«No podemos consentir que haya miles de viviendas que no disponen de licencia para esa actividad económica (pisos turísticos)», declaró Pablo Bustinduy (Ministro de Derechos Sociales y Consumo) en una intervención en TVE.
Desde el Ministerio encargado de Consumo han anunciado que van a perseguir los pisos turísticos ilegales a través de la publicidad de los mismos, sobre la que tienen competencia y pueden ejercer sanciones.
Además, Bustinduy (Sumar) ha contactado con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) para que ciudades de todo el país colaboren en su investigación, iniciada a comienzos de junio.
Aquellos pisos turísticos que se anuncian sin licencia estarían incurriendo en «una infracción de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios» y «se consideraría una práctica comercial desleal», indican desde el Ministerio.
Consumo recuerda a los pisos turísticos ilegales que ahora puede sancionarles
La carta dirigida por la Dirección General de Consumo a la FEMP pretende incorporar la información que aporten los municipios a la que consigan desde Consumo, tras su requerimiento a varias plataformas de alquiler. «Consumo pone sus competencias a disposición de los consistorios para trabajar de forma conjunta en la identificación de viviendas no habilitadas para operar como turísticas», han manifestado.
Además, gracias a las gestiones que iniciara Alberto Garzón como Ministro de Consumo, la Dirección General de Consumo recuerda que dispone de capacidad sancionadora desde 2022. Estas prácticas ilícitas «pueden llegar a calificarse como infracciones graves con multas de hasta 100.000 euros, cantidad que se podría sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido», apuntan desde el Ministerio que lidera Pablo Bustinduy.
En su carta, Consumo también invita a los ayuntamientos de la FEMP a tener en cuenta el «importante impacto en el modelo de ciudad» que de forma negativa están suponiendo muchas de esas viviendas turísticas.
El Ministerio de Vivienda da los primeros pasos
Mientras tanto, en el ala socialista del Gobierno también han realizado anuncios en materia de vivienda: la ministra Isabel Rodríguez anunció que limitará los alquileres por temporada y permitirá que las comunidades de vecinos se reúnan y aprueben negarse a la instalación de pisos turísticos en el inmueble.
Se trata de los alquileres que tienen una duración menor a un año y que, al no quedar amparados por la protección a las personas inquilinas brindada por la Ley de Vivienda, estaban concentrando una parte creciente de la oferta de alquiler.
Tras la reunión del grupo de trabajo que abordaba el tema, Rodríguez (PSOE) manifestó que van a modificar el Artículo 3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos para introducir la obligación de «causalidad», es decir, que se tenga que argumentar por qué dicho alquiler debe ser temporal (por ejemplo, que la persona inquilina desarrolle una investigación académica o un trabajo cultural por un tiempo de estancia limitado).
Además, la titular del Ministerio de Vivienda ha recordado que un nuevo reglamento europeo les obliga a implementar un registro de alojamientos, que deberá incluir tanto los de temporada como los turísticos. Esta medida permitirá «fiscalizar, perseguir y sancionar» a quienes no cumplan la ley, dijo Isabel Rodríguez.
Pisos turísticos, bajo aprobación vecinal
De igual modo, la ministra ha anunciado un ajuste de la Ley de Propiedad Horizontal para «empoderar a los vecinos» y que sea la comunidad de vecinos de un inmueble quienes puedan autorizar o denegar que se instale un piso turístico. El Ministerio ha recordado que estos son «una actividad económica» igual que otras que ya están sujetas a aprobación.
La modificación de la norma pretende concretar la forma en que los vecinos pueden bloquear que en su edificio proliferen los pisos turísticos, que están contribuyendo a la turistificación de muchos centros urbanos y a la escalada en el precio de la vivienda, que genera un aumento de la exclusión residencial y un retraso en la emancipación de las personas jóvenes.
Desde Sumar, Carlos Martín Urriza ha calificado de «paso en la buena dirección, pero claramente, insuficiente» lo anunciado por el Ministerio de Vivienda. El diputado y economista considera la propuesta elaborada por el Sindicato de Inquilinas era más completa al ampliar una mayor parte de los derechos recogidos en la Ley de Arrendamientos Urbanos para los inquilinos permanentes a quienes alquilan de temporada o por habitaciones, un fenómeno creciente.
Además, Urriza ha recordado que la voluntad de los vecinos para bloquear pisos turísticos no podrá operar donde ya «hay bloques enteros destinados al alquiler turístico» o donde no haya una mayoría de vecinos concienciados y dispuestos a enfrentarse a un propietario mucho más fuerte y con mayor capacidad de «negociación», como son muchos de los fondos de inversión de este mercado.
Sumar propone más impuestos y parque público de vivienda
En este sentido, Sumar apuesta por reducir la rentabilidad de este negocio perjudicial para el modelo de ciudad, a través de la implementación de medidas como la subida del IVA al 21% defendida por Pablo Bustinduy u otras como su penalización en el IRPF y el Impuesto de Sociedades.
Finalmente, Urriza (Sumar) recuerda que el Ministerio de Vivienda «sigue fallando en impulsar la creación de un gran parque público de vivienda», que sea «no desclasificable» (es decir, que no se pueda vender o especular con él para fines distintos al alquiler asequible).
Este economista recrimina al PSOE la falta de voluntad política para ser «un Estado que haga de promotor directo», lo que podría reunir «1,5 millones de viviendas en zonas tensionadas en los próximos 5 años», si el Ministerio de Vivienda no se atara a «el fallido esquema de colaboración público-privada» que se perpetúa con los avales a inmobiliarias privadas anunciados por el Ministerio de Vivienda.
