La cuestión habitacional en España es como un magma en movimiento, que siempre busca el lugar de menor resistencia. Desde los grandes procesos de urbanización en las décadas de 1960-1970, y las luchas vecinales por unas condiciones de vivienda y vecindario dignas, la cuestión siempre ha estado presente como rasgo definitorio del modelo de capitalismo hispano.
Sin embargo, el poder económico y político ha encontrado diferentes formas de integrar el conflicto social y político en torno a la vivienda. En un primer momento, las élites del régimen franquista descubrieron, mucho antes que la vanguardia conservadora europea, la capacidad de la propiedad de la vivienda para canalizar el malestar social y transformarlo en deriva pequeñoburguesa. «Propietarios que no proletarios», decían. La Transición, en su enésimo ejemplo de herencia franquista, mantuvo esta política, conjugándola con subvenciones masivas a la vivienda social de compra (VPO) para que la propiedad llegara a (casi) todos los estratos sociales. Más tarde, con la liberalización de los mercados financieros y la entrada en la Unión Europea, se inundó la sociedad de crédito fácil y barato (en lo que ha sido llamada la financiarización de la economía) para universalizar la España de pequeños propietarios de una y hasta dos residencias.
Pero el capitalismo se abre camino a través de contradicciones, y siempre cobra su sacrificio. La crisis financiera e inmobiliaria de 2008 puso fin, en España y en otros lugares, a este sueño de la democracia de propietarios. El colapso del sistema financiero internacional hizo imposible la reproducción del modelo previo, del cual emergió un gigantesco proceso de acumulación por desposesión de viviendas que el capital necesitaba para cubrir la enorme cantidad de deuda emitida. En este momento, comenzaron a surgir las primeras insurrecciones habitacionales más importantes del país, con la PAH al frente. No obstante, esta lucha respondía a una situación de crisis, de excepcionalidad histórica, en que el objetivo no era tanto cambiar el sistema de relaciones sociales de propiedad alrededor de la vivienda, sino autodefenderse de la barbarie capitalista puesta en marcha durante la recesión económica.
En este sentido, desde hace una década, debido a la imposibilidad de reproducir la fórmula propietaria, centenares de miles de personas se han visto arrojadas al mercado de alquiler. Como dato, mientras que en 2006 el 79,5% de los hogares españoles vivían en una vivienda en propiedad, en 2023 esta cifra ha caído hasta el 75,1%. Y como contrapartida, los inquilinos han pasado del 13,9% en 2006 al 18,7% de los hogares. Una cifra que se polariza todavía más en las áreas urbanas del país. En esta nueva fase, que puede calificarse como rentista, el capital internacional y patrio ha visto en el mercado de alquiler una importante fuente de ingresos con la que alimentar su hambre de beneficios. Para ello, ha sumado también a su bloque histórico a una considerable fracción de las clases medias españolas, una especie de pequeña burguesía rentista, que ahora dedica sus propiedades acumuladas al negocio del alquiler.
Sin embargo, el edificio se resquebraja. Al contrario que en el pasado, la base social material de este nuevo paradigma es significativamente más estrecha. El capitalismo hispano está siendo incapaz de armar una nueva hegemonía social propietaria. A las poblaciones anteriormente excluidas del consenso propietario (población pobre trabajadora y migrantes) se suman, de forma concatenada, generaciones de nuevos emancipados insatisfechos y frustrados, que, criados bajo el sueño de la propiedad de la vivienda, miran con nostalgia la generación de sus padres. Jóvenes expuestos a un proceso creciente de proletarización que van comprendiendo que nunca tendrán una vivienda digna en propiedad, o que, si heredan, lo harán de forma tardía y fragmentada. Para no confundirse, se trata de un conflicto de clase, pero expresado de forma generacional.
En términos políticos, esto se está traduciendo en una guerra de posiciones entre, de un lado, el bloque social de grandes y pequeños caseros rentistas; en medio, la mayoritaria masa social de propietarios particulares de su vivienda; y, del otro, la multitud creciente de inquilinos. En este conflicto, los sindicatos de inquilinas comienzan a emerger como instrumentos de lucha política. Sin embargo, al contrario que durante la crisis de los desahucios, no se trata de frenar la excepcionalidad, sino de acometer una ofensiva contra el sistema de relaciones de propiedad que rodean el mercado habitacional. Es decir, disputar la función social de la vivienda y la propiedad. Un ejemplo claro son las últimas reformas que extienden la duración de los contratos de alquiler, la «moratoria» que frena los desahucios de hogares vulnerables, y la Ley de Vivienda 12/2023, que regula el control de los alquileres, entre otras medidas, que han sido aprobadas a regañadientes. Con contradicciones, porque la legislación aprobada es claramente insuficiente, en gran parte porque el gobierno progresista, especialmente su ala derechista, se niega a abandonar el cómodo consenso previo y a desafiar el statu quo actual.
En este sentido, el Partido tiene que aceptar el reto iniciado por los movimientos sociales por el derecho a la vivienda. Primero, porque la lucha por la vivienda cuestiona uno de los pilares fundamentales de la sociedad capitalista: el sistema de relaciones basado en la propiedad privada exclusiva y excluyente, y cuya superación es clave para lograr una sociedad socialista. Segundo, porque la inclinación política de los propietarios particulares no está clara de antemano. Por último, si no actúa, el PCE quedará desbordado por el movimiento y terminará marginado de la principal lucha social del país. En este sentido, la propuesta debe ser la de formular un nuevo consenso social basado en la socialización del sistema de vivienda. Y debe hacerlo disputando la hegemonía en la sociedad civil, a través de los movimientos sociales por el derecho a la vivienda, especialmente los sindicatos de inquilinas.
La manifestación del 13 de octubre en Madrid y la próxima del 23 de noviembre en Barcelona, convocadas por los sindicatos de inquilinos, no representan el final, sino el disparo de salida de una de las luchas políticas más importantes que definirá las próximas décadas. Si el PCE busca renovar generacionalmente sus cuadros y liderar la lucha democrática, debe dar una prioridad clara a la cuestión habitacional. No podemos permitirnos perder este tren.
