo político la organización de la respuesta popular y la movilización ante el avance de estas nuevas formas de fascismo.
Apenas se organizaron algunas actividades de respuesta a la operación de acoso y desestabilización puesto en marcha por la derecha y la ultraderecha, y fueron los sindicatos mayoritarios Comisiones Obreras y UGT, el sector de la cultura, y una pequeña parte del tejido social y político de Madrid quien salió a las calles el domingo 28 de abril a denunciar la nueva fase del golpe de Estado prolongado llevado adelante por el Partido Popular y los jueces a su servicio. Fue importante que hubiera esas movilizaciones, pero constatamos la ausencia de cualquier orientación por parte de Izquierda Unida, volcada en un proceso de discusión interna que no puede hacerse aisladamente de la realidad política que nos rodea. El resultado fue que hubo movilizaciones, pero sin la fortaleza suficiente para detener a la ola reaccionaria que se prepara para conformar mayoría política en la Europa posterior a las elecciones del próximo 9 de junio. Un nuevo ejemplo de que las fuerzas de izquierdas y más aún las que aspiran a actuar de forma revolucionaria no pueden limitarse al debate interno, sino que tienen como obligación priorizar en todo momento la defensa de los derechos e intereses de la clase trabajadora por encima de las necesidades o prioridades de su propia militancia.
Hacen falta propuestas para cambios estructurales
Cuando el lunes 29 de abril Sánchez anunció que seguiría al frente de sus responsabilidades, la inicial sensación de vuelta a la normalidad se tornó en preocupación al comprobar que no existía propuesta alguna para enfrentar los ataques del PP y VOX, para adoptar propuestas de cambios estructurales en las relaciones políticas y económicas que pudieran prevenir y evitar nuevas agresiones a la democracia, las libertades y a los derechos conquistados por la clase trabajadora como las que estamos soportando.
Es preocupante que el PSOE no sea capaz de articular propuestas políticas con profundidad estratégica para para defender y profundizar la democracia política, económica y social
Es preocupante que el PSOE no sea capaz de articular propuestas políticas con profundidad estratégica para hacer frente a estas graves agresiones, para defender y profundizar la democracia política y también la económica y social. La forma de dar por concluida esta crisis como si no hubiera pasado nada, es un aliciente para la desmovilización social y una desincentivación de las movilizaciones populares ante la siguiente agresión del fascismo, frente al siguiente ataque al Gobierno de coalición.
El PCE, IU y SUMAR nos dirigimos inmediatamente a la opinión pública con una serie de propuestas políticas que consideramos imprescindibles llevar adelante con el apoyo del resto de fuerzas democráticas: la democratización de la justicia modificando la forma de elección del Consejo del Poder Judicial, para cesar el secuestro del órgano de gobierno de la justicia por parte de la derecha; la reducción de muchas de las competencias de este órgano, para que parte de estas sean asumidas por el poder democrático elegido por la soberanía popular; la aprobación de un nuevo sistema de acceso a la carrera judicial que democratice el origen social de los y las aspirantes a la judicatura; la modificación de las normas de responsabilidad de jueces y magistrados y de la propia administración de Justicia por funcionamiento anormal, cuando cause daños a las personas, para impedir la guerra jurídica asimétrica que acaba con el prestigio y el reconocimiento social de dirigentes políticos, sociales o sindicales mediante el acoso judicial y mediático, esas actuaciones de acoso judicial que nunca acaban en juicio porque no hay causa para ello; la recuperación de derechos y libertades públicas mediante la derogación de las leyes mordazas del Partido Popular, tanto de la mordaza introducida en el Código Penal convirtiendo en delito el ejercicio de la libertad de expresión, como la mordaza al ejercicio de los derechos de manifestación y protesta social que significó el endurecimiento de la ley de seguridad ciudadana también por el Partido Popular; y medidas para la democratización de la información y la comunicación y el ejercicio periodístico por parte de los grandes medios de comunicación.
Es imprescindible la alianza de fuerzas
Es de urgencia estratégica sacar adelante todas estas medidas de transformaciones políticas a la mayor brevedad y para ello es imprescindible generar las más amplias alianzas de fuerzas políticas de izquierdas, progresistas o democráticas, alianzas con el movimiento sindical organizado, con los movimientos sociales y con todas las expresiones de presencia en los distintos conflictos que luchan por la justicia social.
A fecha de hoy todavía el PSOE sigue sin formular ni concretar propuestas. El Partido Comunista de España, Izquierda Unida y todo el espacio político de SUMAR las exigimos a diario con todos los medios a nuestra alcance, que no pueden ser solamente desde nuestra presencia institucional. Nuestro reto es poner en marcha la movilización popular para exigir esos cambios estructurales que requiere nuestra democracia para sobrevivir a la ola reaccionaria y al avance del fascismo.
