Más de veinte años de negociaciones entre la UE y MERCOSUR podrían culminar con un acuerdo fuertemente contestado por los agricultores y por la izquierda europea. El tratado supondría un desmantelamiento de aranceles ya que MERCOSUR liberalizará el 91% de sus importaciones (91% de líneas arancelarias) y la UE liberalizará el 92% de sus importaciones (95% de líneas arancelarias). Esta eliminación de aranceles afectaría a productos agroalimentarios, al sector industrial (automóvil, bienes de equipo, productos químicos, farmacia, textil o calzado) y al sector servicios (financieros, telecomunicaciones y transporte marítimo). En un contexto de repliegue proteccionista estadounidense con la victoria de Trump y de creciente presencia china en América del Sur, la UE quiere establecer un mastodóntico tratado de libre comercio con MERCOSUR que pone al sector agrícola y ganadero europeo, concretamente al modelo social y familiar, a los pies de los caballos. Esto es así porque los tratados de libre comercio establecen unas reglas del juego de las que se beneficia solo la agroindustria, en manos de multinacionales y fondos de inversión, en perjuicio de la agricultura ligada al territorio, conformada por agricultores profesionales.
No en vano, hay una creciente concentración de poder en cada uno de los eslabones de la cadena alimentaria en favor de grandes empresas y una creciente concentración de tierras en pocas manos. Este tratado ahondaría aún más en ese proceso de concentración de poder en favor de los oligopolios de la agroindustria. De nuevo, Europa sacrificaría a sus agricultores y ganaderos en beneficio de la potencial expansión del sector industrial y sector servicios a un enorme mercado. El problema es que la destrucción de la agricultura social y profesional no se compensa con el crecimiento de otros sectores económicos porque el papel que juega es estratégico para transitar hacia la soberanía alimentaria europea.
Las comunidades campesinas de los países del MERCOSUR y los agricultores profesionales europeos están en riesgo de extinción y con ello también unas prácticas agrícolas más respetuosas con el medio natural, así como un medio de vida que arraiga a la población al territorio. Nuestro mundo rural depende de la agricultura con agricultores, pero un sector agrícola dominado por la agroindustria solo trae uberización del campo y despoblamiento. Es una absoluta impostura que el acuerdo haga referencia a la lucha contra deforestación, la sostenibilidad o el Acuerdo de París cuando pretende que consumamos productos, aquí y al otro lado del atlántico, que dejan una huella de carbono descomunal en su transporte. Lo que sí va a ocurrir es que los productores europeos van a sufrir el dumping social y ambiental de grandes multinacionales que a su vez también despojan de tierras a las comunidades campesinas latinoamericanas. Que el acuerdo sería perjudicial para la agricultura socialmente necesaria en Europa es tan evidente que la Comisión Europea prepara un “fondo de compensación” para los agricultores. Ya saben que les viene la ruina.
Por eso, se han producido recientes movilizaciones en Bruselas en las que se ha planteado que la línea a seguir debe ser la contraria a la preconizada por el acuerdo UE-MERCOSUR: poner fin a la competencia desleal consustancial a los tratados de libre comercio; añadir a la lista negra de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales la compra de productos agrícolas por debajo de los precios de producción; regular los mercados para garantizar precios mínimos de entrada de importaciones y regulación del volumen; y garantizar un presupuesto y redistribución de la PAC para una transición hacia la agroecología protagonizada por la agricultura social y profesional. Este es el camino para transitar hacia la soberanía alimentaria que no es, ni más ni menos, que decidir qué llevamos a nuestra mesa y cómo lo producimos por encima de los intereses de la agroindustria.
Este tratado hay que pararlo. Francia, con un potente movimiento campesino, está en contra del acuerdo, al igual que Austria, Polonia y Países Bajos, pero juntos no suman el 35% de la población europea, por tanto, son insuficientes para bloquearlo en el Consejo de la Unión Europea. Desde Izquierda Unida hemos planteado que España tiene oponerse, también, a este acuerdo tan lesivo para nuestro mundo rural y para la estrategia de adaptación a la crisis climática.
En este sentido hemos registrado desde el grupo plurinacional Sumar una PNL en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación instando al gobierno a posicionar a España en contra de la ratificación del acuerdo. No será fácil, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista se han manifestado en reiteradas ocasiones en favor de este. Del Partido Popular poco se puede esperar, es furibundo defensor de la liberalización y se alinea con los intereses de las grandes corporaciones, no en vano, representa bien los intereses de la agroindustria exportadora. Pero que el PSOE no reconsidere su posición y se entregue a los intereses de las grandes empresas exportadoras europeas sería un auténtico atentado contra intereses estratégicos de nuestro país que pasan por transitar hacia la soberanía alimentaria, por mantener un mundo rural vivo y por descarbonizar la economía.
