La situación de la vivienda en Illes Balears es un problema de mucho calado y de difícil análisis, fundamentalmente porque operan muchos agentes —y de infinidad de lugares e intereses contrapuestos— que hacen de la vivienda un bien de comercio y explotación capitalista, generando grandes beneficios.
Primero decir que el problema de la vivienda no es igual en cada isla; cuanto más al sur más cara. Según el portal idealista, a julio del 2024, los precios más altos están en Formentera, a 8.344€/m²; seguidos de Santa Eulàlia en Eivissa, 7.172€/m²; Palma, 4.169€/m²; el norte de Mallorca, en Santa Margalida, 3.025€/m²; y en Maó, Menorca, 2.849€/m². Esta situación se debe fundamentalmente a dos factores: por una parte, el turismo al sur del archipiélago es más intensivo; por otra, las Islas Pitiusas (Eivissa y Formentera) tiene una extensión menor en comparación con la presión turística, sufriendo un incremento del precio de la vivienda desde 2015 del 226,46%.
El incremento de los precios se debe fundamentalmente a tres factores indisolubles a mi entender: la especulación con la vivienda, la turistificación, y la presión humana sobre un territorio que, con la misma extensión que La Rioja, tiene 1,2 millones de habitantes y una presión turística inmensa: 14,4 millones de turistas extranjeros en 2023, asumiendo superar la cifra en este presente año, y sin contabilizar los movimientos de los españoles.
Si abordamos el primero de los problemas, la especulación de la vivienda, podemos ver el incremento del precio de la misma, que afecta directamente al precio del alquiler. Este se ha disparado a raíz de la inversión de extranjeros y fondos de inversión sobre el stock inmobiliario en las Islas Baleares, especialmente en Eivissa y Mallorca. Sin ir más lejos, el ilustre mallorquín Rafa Nadal ha anunciado un fondo de inversión para la compraventa de vivienda esta misma semana. Al ser un negocio hiperrentable, así como que el precio del suelo y la vivienda en Illes Balears está disparado, hace que mucho capital internacional este buscando rentabilidad en el ladrillo balear.
Esto se sustenta sobre la premisa de que el 25% de las viviendas vendidas en 2023 fueron a empresas o personas extranjeras y que el 40% de las mismas se vendieron sin ningún tipo de financiación. Es decir a golpe de teja. Eso alimenta un círculo vicioso que sigue encareciendo el precio de las viviendas.
Baleares, con 1,2 millones de habitantes recibió 14,4 millones de turistas extranjeros en 2023. Hay que intervenir para prohibir el alquiler vacacional, expropiar viviendas a los grandes tenedores
Por otro lado tenemos el alquiler vacacional; sin duda las Illes Balears fuimos las pioneras con su normativización con la ley del 2012. A partir de ese momento empezaron a proliferar todo tipo de minihoteles, tanto en las zonas rústicas como en las urbanas, hasta estar presentes incluso en barrios obreros fuertemente deprimidos. Está situación se ha ido incrementando. Según datos del Govern, en 2023, más de 2 millones de turistas extranjeros se alojaron en viviendas, y un millón de extranjeros ya tienen comprada una vivienda en Balears.
Está situación reduce drásticamente el número de viviendas disponibles para la clase trabajadora, lo que a su vez dispara aun más el precio de la vivienda de alquiler, haciendo insuficiente cualquier sueldo para poder sufragarse una vivienda. A su vez hay que remarcar el régimen de propiedad en las Islas Baleares que es minifundista con muchos pequeños propietarios que contribuyen al incremento del precio del alquiler.
Por último, y tiene que ver con todo lo anterior, la presión humana ha superado los límites ecológicos de nuestro pequeño archipiélago, llegando a tener más de 3 millones de personas en un territorio de 3.600 km². Esto agrava más la situación con un inexistente parque de vivienda pública y el acoso y derribo del turismo y del capital internacional.
Ante estos hechos, la necesidad de intervenir de manera prácticamente soviética es necesaria. Es imprescindible prohibir el alquiler vacacional en todas sus modalidades; profundizar en la construcción de vivienda pública; y expropiar viviendas de grandes tenedores. También habría que limitar y reducir el número de turistas a nuestras islas, Tratando a su vez de democratizar el modelo turístico.
