A algunos observadores de la realidad política internacional nos llamó poderosamente la atención durante las elecciones presidenciales de Venezuela celebradas el pasado 28 de julio de 2024, que una vez que el Consejo Nacional Electoral (CNE) asignó esa noche la victoria electoral a Nicolás Maduro, el primer mandatario internacional que saliera solo minutos después a cuestionar los resultados no fuera el neofascista Javier Milei, sino el presidente de Chile, el progresista Gabriel Boric.
Desconocemos todavía hoy si fue por adivino, por ciencia infusa, o por tener previamente acordado hacerlo con los EE.UU., que es lo más probable. La realidad es que Gabriel Boric, frustrante presidente de Chile, sembró desde el minuto uno la sospecha de fraude electoral sin tener una sola prueba de ello. De los mandatarios que desconocieron los resultados de las presidenciales de Venezuela, fue sin duda alguna Boric el que más agresividad y acritud demostró, contentando sin duda a EE.UU. y mostrando al mundo entero un sorprendente nulo respeto a la soberanía, a la democracia y a la institucionalidad venezolana.
Cuando uno quiere dar lecciones de democracia y de respeto a los derechos humanos puede hacerlo, pero hay que tener las espaldas bien cubiertas. Es una cosa básica en la izquierda tener una trayectoria coherente y, en sintonía con los principios, las actuaciones políticas deben ser limpias y hasta ejemplares. Pero no es el caso de Boric, al menos en relación a los indígenas mapuches de Chile, cuyos derechos bajo su gobierno siguen siendo violados y pisoteados y para los que ha resultado ser todo un fraude como presidente.
El bravo pueblo mapuche, comunidades nunca conquistadas por los españoles, fueron sometidos a finales del XIX a sangre y fuego por las oligarquías chilenas a través de criminales campañas militares denominadas cínicamente «Pacificación de la Araucanía”. Supuso la muerte para miles de ellos, el desplazamiento forzoso y la usurpación de territorios. En las últimas décadas los gobiernos pinochetistas y neoliberales quisieron asimilarles culturalmente, entregaron parte de sus tierras a transnacionales (como Endesa en la región del Bio Bio) y les reprimieron sin fin, pero se produjo un fuerte movimiento de resistencia indígena, de lucha por la propiedad de la tierra, el reconocimiento de sus organizaciones y el ejercicio de la justicia y cultura indígena.
Para intentar dominarlos, el ultraderechista y ladino Sebastián Piñera, el de los Pandora Papers, aplicó contra ellos el estado de excepción y decretó sin complejos la militarización de sus territorios en cuatro regiones del sur tratando a los mapuches como a terroristas, lo cual trajo conflictos policiales, violación de derechos humanos, cárcel y muertos. Pero era derecha y pinochetista.
Pero Gabriel Boric, el primer impugnador de Maduro como presidente, en la campaña electoral de 2021 prometió que acabaría por fin con la militarización de los territorios indígenas. A los ocho meses de su reinado visitó el Walmapu (Araucania) y se comprometió a dialogar con ellos desde el Estado y a devolver al pueblo mapuche las tierras arrebatadas hace 150 años, hoy en manos de capital privado nacional o extranjero, prometiendo acabar con un conflicto histórico del Estado chileno contra este pueblo cuyos derechos eran violados siempre.
La realidad es que dos años después ha hecho todo lo contrario, y el repartidor de lecciones de democracia mintió a los comuneros y a la sociedad chilena como un bellaco. Su política deshonesta contra el pueblo mapuche es la historia de una infamia. Al igual que en tiempos de Pinochet, impulsó un nuevo estado de excepción ya en vigor injustificadamente dos años, y ha militarizado más la zona multiplicándose los conflictos, las muertes, las detenciones. La derecha y los empresarios están encantados y aplauden con las orejas las nuevas leyes represivas aprobadas por el gobierno Boric: ley de gatillo fácil, ley de usurpación y ley de control de armas.
Un escándalo, porque estas leyes no son herencia de la dictadura, son vergonzosas y genuinas de Boric. La ley de gatillo fácil confiere más atribuciones represivas a la policía militarizada y favorece el uso de armas letales contra los indígenas. La ley de usurpación se aplica a las comunidades en lucha por sus territorios acusando a los propios mapuches de ser usurpadores de sus propios territorios. La de control de armas da nuevas atribuciones a la seguridad del Estado para tratar al pueblo mapuche como una organización terrorista y acusada su resistencia popular de ser crimen organizado.
Al racismo existente en el sistema judicial y militar chileno, la persecución penal de los comuneros mapuches ha multiplicado los presos políticos, en plena democracia. Decenas han sido encarcelados en prisión preventiva, sin juicio ni pruebas. Héctor Llaitu, ha estado a punto de morir tras casi 90 días de huelga de hambre. La comunidad internacional debe exigir a Boric la libertad inmediata de todos los presos políticos y la derogación de las leyes represivas. La historia será muy severa con Boric en este tema.
El exigidor de actas no parece muy pulcro ni muy demócrata en su nulo respeto a los derechos humanos en el Walmapu, y hay que decirle que esta actitud es intolerable, pues no hay izquierda sin respeto a los derechos humanos. Por solidaridad con la justa causa mapuche no podemos tolerar que esto continúe. Los diputados de Izquierda Unida en el Congreso son los únicos que se han adherido a un comunicado público de denuncia que ha sido firmado por muchas organizaciones y entregado al embajador de Chile por el que esto firma, como responsable de Política Internacional de IU y siendo acompañado de compas de las secretarías de Internacional de UGT, CC.OO., Paz Ahora y la Coordinadora de Apoyo al Pueblo Mapuche Trawunche.
Gabriel Boric: ¡acaba con esta infamia!
¡Libertad para los presos políticos! ¡Desmilitarización del Walmapu!
