Todo el relato histórico ha contado con un sesgo androcéntrico, la historia de las mujeres en nuestro país no se libra del mismo, unido a un olvido constante de la vida de las mujeres durante la dictadura franquista y su protagonismo en la lucha contra esta y la defensa de las libertades.
Poco a poco se va recuperando la memoria democrática de las mujeres, pero sigue existiendo un gran vacío y olvido en lo que fue el Patronato de Protección a la Mujer. Creado en 1941 y dependiendo del Ministerio de Justicia, con el objetivo de “redimir a la mujer caída y a la que estaba en peligro de caer”.
Encerró a mujeres rebeldes, desobedientes, que fumaban, que se manifestaban y a las que se quedaban embarazadas fuera del matrimonio
El concepto de mujer caída o a punto de caer abarcaba desde las mujeres en situación de prostitución, a las rebeldes, desobedientes, que fumaban, que se manifestaban y a las que se quedaban embarazadas fuera del matrimonio.
Doctrinar a las mujeres era prioritario para el franquismo, la mujer era la encargada de trasmitir los valores cristianos a su descendencia; sumisa, ama de casa amorosa y obediente eran los atributos de las “buenas mujeres”, cualquier mujer que se saliera de esa norma era objeto de castigo, los reformatorios cumplían ese papel y formaban parte de la estructura del Patronato.
Doctrinar a las mujeres era prioritario para el franquismo. El Patronato, dirigido por Carmen Polo, dependía del Ministerio de Justicia y lo administraban órdenes religiosas que se financiaban con él
Cuando se creó el Patronato de Protección a la Mujer, la dictadura franquista lo presentó como una entidad formada por individuos de reconocido prestigio moral, autoridad y dedicación. La delegación nacional de la Sección Femenina, el obispo del Madrid-Alcalá, la presidenta de las mujeres de Acción Católica, el Patronato de Redención de Penas, formaban parte de este; preservar la moral católica era el objetivo, alejar a las mujeres de vicios y conductas impropias de su condición. En la práctica, el Patronato fue un entramado institucional violento, materializado en cientos de centros gestionados por distintas ordenes religiosas, que humilló y violentó la vida de miles de mujeres y niñas. Un organismo dirigido por Carmen Polo, esposa del dictador y encargado de limpiar el país de la ruina y desenfreno laicista y marxista.
Aquellas mujeres y niñas eran denunciadas por la familia, el entorno o cualquier desconocido que considerase su condición de “descarriada”
De manera recurrente la historia de las mujeres ha sido contada y escrita por hombres y la del Patronato de Protección a la Mujer no podía ser de otra manera. Comisarios, directores de prisiones, Gobernadores Civiles que se encargaron de enviar cartas y expedientes sobre las internas en los centros dependientes del Patronato. Mujeres y niñas que podían ser denunciadas por la familia, el entorno o cualquier desconocido que considerase su condición de “descarriada”, encerradas en reformatorios, condenadas sin juicio y privadas de libertad.
De toda esta realidad no escapa la condición de clase, la pobreza y la marginación consecuencia de la violencia económica y política que la dictadura siguió practicando contra las familias de las y los vencidos.
La Iglesia ejercía de policía y represora
La Iglesia católica fue la gran aliada de la dictadura franquista; Trinitarias, Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia, Adoratrices, Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad, Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, Oblatas del Santísimo Redentor, fueron algunas de las ordenes religiosas o seculares que colaboraron con el Patronato de Protección de la Mujer, dotándolas por parte del régimen de funciones policiales y represoras.
Las congregaciones religiosas que vivieron y se financiaron al amparo del Patronato, son las mismas que hoy siguen recibiendo premios y galardones como el Príncipe de Asturias de la Concordia o el Premio de Derechos Humanos Rey de España. Las mismas que seguimos financiando ya que los Servicios Sociales están externalizados a través de empresas u ordenes religiosas que atienden a víctimas de violencia machista, mujeres en situación de vulnerabilidad, migrantes, embarazadas solteras.
El Patronato que formó parte de un engranaje de un sistema de control social encaminado al disciplinamiento de los cuerpos y las mentes de las mujeres, desapareció en 1986, pero sin exigencia de reparación a las víctimas.
El Patronato de Protección a la Mujer fue una de las instituciones más longevas del franquismo, que sufrió decenas de modificaciones durante su existencia. Rastrear la historia del Patronato no es fácil, en 1952 se amplían sus funciones y comienza a gozar de una total autonomía y personalidad jurídica. Gran parte de los archivos del Patronato desaparecieron por diferentes motivos, un incendio en 1964, deficiencias en los locales de conservación, y en 1996 una inundación provocó la perdida de gran parte de los archivos. En los tres últimos años de existencia del Patronato, las funciones y servicios se fueron trasfiriendo a las comunidades autónomas.
El movimiento feminista ya denunció en los años 70 la existencia del Patronato como institución adoctrinadora y represora; la revista Vindicación Feminista publico en 1977 el reportaje “Patronato de protección a las mujeres: fabrica de subnormales”. El Patronato intentó secuestrar el número en el que las internas contaban cómo eran tratadas, los castigos y premios que recibían.
La Ley de Memoria Democrática tiene que servir para desenterrar del olvido el Patronato y reparar a aquellas mujeres. En sus maternidades fallecieron y desaparecieron bebés
La Ley de Memoria Democrática de nuestro país tiene que ser el paraguas que permita insistir desde muchos espacios y desenterrar del olvido el Patronato. Las maternidades del Patronato fueron escenario de sospechosas desapariciones de bebes y fallecimientos de criaturas recién nacidas.
La memoria democrática de nuestro país no puede dejar en el olvido a una institución que violó sistemáticamente los derechos de las mujeres. Comisiones de investigación, con garantías y justicia transicional para reparar a las víctimas. Revisión de la ley para incluir a las víctimas del Patronato.
La reparación a las víctimas del Patronato pasa necesariamente por su reconocimiento y por el perdón. Las administraciones tendrán que exigir a las congregaciones religiosas que formaron parte del entramado del Patronato un reconocimiento de las victimas y petición de perdón. Una sociedad democrática no puede permitirse premiar a los torturadores e invisibilizar a las víctimas; debemos revisar la financiación directa o indirecta a la Iglesia Católica y la liquidación de sus privilegios.
La memoria democrática de las mujeres tiene que ser eje vertebrador del desarrollo e implementación de la ley con el objetivo de verdad, justicia, reparación y no repetición.
